Naciones Unidas (28 de febrero 2005): «La situación de derechos humanos siguió siendo crítica. Hubo un aumento de denuncias de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la fuerza pública y a otros servidores públicos. Continuaron siendo altos los de torturas y desapariciones forzadas. Fueron notables las denuncias de detenciones y allanamientos sin los fundamentos jurídicos […]
Naciones Unidas (28 de febrero 2005):
«La situación de derechos humanos siguió siendo crítica. Hubo un aumento de denuncias de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la fuerza pública y a otros servidores públicos. Continuaron siendo altos los de torturas y desapariciones forzadas. Fueron notables las denuncias de detenciones y allanamientos sin los fundamentos jurídicos adecuados, por parte de miembros del Ejército y de la Fiscalía. También hubo casos de manipulación de pruebas y de testigos. La continuidad de los nexos entre servidores públicos y grupos armados ilegales, en particular paramilitares, se puso de manifiesto en varias denuncias en las que se atribuyó responsabilidad estatal por acción directa u omisión. Persistió la precariedad de la situación de los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente para los grupos y regiones más vulnerables del país, y en particular en cuanto al acceso, la disponibilidad, la permanencia y el goce de los derechos al trabajo, a la educación, a la salud, y a la vivienda.»
Zapatero: (30 de marzo 2005) «Sabe el presidente Uribe que España es un firmísimo aliado, en su titánica y ejemplar tarea por conseguir la paz, acabar con el terror, el narcotráfico, que solo producen dolor, muerte, destrucción y desesperanza para los pueblos»
Estimado señor presidente de gobierno
Hace poco usted se reunió con el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, y según las informaciones divulgadas después, expresó su apoyo a su política llamada ‘de seguridad democrática’. También la delegación española en Ginebra, durante las sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, ignoró totalmente los informes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de las diferentes organizaciones internacionales de DDHH. Con esa actitud obstruyen el trabajo y la función principal del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
Puede ser que usted no esté al tanto de la situación que vive Colombia, o sólo conoce lo que es divulgado como versión oficial por parte de los diferentes gobiernos colombianos. Lo puedo entender, existen muchos estados en el mundo, y usted no puede estar al tanto de la situación de todos. Pero en ese caso, expresar su apoyo a la política represiva de un presidente involucrado históricamente en el narcotráfico y la organización de los grupos paramilitares me parece poco seria. A no ser que usted, por encima de los derechos humanos de los colombianos, quiere cuidar en primer lugar los múltiples intereses económicos que tienen las multinacionales españolas en ese país, como son Telefónica, Repsol, los bancos BBVA y Santander, etc. Lo puedo entender, por que así funcionan normalmente los gobiernos de los estados occidentales que se basan en la hipocresía y la mentira.
Pero su obligación como jefe de gobierno, además de su compromiso electoral, es otro. Como jefe de gobierno, usted es el último responsable de la política exterior y de las exportaciones de armas. Estas últimas están sujetas a unas condiciones, como por ejemplo el Código de Conducta Europeo sobre el comercio de armas. En Colombia existe un conflicto armado, así lo consideran oficialmente las diferentes instituciones de NNUU, y se violan de forma sistemática los derechos humanos. Usted viola los compromisos básicos europeos al aprobar las exportaciones de armas españolas. Además, usted va en contra de su programa electoral, de la propuesta de Constitución europea y de la Directiva de Defensa Nacional, en los cuales explícitamente se somete la política exterior a los principios expresados en la Carta de NNUU. Usted no solamente defrauda a sus electores, sino, además, aplica una política exterior considerada ilegal en varios tratados y leyes al apoyar la política de represión de Uribe e impedir que NNUU haga su trabajo de forma eficaz en Colombia.
