Asens considera que la situación actual es alarmante y que el retroceso en derechos y libertades no sólo afecta a Catalunya, sino también al resto del Estado.
Desde hace meses, los comunes, liderados por Xavier Domènech, vienen reclamando un frente en Catalunya en favor de los derechos civiles y libertades públicas en Catalunya, en contra de la aplicación del 155 y en busca de una solución política al conflicto catalán a través de un referéndum pactado con el Estado.
Este amplio sujeto político y social ha confluido en las calles catalanas durante los últimos meses en varias ocasiones: durante las manifestaciones de condena de las detenciones de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, por ejemplo, o durante el propio 1-O, cuando dos millones de personas votaron en el referéndum. Un referéndum que para los independentistas, en aquel entonces, debía tener unos resultados vinculantes, mientras que, para los comunes, era una movilización social.
Sin embargo, esta unidad de acción en la calle que se veía en algunas respuestas a las actuaciones judiciales, policiales y del Gobierno del PP, se rompía cuando las fuerzas independentistas ahondaban en su estrategia unilateral, mientras que desde Madrid se optaba, cada vez más, por la mano dura.
Las cosas han cambiado mucho desde entonces. Las reclamaciones políticas sobre un futuro referéndum pactado con el Estado han quedado de lado, mientras que toman más relevancia las peticiones contra la represión que el Gobierno del PP y el aparato judicial están desarrollando sobre líderes políticos y sociales catalanes.
El pasado sábado, en lo que debería haber sido la segunda vuelta del Pleno de Investidura de Jordi Turull, suspendido por su encarcelamiento el día previo, en su turno de palabra, Domènech volvió a incidir en esta idea: llamó a formar un «frente democrático de la lucha por los derechos y libertades» en Catalunya que «políticamente debería ir desde la CUP, como mínimo, hasta el PSC».
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El president del Parlament, el republicano Roger Torrent, recogía el guante. El pasado sábado, tras este Pleno, en una declaración institucional, anunciaba que comenzaría una ronda de contactos con fuerzas políticas y sociales para llegar a amplios acuerdos que hicieran frente a la represión del Estado.
El domingo por la noche, Torrent volvía a dirigirse a la ciudadanía tras la detención de Carles Puigdemont en Alemania y volvía a referirse a este tema pidiendo la creación de un «gran frente social y democrático por la defensa de las libertades y los derechos del país que tenga traducción en la sociedad civil y que pueda cristalizar en las instituciones». Anunciaba también que iniciaba contactos con partidos, sindicatos, entidades y organizaciones relevantes.
Sin embargo, la presión en la calle tras la detención de Puigdemont hace tambar esta idea. Buena parte del independentismo apuesta por forzar una investidura de Puigdemont, lo que excluye a este acuerdo con comunes y también sindicatos mayoritarios. El independentismo se debate entre la ‘vía Puigdemont’ o el posibilismo de formar un Govern de amplios apoyos.
De todo este tema, hablamos con el concejal y coportavoz de Barcelona En Comú en el Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Asens (Barcelona, 1972), responsable municipal del Área de Derechos de la Ciudadanía, Participación y Transparencia. Asens, abogado penalista y fiel defensor de los Derechos Humanos en su trayectoria profesional, considera que la situación actual es alarmante y que el retroceso en derechos y libertades no sólo afecta a Catalunya, sino también al resto del Estado.
Doménech, el pasado sábado, en el Pleno del Parlament, pedía un frente democrático desde la CUP hasta el PSC en lo político y desde CC OO y UGT hasta Òmnium Cultural en lo social. ¿Qué opinión le merece esta petición?
Necesitamos un frente democrático ante la deriva represiva y autoritaria que estamos viviendo, necesitamos que este frente sea lo más amplio posible. Veo difícil que el PSC se sumara a eso. Con los Derechos Humanos no hay medias tintas. O se está a favor o en contra. En cambio, el PSC ha priorizado sus intereses de partido con la mirada puesta a Ciudadanos. Ellos mezclan a menudo la cuestión sobre el independentismo con la cuestión humanitaria o de Derechos Humanos como el acercamiento de los presos o el apoyo a los familiares.
