Durante el mes de mayo, un abogado miembro de una importante Corporación de derechos humanos colombiana realizó una gira por toda Europa. Como todos los defensores de DDHH que decidieron apoyar a las victimas de los paramilitares y denunciar la política del Presidente Alvaro Uribe, esta organización como sus miembros son regularmente amenazados [i] . […]
Durante el mes de mayo, un abogado miembro de una importante Corporación de derechos humanos colombiana realizó una gira por toda Europa. Como todos los defensores de DDHH que decidieron apoyar a las victimas de los paramilitares y denunciar la política del Presidente Alvaro Uribe, esta organización como sus miembros son regularmente amenazados [i] . Por esta razón, hemos preferido no mencionar el nombre del entrevistado. Esta conversación se llevó a cabo unas semanas antes de la reelección de Alvaro Uribe [ii] . La situación que describe permite entender la situación actual de Colombia y la política del – ahora reelecto – Presidente Uribe.
¿Nos puedes presentar el trabajo de tu organización?
Yo soy un abogado que representa a una ONG encargada de velar por la denuncia y promoción de los derechos humanos. Esta corporación surge cuando varios abogados de diferentes universidades ven la necesidad y la importancia de implementar un trabajo jurídico en pos de garantizar el debido proceso a personas que están privadas de la libertad por razones políticas. En un comienzo la corporación es un colectivo de abogados encargado de la defensa penal de personas detenidas por sus convicciones o su militancia política. Como la situación de derechos humanos en nuestro país viene en franco deterioro, la dinámica de la corporación fue creciendo y fue así como a la tarea inicial de defensa de los presos políticos, empezamos a realizar trabajos de acompañamiento a comunidades que venían siendo atacadas – o de alguna manera venían vulnerándose sus derechos – por acción u omisión de agentes estatales o para-estatales. Este acompañamiento lo venimos realizando en varias regiones. Es de notar que la corporación en sus inicios tuvo un papel protagónico apoyando a un comité local de derechos humanos, pero por la represión oficial que implicó el asesinato de uno de sus lideres, consideramos que no habían condiciones y nos tuvimos que retirar del trabajo que se venia realizando.
En la actualidad nuestro trabajo es de acompañamiento a comunidades, donde hemos ido ampliando el espectro. Toda vez que allí por acción del conflicto que vive nuestro país se presentan fenómenos de no sólo desplazamiento masivo de población, de masacres, que son asesinatos colectivos a campesinos y a lideres de la comunidad, sino también bloqueos, bloqueos de tipo alimenticio, y bloqueos en el área de salud, pues los agentes estatales – fundamentalmente el ejercito nacional y en algunos casos grupos paramilitares en connivencia con los anteriores – impiden que a estas comunidades rurales muy alejadas, lleguen asistencias en salud y en alimentación.
La corporación ha tratado de oponerse a este bloqueo haciendo acompañamientos que a su vez son respaldados por misiones internacionales, como las brigadas de paz o la cruz roja internacional o la oficina permanente de Naciones Unidas. Adicionalmente, otro eje de trabajo desarrollado es adelantar demandas administrativas, es decir demandar a la nación colombiana ante instancias nacionales e internacionales en aras de obtener para las victimas verdad, justicia y reparación. A grosso modo esta es la actividad de nuestra ONG, la cual depende del financiamiento internacional, que nos brindan los recursos para realizar nuestro trabajo.
Hablemos ahora del contexto en el cual se desarrolla esta actividad: últimamente, se ha hablado de una nueva ley que implementó el presidente Álvaro Uribe, la Ley de «Justicia y Paz». ¿De qué se trata esta ley?
