Aunque apenas conozco la realidad del sector del transporte, voy a intentar esbozar algunas reflexiones aceleradas. En primer lugar, debe constatarse que, por parte de los sindicatos amarillos, se insiste en que la huelga no se trata de una huelga, sino de un cierre patronal. Pero, por lo que parece, existen en el sector varias […]
Aunque apenas conozco la realidad del sector del transporte, voy a intentar esbozar algunas reflexiones aceleradas.
En primer lugar, debe constatarse que, por parte de los sindicatos amarillos, se insiste en que la huelga no se trata de una huelga, sino de un cierre patronal. Pero, por lo que parece, existen en el sector varias patronales, incluyendo a la gran patronal, furibundamente contraria a la huelga pero presente en las negociaciones para promover sus propios intereses, y a al menos tres pequeñas patronales, las convocantes de la huelga, que representan a las pequeñas y medianas empresas y sobre todo al conjunto de transportistas autónomos, que son a todos los efectos trabajadores a pesar de que jurídicamente no se les reconozca como tales debido a que poseen la propiedad (o más bien la hipoteca) de su medio de producción individual, el camión. Presenciamos, entonces, un singularísimo cierre patronal, dirigido, entre otros, contra la gran patronal, que pretende expulsar del sector a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores autónomos.
A continuación pueden examinarse los argumentos antiobreros postulados por el actual Gobierno neoliberal. Estos van desde que carece de competencias para aprobar las medidas que se le exigen, puesto que corresponderían a la Unión Europea, ese ente metafísico con el que ningún Gobierno dice tener ninguna relación, hasta que si se cede ante las demandas del sector entonces otros trabajadores plantearían reivindicaciones análogas e incluso se atreverían a hacerlo mediante la huelga: ¡qué malvados, menudo sacrilegio!
Si el Gobierno duda taimadamente acerca de sus propias competencias, hay que señalar que desde luego que tiene capacidad para modificar los impuestos, entre ellos la tasa especial sobre los hidrocarburos, y que no está claro que la legislación comunitaria impida la regulación de precios, sin duda la más prometedora de las reivindicaciones presentadas. Pero un Gobierno que se enfrenta con saña a los trabajadores, como es el caso, jamás dejará que la regulación de precios se ponga seriamente sobre ninguna mesa de negociación, y eso que curiosamente no tendría ningún coste sobre los presupuestos del Estado, esto es, favorecería objetivamente los intereses públicos. Imaginemos que se aprueba la regulación de precios en el sector del transporte; entonces los trabajadores que no pueden acceder a una vivienda o hacer frente al pago de sus hipotecas solicitarían la regulación de precios en el mercado inmobiliario. Qué insensatez, habrase visto, y además con coste cero para el Estado: por ese camino sin saberlo acabaríamos viviendo en un país en trance de convertirse en Corea del Norte.
No, un Estado neoliberal que se precie debe de negarse a negociar con los huelguistas, enviar a las fuerzas represivas a acabar con ellos y negociar exclusivamente con la gran patronal: sustentar el dumping ilegal que ésta practica contra el resto del sector, ofrecerles beneficios fiscales que asumen las finanzas públicas y por tanto que sufraga el conjunto de los trabajadores y reafirmar la unidad de España como bonus track mientras se anima a la selección en la Eurocopa. Por algo estamos en un Estado Social y Democrático de Derecho.
De esta forma, tal como predica el capitalismo triunfante, los problemas de los trabajadores no son sino problemas de carácter individual, pertenecientes al ámbito privado, y los perversos y lombrosianos huelguistas se comportan con desmesurado egoismo pretendiendo tomar como rehenes a la ciudadanía. Pues bien, cuando la clase trabajadora ve amenazada la supervivencia de sus propios puestos de trabajo, tiene el derecho moral a tomar cuantos rehenes encuentre a su alcance, y si estos insisten en autodefinirse como «ciudadanos» recubriéndose con una aureola de inocencia y ajenidad los huelguistas deberían, como mínimo, además de retenerlos, pintarles con spray en el coche algo así como «sois gilipollas», porque… joder, pues porque son gilipollas. Pero mantengo una (coyunturalmente escasa) cordura y sé que la consciencia de clase no ha llegado todavía a ese nivel de desarrollo por más que se trate de trabajadores en lucha descarnada por su supervivencia. Ni tampoco llegará, o si no ese día el discurso de la unidad de España se lo devolverían a hostias a los políticos profesionales los obreros, por ejemplo, de Burgos y Valladolid (y antes ganará la selección nacional iraní un mundial de fútbol que suceder tal cosa).
Abandono ya estas reflexiones que se aproximan por momentos a «ofender a casi todo el mundo», no sin antes decir que para lo que sí tienen competencias el Gobierno y la Unión Europea es para aprobar la jornada semanal de 60/65 horas. Y pensar que la jornada laboral de 8 horas diarias databa del siglo XIX… Ya somos modernos y flexisecuritarios. Oh oh oh.