Utilizar el comodín del independentismo para esquivar la cuestión de los derechos humanos es una trampa maniquea. Sea a como sea, necesitamos un frente de defensa de la democracia y los Derechos Humanos con ellos o sin ellos. En los momentos de crisis, cuando Catalunya ha sido fuerte es cuando las fuerzas democráticas y progresistas se han unido, pasó en los años 30 y también en los 70.
Pedimos, de alguna manera, volver al espíritu de la Assemblea de Catalunya de los 70 contra el franquismo. Volver a la idea del PSUC de construir ‘un sol poble’, tejer complicidades, ir a aquello que nos une y no nos separa, hemos acumulado muchas derrotas y es un momento de dejar de lado posiciones partidistas. Estamos viviendo una recesión en Derechos Humanos: secuestro de libros, censura de exposiciones, persecución a cantantes. Hay un retroceso en el espíritu del tiempo, en el ambiente democrática a raíz de lo de Catalunya, pero también en el resto del Estado.
La idea es sacar el conflicto político de la esfera judicial en la que lo ha metido el Gobierno a través de la Fiscalía, delegando en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, dos órganos claramente conservadores y estrechamente vinculados al poder político. Ahora mismo, la realidad política en España pivota a través de este proceso judicial. El Supremo se ha convertido en el principal guionista de la política española, marca los ritmos y desde el despacho del juez Llarena se pretende decidir quién puede o no ser el president de la Generalitat.
No había pasado nada parecido desde épocas muy oscuras. Se ha llevado a cabo una aplicación que no es constitucional del 155, que recupera la idea de Fraga que fue excluida del debate constituyente y no sólo esto, se mete en prisión a miembros del Govern y del Parlament y otros se han tenido que ir al exilio. Se recupera la idea de Bertolt Brecht de que el gobierno elige al pueblo y no el pueblo al gobierno.
En esto el PSOE ha jugado un papel muy importante. El PSOE ya subordinó el artículo 135 de la Constitución a los acreedores y eso supuso la ruptura del pacto social, ahora ha participado en la ruptura del pacto territorial apoyando el 155. Primero hizo presidente a Rajoy en España y luego lo hizo en Catalunya, cuando el PP aquí no saca ni el 5% de los votos. El PSOE ha traicionado las promesas con las que Pedro Sánchez se ganó el favor de las bases frente el aparato: plurinacionalidad, mayor proximidad con Podemos y oposición real al PP. En verdad, ha ido en la dirección contraria y se ha convertido en un partido subalterno que parece ha traslado su sede a Génova 13.
¿La detención de Puigdemont y la voluntad de algunos sectores del independentismo de continuar en la vía de investirle president puede perjudicar esta iniciativa del frente común?
Son dos cuestiones diferentes. Ellos plantean un gobierno republicano de los partidos independentistas. Nosotros les pedimos que tras tres meses deben investir ya un gobierno efectivo, porque es la mejor manera de recuperar el auto-gobierno y defender los derechos y libertades. Si las tres fuerzas independentistas quieren componer un Govern, tienen los números y están en su derecho. Si necesitan del apoyo de los comunes, se podría entrar a valorar, si se diera el caso, de momento no se ha dado. Domènech en campaña lo dejó claro, no investiremos a un presidente de una fuerza de las derechas como JxCat.
Otra cosa es el frente antirrepresivo. Podría trasladarse al Govern, pero no tiene por qué. Una cosa es la esfera gubernamental y otra la esfera social. De hecho, nosotros ponemos el Ayuntamiento a disposición de este frente y estamos dispuestos a liderarlo en la línea de lo que dijo Roger Torrent en su comparecencia. Se trata, en cierta medida, de volver al sujeto social del 1-O cuando mucha gente defendió las escuelas aunque no fuera independentista en un momento de auto-organización ciudadana inaudito en Europa. La defensa del derecho a decidir, de la democracia y las libertades tiene un apoyo mucho mayor que el estricto independentismo.
Hemos visto cómo desde ERC, especialmente, se están mostrando beligerantes con el gobierno de Colau en temas principales como la unificación del tranvía y los presupuestos. Usted dice que ponen el Ayuntamiento a disposición de este frente. ¿Un acuerdo con ERC de cara a combatir la represión del Estado en el plano catalán podría llevar a posteriores acuerdos en materia municipal en Barcelona?