Para hablar de la ley de «Justicia y Paz», hay que hablar un poco del fenómeno del paramilitarismo. Este surge en Colombia muy ligado al narcotráfico entre finales de los 70 y principios de los 80, donde grandes barones, terratenientes y personas de la burguesía consideraban amenazados sus bienes y sus riquezas, por el accionar de los grupos insurgentes. Es así como se comienzan a generar fenómenos de autodefensas como mecanismos para contrarrestar el accionar insurgente. Esto debido al fracaso total del Estado colombiano en procurar la derrota militar de la insurgencia, pues en el desarrollo de un conflicto de mas de 40 años, no ha habido resultados en el plano militar, y se ideó el mecanismo de establecer y crear estos grupos paraestatales para poder realizar un trabajo mucho más frontal y radical contra la insurgencia. Resulta que este accionar, que no tiene control porque no hace parte del Estado, empezó a realizar un trabajo sucio en contra de las comunidades y las poblaciones donde había presencia insurgente. Es así que la confrontación se dio no sólo contra la insurgencia, sino también y fundamentalmente contra la población donde había influencia y/o presencia insurgente. Esto conllevo un deterioro absoluto en los derechos humanos y fundamentales de vastos sectores de la población colombiana, porque por el accionar de los paramilitares empezaron a haber crímenes de lesa humanidad sin precedente en el conflicto colombiano. Es así como en vastas regiones se cometieron masacres a pobladores que no tenían un vínculo directo con la insurgencia, sino que su «pecado» era habitar en regiones donde había algún tipo de influencia guerrillera. Los crímenes se cometieron de diferentes maneras, no solamente asesinatos, torturas, desapariciones, desplazamientos forzados, secuestros; crímenes de lesa humanidad de todo tipo que agudizaron el conflicto colombiano. Adicionalmente los grupos paramilitares, en algunas zonas, operaban en connivencia con grupos de militares y policiales estatales. Estos grupos tienen mucho respaldo de sectores de la burguesía, de terratenientes, de sectores ganaderos e industriales.
En la actualidad, el presidente Uribe esta adelantando un proceso de negociación con estos grupos. Las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones populares consideramos que es un proceso que se está dando de manera bastante irregular, me explico: a los grupos paramilitares se les está dando estatus de grupo político beligerante, esto termina siendo un desacierto porque los grupos paramilitares no pueden tener estatus político en el entendido de que no son organizaciones que confrontan al Estado, ya que trabajan al lado de él. Así, bajo muchas presiones y mucha corrupción, se adelantó en el Congreso una ley denominada ley de «Justicia y Paz», a través de la cual se pretende realizar un proceso de negociación con estos grupos, reconociéndolos como un actor armado. Esta negociación se ha hecho con mucha critica de la comunidad internacional porque a un proyecto inicial se le realizaron innumerables modificaciones y terminamos con la actual Ley de «Justicia y Paz», que permite no sólo el perdón y el olvido de los crímenes de lesa humanidad cometidos por los paramilitares, sino también se les desconoce el derecho a las victimas a que se haga justicia, verdad y reparación por los crímenes que estos actores han cometido a lo largo de su existencia.
Porque decimos esto, por que la ley que reglamenta estas negociaciones no establece como requisito para el perdón al paramilitar, que este haga confesiones de todos sus crímenes: el puede hacer una confesión parcial u omitir información sobre los crímenes que cometió y, no obstante eso, obtener los beneficios. Si se constata que este paramilitar omitió información importante simplemente se dice que se le olvidó, y que esto no lo hace perder los beneficios. La justicia se ve deteriorada, porque en un país donde crímenes mucho menores son juzgados con penas de 30 o 40 años, a los actores paramilitares, tanto a la base como a los comandantes, se les impone una sanción de entre 5 u 8 años que finalmente termina siendo irrisoria. Y nos es que consideremos que la reparación deba pasar por penas de muchos años de prisión, pero si consideramos que deben haber unos mínimos derroteros para garantizar el postulado de justicia. Y con respecto a la reparación, esta es aun mas menguada, pues los paramilitares no están obligados a restituir los bienes y las riquezas que han conseguido a lo largo de su accionar delictivo, que se han hecho de grandes extensiones de tierra muy ricas y productivas.
