Atraviesan Colombia grandes proyectos hidroeléctricos como el de «El Quimbo» (Huila) a cargo de Emgesa (grupo Enel); Sogamoso (Santander), promovido por la estatal Isagen, actualmente controlada por el fondo de inversión canadiense Brookfield Asset; o el de Ituango (Antioquía), previsto para 2018, el mayor megaproyecto hidroeléctrico de la historia colombiana que construye la sociedad «Empresas […]
Atraviesan Colombia grandes proyectos hidroeléctricos como el de «El Quimbo» (Huila) a cargo de Emgesa (grupo Enel); Sogamoso (Santander), promovido por la estatal Isagen, actualmente controlada por el fondo de inversión canadiense Brookfield Asset; o el de Ituango (Antioquía), previsto para 2018, el mayor megaproyecto hidroeléctrico de la historia colombiana que construye la sociedad «Empresas Públicas de Medellín». Buena parte de la electricidad producida en Colombia se exporta, cuando más de un millón de personas carecen de servicio eléctrico. Ésta es una de las razones por las que las organizaciones populares han criticado estas macroiniciativas. Otros motivos son las violaciones de los derechos humanos, los daños ambientales, los desplazamientos de población campesina y la explotación de la mano de obra empleada.
¿Qué ocurre con quienes se oponen al actual estado de cosas? Según el Programa No Gubernamental «Somos Defensores», 113 defensores de los derechos humanos resultaron víctimas de algún tipo de agresión en el primer trimestre de 2016. Se han registrado entre enero y marzo 19 asesinatos y 81 amenazas, señala el informe. Encaja en el perfil Alexandra Bermúdez Osorio, quien ejercía -antes de verse forzada a abandonar el país- como responsable del área de Derechos Humanos del Congreso de los Pueblos (en representación de la Coordinación Nacional Mineroenergética). También participaba en la Corporación Aury Sará, dedicada a la formación de comunidades y trabajadores del sector mineroenergético. La activista fue objeto de seguimientos en Bogotá (sobre todo en el verano de 2015) por parte de la Policía Nacional, uniformada y de civil. No sólo le fotografiaron y le intervinieron las comunicaciones, sino que denunció hostigamientos y la entrada sin orden judicial en su apartamento. Constató que le sustrajeron información de su ordenador portátil. Ni la policía, ni la Fiscalía ni la Unidad Nacional de Protección del Ministerio del Interior le dieron respuesta. Se trasladó a Ecuador, donde permaneció tres semanas. En ese lapso, el activista del Congreso de los Pueblos que le acompañó en Bogotá para denunciar los seguimientos, fue secuestrado y sometido a malos tratos. «Estuvieron cinco horas dándole vueltas, torturándolo y preguntándole para quién trabajaba»; «Esto es habitual en Colombia», afirma Alexandra Bermúdez.
El desarrollo de la «locomotora» minera y los proyectos para la producción de energía puntean de conflictos el mapa colombiano. Entre otros, el ocasionado por la mina de carbón a cielo abierto «El Cerrejón», en La Guajira, que produce más de 32 millones de toneladas anuales destinadas a la generación de energía eléctrica. Participada por las transnacionales BHP Billiton, Anglo American y la suiza Xstrata, la empresa «Cerrejón» cifraba en un 44,4% (datos de 2014) su participación en las exportaciones globales de carbón colombiano. Las corporaciones «venden» la creación de empleo (12.000, sumados los directos y los generados por las contratistas). Sin embargo, Alexandra Bermúdez señala, además de la explotación laboral en la mina y por parte de las subcontratas, los centenares de casos de lesiones graves en la columna lumbar y las enfermedades pulmonares por la exposición a sustancias como la sílice. Con una superficie de 69.327 hectáreas en títulos concedidos de extracción, «El Cerrejón» es una de las mayores minas a cielo abierto del mundo.
El proyecto «El Cerrejón» ha tenido impacto en once resguardos y catorce asentamientos de los indígenas Wayúu, también sobre comunidades de colonos y afrodescendientes (uno de los casos más conocidos de expropiaciones y desalojos fue el de la comunidad afro de Tabaco, en 2001). Además de la batalla contra la contaminación de fuentes hídricas, el ruido de las explosiones en los tajos y la contaminación del aire, las comunidades batallan hoy contra el desvío (3,6 kilómetros) del arroyo Bruno, para extraer 40 millones de toneladas de carbón. Alexandra Bermúdez destaca efectos similares en otras iniciativas para la explotación carbonífera, como las de la multinacional estadounidense Drummond en el municipio de La Jagua de Ibirico (Cesar). Además, un informe publicado en junio de 2014 por la ONG holandesa Pax («El lado oscuro del carbón. La violencia paramilitar en la zona minera del Cesar», sobre el periodo 1996-2006) recoge testimonios que señalan contactos directos entre Drummond y las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). «Las AUC organizaron asesinatos con base en este contacto telefónico». Tres antiguos paramilitares y contratistas declararon a la ONG que en algunos casos la empresa dirigió las acciones del «Frente Juan Andrés Álvarez». Fruto de esta coordinación citan asimismo el asesinato de tres líderes sindicales de Drummond en 2001.