Es un momento excepcional como para intentar encontrar los mayores ámbitos de entendimiento entre las fuerzas progresistas en todos los ámbitos de gobierno. Eso pasa por constituir un bloque de ruptura democrática que supere los viejos recelos entre el mundo independentista y los comunes. En Barcelona, eso no se ha producido hasta ahora, a diferencia de en Badalona u otras localidades donde los comunes gobiernan con la CUP y con ERC.
En Barcelona tenemos problemas de entendimiento importantes con la ERC de Alfred Bosch. En su momento se negó a entrar en el gobierno municipal, donde siempre ha tenido la puerta abierta, y prefirió hacer un bloque de oposición con Convergència. Hace una oposición muy personalista. Cree que gobernar con nosotros le hace perder votos y prioriza intereses de partidos a los intereses generales, la prueba más recurrente es la posición que ha defendido con el tranvía.
Esa voluntad de romper puentes de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona ha hecho que se hayan enfriado las relaciones entre ERC y Barcelona En Comú. Creemos que por el bien del país y de la ciudad tendríamos que superar esas opciones partidistas y poner por delante lo que nos une. Para nosotros es muy importante la cuestión social y generar espacios de debate constituyente donde se puedan hacer aflorar los anhelos propios de un proceso de definición de una comunidad política. Eso lo compartimos con la CUP y ERC, igual que compartimos hacer un frente de oposición contra la ofensiva recentralizadora del PP.
Tenemos suficientes cosas en común como para buscar espacios de entendimiento. Estamos en un momento parecido a los años 30, siempre hago ese paralelismo. Los dos bloques de ese momento, los republicanos y catalanistas, se pusieron de acuerdo ante el autoritarismo de la dictadura de Primo de Rivera. Eso hizo que apareciera ERC, que fue hegemónica en ese momento, y que se firmara el Pacto de San Sebastián con las fuerzas progresistas de todo el Estado.
Creo que hace falta algo parecido a un Pacto de San Sebastián, en esta ocasión contra el Régimen del 78. Tenemos que reconocernos y ayudarnos mutuamente. Nosotros, como decía Companys, creemos que el cambio en Catalunya no será posible sin un cambio en el resto de España y viceversa. Eso también lo decía Joan Comorera, del PSUC, decía durante la Guerra Civil que Catalunya no sería libre si el fascismo vencía en España.
Creo que, salvando las distancias, pues el contexto no es el mismo, tenemos que hacer algo parecido. Tenemos que juntar las fuerzas que combaten al Régimen del 78 que se asienta en el franquismo. Nos diferenciamos de aquellos independentistas que creen que España es irreformables. Reconocemos que hay una España vieja, caciquil, que quiere helarnos el corazón, la España de «a por ellos», del «más dura será la caída». Pero hay otra España, una joven, laicista, plurinacional, representada en las ciudades del cambio. Esa España tiene más fuerza que nunca y hay que darle espacio e intentar que dure.
En este sentido, ¿deben en este frente involucrarse organizaciones sociales y fuerzas políticas del resto del Estado? ¿Qué le pide a sus socios de Podemos, IU y otras fuerzas del cambio?
Le diría a toda nuestra gente del resto del Estado que hay mucha gente en Catalunya que quiere separarse de España, pero de esa España vieja que decía antes que tiene una visión nacionalista y represora.
Ahora es un momento en el que esperamos que esa España joven y del cambio despierte de un cierto letargo en relación a Catalunya. Que no vea lo que pasa aquí como algo en contra de ella, sino como una oportunidad de cambio, de proceso constituyente desde la periferia. Igual que hay movilizaciones en Alemania y en Bélgica, también en Euskadi, deseamos que, como pasó con el referéndum, Madrid y otros territorios se solidaricen con Catalunya.
Un buen espejo pueden ser las redes que hemos tejido desde el municipalismo, con ciudades del cambio como Cádiz, Madrid, Valencia, Pamplona, Zaragoza, A Coruña… En materia de acogida de refugiados, de lucha contra la impunidad franquista o en intercambios que marcan un antes y un después en transparencia. Queremos que fluya la idea de que defender otra Catalunya es defender otra idea de España. Lo que está en juego en Catalunya es un proyecto alternativo para el resto de España.