Fernando Urruticoechea es interventor de profesión, encargado de supervisar si las contrataciones y el empleo del dinero público se ajusta a la ley. Una figura designada por el Estado, pero que orgánica y económicamente depende del alcalde de turno. Carecen de jerarquía y, por ello, no pueden denunciar a un órgano superior que se están […]
Fernando Urruticoechea es interventor de profesión, encargado de supervisar si las contrataciones y el empleo del dinero público se ajusta a la ley. Una figura designada por el Estado, pero que orgánica y económicamente depende del alcalde de turno. Carecen de jerarquía y, por ello, no pueden denunciar a un órgano superior que se están cometiendo delitos. Sus informes se quedan en la mesa del alcalde. Y si no son de su gusto, en la papelera. El bilbaino Fernando Urruticoechea es un importante fustigador y un destacado cruzado contra la corrupción en las administraciones públicas, declarado persona ‘non grata’ por los alcaldes a los que se han enfrentado a sus informes. Lleva dos décadas destapando en ellos las irregularidades cometidas en los Consistorios en los que ha trabajado-Galdakao, Sestao, Laredo, Ermua, Leganés, Castro Urdiales, Crevillent…- y su caso es sin duda el ejemplo más paradigmático del calvario que viven aquellos que desafían al poder. Cuenta que cuando llega a un ayuntamiento empieza a recibir botellas de vino. La anécdota ilustra todo un entramado corrupto de acoso, coacciones, amenazas, intereses y complicidades que se extiende a lo largo y ancho de la geografía. Su diagnóstico es rotundo y pesimista. «La corrupción no es un problema de Bárcenas, Urdangarines, Correas y cuentas en Suiza, es un problema de concejales y de brigadas de obra».
«El brigada hace chapuzas por la tarde, de forma privada, con material municipal. Y sus oficiales lo saben, pero callan porque luego ellos se llevan parte de los albaranes de la compra de esos materiales. A su vez, el aparejador de las oficinas técnicas también calla, porque se llevan su parte en los contratos. Sus superiores, los arquitectos, también callan, a cambio de tener mano para trabajar en privado pese a las incompatibilidades y sacarse un sobresueldo. Y el concejal de urbanismo, que sabe lo que hacen sus ingenieros y arquitectos calla, porque se lleva las comisiones. Una pirámide de degradación moral de las administraciones públicas» sostenida, durante años, con el silencio de una ciudadanía que, en el fondo, ignora el nivel de corrupción en la que está inmersa.
Ainhoa Alberdi, abogada y empresaria, que tuvo el coraje de destapar en el 2009 la trama corrupta en la que intervenían dirigentes del PNV de Araba, ha explicado en la Audiencia Provincial de Araba que a partir de ese momento sufrió un «veto» que le impidió acceder a nuevos contratos públicos, y que incluso padeció la rescisión de algún contrato que tenía vigente sin recibir «explicación alguna». La empresaria ha manifestado que, en un momento dado, una «persona política», le dijo que «durante muchos años mejor no hiciéramos el trabajo de presentarnos a concursos» públicos. Y esto es mafia, pero mafia dura, porque no se castiga administrativamente al delincuente sino a quien lo denuncia. Se revela la corrupción como arma administrativa.
«En todos los municipios donde ha habido urbanismo, crecimiento urbano y en todos los que tienen contratos de servicios importantes, como agua, basura o jardinería, sostiene Urruticoechea, nos encontraremos seguramente ante una trama mafiosa». ¿Y la Justicia? «En general, pertenece también a la trama de corrupción. Y además carece de medios. Cuando los asuntos pasan a altas instancias, se pierden».
El periodista y criminólogo Ahoztar Zelaieta, en su libro de 2017 «Euzkadi S.A. El gen corrupto del PNV», al igual que en «La casta vasca», «jóvenes burukides bizkainos» o en varios artículos publicados en la Revista Hincapié, así como antes lo hiciera en la memorable revista de investigación y denuncia «Ardi beltza» o «Kale gorria», cerrada por Garzón y la mano del PNV, mostrando y demostrando la profunda huella corrupta del PNV en los manejos de la hacienda pública, en contratos y sus mordidas en ayuntamientos y diputaciones tras 40 años de gobierno tejiendo tramas de intereses, clientelismo, fontanería y mafia: Lemoiz, las máquinas tragaperras, la Fundación Sabino Arana, Alfredo de Miguel y sus mordidas peneuveras en contratos públicos a cara descubierta, El Club ya descrito por Pepe Rey en su libro «El Jesuita»…
Y no queda a la zaga la sin duda gruesa mordida, en términos de verdad jurídica «presunta prevaricación», del Ayuntamiento de Bilbao en el caso antes Panera y ahora Amenabar (5000 m2 de autopista tramposamente autorizado como solar urbanístico, 72 millones de € al bolsillo, un solar que siendo público sigue registrado como privado), llevado a cabo envuelto en contradicciones, ilegalidades, obscena y plenamente conscientes tanto por parte del Alcalde Aburto como por sus concejales y gobierno y únicamente explicado desde la mordida pneuvera, porque a pesar de los escritos aclaratorios, documentos probatorios, mociones esclarecedoras, preguntas sin respuesta…, consecuencias graves que sin duda emanan del mismo para deterioro del urbanismo bilbaíno, la hacienda municipal y en contra de derechos ciudadanos…, siguen adelante con prepotencia, producto de una administración profundamente corrompida, con la colaboración de funcionarios sumisos.
También en el Ayuntamiento peneuvero de Bilbao, y de su alcalde Aburto, el bilbaíno Fernando Urruticoechea es especie a proteger por la ciudadanía del Botxo.
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