Entonces consideramos que los criterios mínimos de derecho internacional de reparación, con esta Ley de «Justicia y Paz» no son cumplidos. Cabe notar que no es una oposición en si para una negociación con los grupos paramilitares, ya que para un país como Colombia tan desangrado y tan victima de la violencia, se le podría dar la bienvenida sin ningún problema, porque más que el reconocimiento del paramilitarismo como un actor político o el anhelo de justicia en un proceso de negociación, es ver que estos grupos queden realmente desmantelados. Y con mucha preocupación vemos que no obstante el gobierno se ufana al decir que ha desmovilizados a 30.000 paramilitares: esta es una cifra absurda, porque el paramilitarismo nunca llegó a esos niveles. Es cifra sólo quiere decir que están aprovechando para blanquear el narcotráfico, porque el vinculo entre paramilitares y narcotráfico es absolutamente claro, ya que los mismos paramilitares reconocen que es su forma de financiación. Estos reconocen que el financiamiento del narcotráfico es del orden del 70%. Entonces la cantidad de personas que el gobierno esta mostrando como desmovilizadas, muestra que el narcotráfico está aprovechando este proceso para blanquear sus dineros y sus crímenes, ante Colombia y los Estados Unidos.
Cabe notar que si bien durante el Gobierno de Uribe, es cuando más colombianos han sido extraditados a Estados Unidos, ningún paramilitar ha sido extraditado, a pesar de ser reconocidos sus vínculos e incluso ser verdaderos narcotraficantes, y además ser solicitados en extradición por Estados Unidos. No obstante, si se han entregado algunos comandantes guerrilleros como es el caso de Simón Trinidad. Es por esta razón que las organizaciones sociales en Colombia y también las organizaciones internacionales que hacen monitoreos de manera constante en nuestro país, afirman que el fenómeno del paramilitarismo no ha desaparecido. Sino que continua bajo otras denominaciones, como compañías de vigilancia, organizaciones de convivir, etc. Por ejemplo en Medellín, existen estas organizaciones que se llaman de «convivir», que no es otra cosa que el paramilitarismo renombrado.
Esto es bastante grave ya que el proceso de desmovilización generó mucha expectativa no sólo en Colombia, sino en la comunidad internacional, ya que la comunidad europea no sólo le está apostando desde un punto de vista político sino también económico. Por lo tanto creemos que una exigencia mínima debe ser que este fenómeno desaparezca de la esfera colombiana.
Sabemos que vienen elecciones presidenciales a fines de mayo y se avizora una posible reelección de Uribe [iii] : ¿si esto sucediera cual sería el panorama de una eventual negociación política de paz en Colombia?
Vemos con mucha preocupación las próximas elecciones presidenciales, y las que acaban de pasar para renovar el legislativo del país, pues constatamos que la abstención sigue creciendo, ya es del orden del 60%. De todas maneras Uribe es un hombre muy hábil política y electoralmente. Es un barón electoral de toda la vida, primero en la región de Antioquia y en la ciudad de Medellín, ocupó un puesto en el senado y posee mucha experiencia político electoral. Entonces vemos con mucha preocupación que durante su gobierno se modificó la constitución para permitir una reelección presidencial. Esta figura había desaparecido de la constitución para evitar los casos de corrupción, porque no se consideraba sano que en un país con tantos índices de corrupción como Colombia, el gobierno en curso tuviera la posibilidad de participar en las próximas elecciones. Sin embargo este gobierno con mucha habilidad política y bajo muchas denuncias de corrupción, implementó una reforma a la constitución para permitir una reelección presidencial inmediata. Con mucha presión al poder judicial y al legislativo, incluso se sabe perfectamente el caso de corrupción y soborno a dos congresistas para que el día de la votación no estuvieran presentes en la votación y así la ley pasara.
Frente a esto pensamos que habrá un triunfo arrollador de Uribe, ya que muchos partidos de derecha hacen su campaña, no obstante denuncias serias de corrupción por parte de un ex jefe de inteligencia del departamento administrativo de seguridad de la policía, donde se señala que en las elecciones pasadas, en la costa atlántica se presentaron 300 mil votos adulterados a favor de Uribe, para permitir que este ganara en la primera vuelta. No obstante esto y la situación de derechos humanos en el país, su imagen se mantiene en apariencia bastante limpia pues los medios de comunicación lo apoyan, además de ser un buen candidato de la derecha y la ultraderecha colombiana. Vemos un panorama bastante oscuro, pues será un periodo de continuidad en materia de seguridad, de derechos humanos, de política económica. Se ve venir más guerra, más «seguridad democrática», que es su adalid, incrementar más las relaciones con EE.UU. en el plan militar y todo esto en desmedro de los derechos fundamentales, de enrarecer más las relaciones con los países vecinos, alejarse más la posibilidad de acuerdo con los grupos insurgentes. Pues mientras de un lado la relación con el paramilitarismo ha sido de connivencia y generosidad, con la insurgencia ha existido un total rechazo de acercamiento o negociación, al punto que Uribe ha dicho que en Colombia no existe un conflicto armado.