Su compromiso expresado en su programa electoral es doblemente violado con su actitud de apoyo al presidente Uribe: En cuanto a la política exterior, su programa electoral cuenta que: «Los derechos humanos son el fundamento del sistema de libertades sobre el que descansa nuestro ordenamiento constitucional. Deben conformar por tanto toda la actuación de los poderes públicos. Su promoción y respeto, así como la protección eficaz de quienes los defienden sobre el terreno, será de nuevo uno de los componentes esenciales de nuestra política exterior.» «Nuestros interlocutores deben saber que en sus relaciones con España este capítulo de la política exterior estará siempre presente.» Usted podría alegar que no estaba al tanto de la situación de Derechos Humanos en Colombia. Pero con ello rompe otra promesa electoral, la de la participación ciudadana: «La ciudadanía necesita de instrumentos y motivación para participar. Sólo abriendo las instituciones podemos generar una participación eficaz, sólo así podremos conseguir que la ciudadanía confíe en nuestra acción de Gobierno y colabore con nosotros en ella. Haremos de la participación ciudadana la norma de actuación de los poderes públicos.»
Si los Derechos Humanos realmente son «uno de los componentes esenciales», antes de emprender su viaje, usted podría (y debería) haberse reunido con las organizaciones que disponen de la información sobre ese tema, como son Amnistía Internacional o Brigadas Internacionales de Paz (que disponen de 40 observadores internacionales en Colombia). También podría leer uno de los centenares de informes que existen sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia, elaborados por organizaciones nacionales e internacionales, gubernamentales y no-gubernamentales.
Hace unas semanas, miembros del ejército asesinaron de forma brutal a 8 personas, incluidas niños de 18 meses, 6 y 11 años. Entre las personas asesinadas se encontraba uno de los principales líderes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. El presidente Uribe, en vez de ordenar una investigación exhaustiva, se dedicó a amenazar a la comunidad, acusándola de colaboración con la guerrilla. Además ordenó la militarización del casco urbano de la Comunidad, con lo cual obliga a sus habitantes a convivir con sus victimarios e impedir toda posibilidad de una investigación imparcial. La Comunidad, por haber sufrido ya durante 8 años la violencia constante de los paramilitares y de los militares, cuenta con una resolución de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de Costa Rica, que obliga al estado respetar su decisión de neutralidad frente a todos los actores armados y de brindarles protección.
El anterior caso no es único, sino forma parte de una estrategia global y sistemática del estado colombiano contra la población que en su gran mayoría vive en la pobreza (el 64% de la población, según cifras oficiales). Abajo he destacado lo más importante del último Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia. Estos informes se elaboran cada año por parte de expertos de la ONU en el terreno y reflejan esta política terrorista de estado. Y cada año, los sucesivos gobiernos españoles se niegan a ver la realidad, y contrariamente a sus bonitas declaraciones sobre la importancia de los derechos humanos, miran al otro lado, donde están sus intereses económicos. Su equipo en Ginebra no ha hecho otra cosa este año. Para la población en Colombia, el cambio de gobierno no les ha dado ninguna esperanza y sólo es testigo de la falsedad de sus palabras.
Dentro de unos meses Usted se volverá a encontrar con Álvaro Uribe, y según declaraciones de su ministro de Asuntos Exteriores, en la actualidad, se está negociando la venta de armas a Colombia. Usted tiene la oportunidad de rectificar su actitud en cuanto a la política exterior con Colombia, y volver a aplicar su programa electoral, que usted firmó personalmente.
Atentamente,
Hendrik Vaneeckhaute
Anexo
Principales responsabilidades del Estado colombiano como violador sistemático de los Derechos Humanos.
Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia.
Sobre el discurso oficial y las estadísticas oficiales:
«Hubo reiteradas declaraciones de altos funcionarios del Gobierno que desconocieron la existencia de un conflicto armado interno y afirmaron la existencia exclusiva de una amenaza terrorista contra la sociedad colombiana.» «Las estadísticas oficiales actuales sobre violaciones de los derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario adolecen de errores sistemáticos y accidentales. Por ejemplo, no se registran las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, las torturas y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, las detenciones arbitrarias, y las violaciones al debido proceso de acuerdo con los estándares internacionales establecidos. De igual forma ocurre con las estadísticas sobre homicidios, las mismas no discriminan adecuadamente si el autor ha sido un agente del Estado o un particular actuando con el consentimiento o aquiescencia de éste. El CIC no registra los casos de desaparición forzada, a pesar de que la conducta ha sido tipificada como delito en el Código Penal vigente. Para el derecho internacional de los derechos humanos la desaparición forzada sólo puede ser cometida por funcionarios públicos o por particulares que actúen con la aquiescencia o tolerancia de aquellos. Según informaciones recogidas por la oficina en lo que va del año 2004 hay registrados más de 200 casos que pueden ser calificados como desaparición forzada.»