Otro capítulo destacado por Alexandra Bermúdez Osorio es el de la extracción del oro en minas a cielo abierto. Pone como ejemplo los intereses de la compañía AngloGold Ashanty, de origen sudafricano y con «operaciones» en 13 países. En Colombia destaca el proyecto «La Colosa», en el municipio de Cajamarca (Tolima), cuyos impactos son analizados al detalle en el informe «La Colosa: una muerte anunciada», de la Colombia Solidarity Compaign de Gran Bretaña (noviembre de 2013). Hace una década la ONG «Human Rights Watch» denunció que la AngloGold Ashanty había financiado a grupos paramilitares en el Congo; en 2011 Greenpeace le otorgó el galardón a la «empresa más irresponsable del mundo», por la contaminación de fuentes de agua potable en Ghana. Cuando la compañía presentó el proyecto de «La Colosa», en 2009, anunció una producción de entre 20 y 35 millones de toneladas anuales de mineral.
Todo se calcula en cifras exorbitantes. La AngloGold Ashanty ha realizado un «gran acaparamiento de títulos» para la actividad minera en Colombia, señala el informe de la ONG británica. En «La Colosa», las comunidades afectadas han denunciado que títulos de la multinacional se asientan sobre páramos, parques naturales y fuentes hídricas vitales. También se cuestiona el proyecto por los millones de toneladas de residuos que generará y los descomunales consumos de agua y electricidad. Otro ejemplo es el de la canadiense Eco Oro Minerals (antes Greystar Resources), que promueve el proyecto «Angostura» para la extracción de oro en el páramo Santurbán (Santander). Sin embargo, los planes de la compañía pueden torcerse por una sentencia (febrero de 2016) de la Corte Suprema de Colombia, que prohíbe la explotación minera de los páramos. Eco Oro Minerals ha anunciado, en un comunicado de prensa, la posibilidad de recurrir a un tribunal internacional de arbitraje si entiende lesionados sus intereses, en el marco del Tratado de Libre Comercio suscrito entre Colombia y Canadá.
Antes de participar en un acto organizado por la Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia, Alexandra Bermúdez señala la importancia de las petroleras. «La estatal Ecopetrol se ha ido privatizando, y las mayores concesiones las tienen las multinacionales». El vídeo de Michael Sean Gillard «Los soldados secretos de la BP» muestra la relación entre la British Petroleum, mercenarios, paramilitares y fuerzas de seguridad colombianas. Un sindicalista colombiano, Gilberto Torres, denunció a la BP ante los tribunales británicos por la supuesta complicidad de la petrolera en su secuestro y tortura ocurrido en 2002, según anunciaron en mayo de 2015 sus abogados y el diario «The Guardian». Estos modos de actuar se extienden a otras petroleras, como Repsol (hoy Repsol-YPF). La campaña «Colombia se desangra, Repsol se enriquece» informó en su día de las «operaciones» de Repsol en Arauca, en solitario, con la estatal Ecopetrol o con la multinacional estadounidense Oxy. La campaña criticó que esta empresa se beneficiara «sin escrúpulos» del desalojo forzoso de la población campesina e indígena que residía en el entorno de futuros campos u oleoductos. También denunció a la multinacional por el «debilitamiento de voces críticas», como la poblaciones indígenas U’was, Guahibas o líderes sindicales.
Mientras Colombia se oferta en el mapa global como territorio de «oportunidades», la representante del Congreso de los Pueblos destaca la relevancia del Proceso de Paz pero sobre todo la necesidad de «resolver el conflicto social y las múltiples violencias generadas». La violencia sociopolítica en Colombia data de los años 40, y es anterior al conflicto armado (las insurgencias se remontan a la década de los 60). Pero lo grave es que, hoy, se continúa perpetuando la lógica del «enemigo interno». Entre 2010 y 2016, los seis años de gobierno de Santos, «Somos Defensores» cifra en 365 los líderes sociales, dirigentes políticos y defensores de derechos humanos asesinados, principalmente por bandas paramilitares. En ese punto radica uno de los grandes problemas, opina Alexandra Bermúdez Osorio: «El gobierno colombiano no quiere reconocer la existencia de paramilitares, ya que se constataría el fracaso de las negociaciones desplegadas en tiempos de Uribe; hubo una desmovilización importante de los rangos altos y medios del paramilitarismo, pero muchos de los mandos medios y de la base continuaron». La razón, agrega la activista, «es que alguien tenía que quedarse con el negocio y continuar con el proyecto político». El exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso, reconoció que en las elecciones legislativas de 2002 un 35% de los diputados fueron elegidos con votos de zonas controladas por paramilitares.
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