Ante la posible reelección tememos la intensificación del conflicto por la reticencia del gobierno a cualquier tipo de negociación. Adicionalmente, las FARC han dicho que mientras el gobierno continúe en manos de Uribe Vélez, no realizarán negociaciones con este. Entonces los secuestrados por las FARC probablemente no van a recobrar su libertad porque este gobierno no quiere ni siquiera considerar el intercambio humanitario de presos políticos por retenidos de la insurgencia.
En Francia, el caso de Ingrid Betancourt ha sido muy mediatizado por los medios de comunicación. La presentación de este caso ha ido a la par de una condena muy fuerte hacia las FARC como principales responsables de esta situación de atentados a los derechos humanos. ¿Cuál es tu visión?
El caso de Ingrid Betancourt es bastante conocido no sólo en Europa sino también en Colombia, ha sido un caso bastante emblemático y significativo. Ella es una figura pública y su detención y retención por las FARC han tenido un impacto bastante importante. De todas maneras no podemos olvidar que los únicos que secuestran en Colombia no son las FARC. Las Autodefensas, el Ejército de Liberación Nacional, otros actores armados también hacen retenciones o secuestros, al igual que la delincuencia común. Obviamente la retención de Ingrid Betancourt por parte de las FARC tiene todo un componente a nivel del derecho penal y de la criminalidad, pero nos encontramos en contraposición con la actitud tozuda y testaruda del gobierno que se niega a abrir la posibilidad de acuerdos y acercamientos para menguar en algo el sufrimiento de las victimas y de los familiares, que están en la actualidad en las cárceles del sistema, sindicados de pertenecer a organizaciones insurgentes, secuestrados por los grupos armados y que no han podido volver a sus hogares.
Entonces hay distintas aristas, ya que no sólo está el hecho de la retención de Betancourt y de otras personalidades o de soldados, pero también es una realidad la existencia de una propuesta de intercambio humanitario de parte de los insurgentes, que muchos sectores, incluso de la derecha colombiana avalan, y que el gobierno de Uribe ha querido desconocer tajantemente.
Como militante de derechos humanos, que en estos momentos realizas una gira por Europa: ¿Qué esperas de la comunidad internacional, específicamente de las asociaciones de derechos humanos altermundialistas, para ayudar a la situación en Colombia?
Como defensor de derechos humanos hemos visto que una de las cosas que más impacto tienen, y que se traducen en resultados más concretos es la presión internacional, no sólo de gobiernos extranjeros sino de organizaciones internacionales que reclaman y demandan del gobierno compromiso en materia de derechos humanos. Por eso es muy importante que a nivel internacional se concientizen que en Colombia el problema no son sólo las FARC o una coyuntura electoral determinada, sino un problema mucho más complejo, mucho más endémico y mucho más estructural. Necesitamos un mejor conocimiento de la problemática colombiana para que se puedan hacer pedidos más concretos en materia de derechos humanos, por más compromiso y más responsabilidad del gobierno. Porque el gobierno – que necesita tanto de la cooperación internacional – es muy sensible a la critica y a la exigencia internacional cuando se trata de derechos humanos. Cuando la comisión interamericana de derechos humanos hace requerimientos al gobierno este da respuestas, porque es la comunidad internacional la que está realizando la petición. Es muy importante el apoyo internacional, porque es una de las pocas posibilidades que tenemos para que haya un verdadero compromiso en materia de derechos humanos.
[i] Ver http://www.rebelion.org/noticia.php?id=33209
[ii] Ver http://www.rebelion.org/noticia.php?id=32301
[iii] El 28 de mayo 2006, los electores colombianos reeligieron a Álvaro Uribe, con 7.363.297 votos (62% de electores), pero con una histórica abstención, 55%. Carlos Gaviria, candidato del Polo Democrático Alternativo, obtuvo la segunda votación con 2.608.914 sufragios (más del 22%) rompiendo el récord histórico de la izquierda en unas elecciones presidenciales.