Con la publicación el pasado 15 de septiembre del anteproyecto de un nuevo Código de las Familias, se inició en Cuba el proceso de consulta y debate de ese documento, con vistas a su posterior análisis en el Parlamento, redacción definitiva de la norma y votación en referendo.
En conferencia de prensa ese mismo día, el ministro de Justicia Oscar Manuel Silvera Martínez dijo que es importante que el texto se difunda y conozca. Es el resultado, dijo, del diagnóstico y las realidades de las familias cubanas, además de la práctica judicial del país.
«Este es un anteproyecto moderno, actualizado y revolucionario, por la manera en que aborda los avances del Derecho comparado en estos temas y su capacidad para adaptarlo al contexto cubano», consideró el ministro.
En su versión 22 y tras un largo e intenso proceso de elaboración, el anteproyecto propone cambios que abracan todas las instituciones familiares y protege, demás, las diferentes expresiones de la diversidad familiar.
El anteproyecto consta de 483 artículos y, entre otras novedades, reconoce las relaciones familiares que no se basan en la consanguinidad y privilegia los afectos como sustento de los vínculos familiares.
También actualiza instituciones jurídico familiares como el parentesco, la obligación de dar alimentos, el matrimonio, la unión de hecho, la valoración económica del trabajo en el hogar, la filiación en cualquiera de sus orígenes, las relaciones parentales y otras instituciones de guarda y protección de menores, adultos mayores y personas con discapacidad.
Igualmente, potencia la igualdad de género, amplía las variantes del régimen económico del matrimonio y la unión de hecho, desarrolla opciones de solución armónica de conflictos a través de la mediación familiar, incluye variantes protectoras frente a la violencia familiar y brinda soluciones a conflictos transnacionales derivados de las migraciones o de las relaciones entre personas cubanas y extranjeras.
En este anteproyecto aparece además como figura nueva la Defensoría familiar, por la cual se pueden hacer representar niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, adultas mayores, víctimas de violencia o cualquier otra en situación de vulnerabilidad en el ámbito familiar.
Se rige, además, por un principio según el cual todas las instituciones son para todas las personas, sin exclusión, por lo que reconoce el matrimonio y la unión de hecho afectiva como alternativas para vivir en pareja y familia, sin distinción por motivo de orientación sexual.
Con mira amplia en la protección de la pluralidad familiar, se trata de un texto que no limita derechos, sino que los amplía para todas las configuraciones familiares.
En esa línea, extiende las opciones de filiación, pues a la consanguínea y afectiva añade la filiación por reproducción asistida y socioafectiva, e incluye la posibilidad de variar el orden tradicional de los apellidos de hijas e hijos, así como la excepcionalidad de tener más de dos apellidos si existen más de dos vínculos filiatorios.
«No se trata de imponer modelos, sino de reconocer y proteger la diversidad que ya existe en la realidad cubana, atendiendo a los principios de nuestro sistema social laico e inclusivo y a los postulados constitucionales aprobados por la inmensa mayoría de la población en 2019», expresó Yamila González Ferrer, vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas de Cuba e integrante de la comisión que tuvo a su cargo la redacción del anteproyecto.
El ministro Oscar Manuel Silvera Martínez precisó en la conferencia de prensa que ahora comienza una amplia consulta a expertos y especialistas sobre el texto del anteproyecto, a la vez que se atenderán las opiniones y sugerencias que hagan llegar las personas interesadas.
En diciembre próximo, este anteproyecto se someterá al análisis de diputados y diputadas de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que finalmente aprobará el proyecto de Códigos de Familias y convocará a su discusión popular.
Con las opiniones y sugerencias derivadas de ese proceso, se conformará un nuevo proyecto que será discutido y aprobado por la Asamblea, antes de someterlo finalmente a referendo popular.