Terror ejercido por parte del ejército.
«La oficina registró algunas denuncias de masacres atribuidas a miembros del Ejército, como las sucedidas en Antioquia, Arauca y Boyacá. Se denunció la complicidad de los paramilitares en algunas de esas acciones. Se denunció la muerte de varios civiles ocasionada por operativos militares, en desconocimiento de los principios de distinción y proporcionalidad. Llaman la atención los continuos reportes a la oficina de casos en los cuales se han dado operaciones coordinadas entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares, y de casos donde las víctimas habrían sido detenidas por efectivos paramilitares y después reportadas por miembros del Ejército como dadas de baja en combate. Varios de estos casos han sido indebidamente sometidos al conocimiento de la justicia penal militar.» «Se observó un incremento, comparado con 2003, de denuncias de ejecuciones extrajudiciales y violaciones al debido proceso. Siguió siendo alto el registro de denuncias de detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, y desapariciones forzadas. También se registró uso excesivo de la fuerza y otros abusos de autoridad en la represión de actos de protesta, y atentados a la libertad de opinión y expresión. Igualmente se registraron violaciones a la integridad y dignidad personales mediante actos de violencia sexual. Muchas de éstas se atribuyeron a miembros de las fuerzas militares.»
Terror ejercido por los grupos paramilitares
«Los paramilitares continuaron cometiendo infracciones e infringiendo el cese de hostilidades. Se registraron graves acciones que incluyen masacres, homicidios, toma de rehenes y desplazamientos forzados. Llamó la atención el alto número de infracciones, su gravedad y la impunidad con la que se ejecutan tomando en cuenta el declarado cese de hostilidades. Se reportaron masacres atribuidas a paramilitares en Antioquia, Arauca, Bogotá, Córdoba, Guajira, Norte de Santander, Putumayo, Tolima y Risaralda. Algunas de ellas afectaron a comunidades indígenas; otras estuvieron acompañadas de tomas de rehenes, desplazamientos, desapariciones forzadas, homicidios con sevicia -como el de una persona muerta a golpes de mortero en Risaralda- y violaciones sexuales de mujeres y niñas.»
Vínculos Ejército – paramilitares
«Pudo observarse la precariedad de la política de lucha contra el paramilitarismo, y en particular contra sus estructuras, incluyendo los nexos entre miembros de la fuerza pública y otros servidores públicos y esos grupos.» «Repetidas informaciones recogidas por la oficina, así como la observación directa en el terreno, indican que continúan dándose casos de vínculos entre los grupos paramilitares y servidores públicos, tanto miembros de la fuerza pública como otros funcionarios del Estado.» «Adicionalmente, continuaron reportándose casos de homicidios, individuales y colectivos, así como de amenazas en los cuales se denunciaron nexos entre miembros del Ejército u otros funcionarios públicos y grupos paramilitares, sea por la omisión de las autoridades, o bien por la actuación conjunta o la realización de operaciones coordinadas, en las que personas ejecutadas por los paramilitares aparecían reportadas como muertas en combate por el Ejército.»
Detenciones masivas e indiscriminadas y montajes judiciales
«Funcionarios de la Fiscalía General continuaron protagonizando o apoyando la práctica de detenciones masivas, así como de detenciones individuales y allanamientos basados en investigaciones e indicios poco sólidos, en informes de inteligencia militar, en señalamientos anónimos o en testimonios de dudosa credibilidad. Se denunció que, en reiteradas ocasiones, se dieron órdenes de captura en blanco, o éstas se emitieron con posterioridad a las actuaciones, con la tolerancia o la implicación directa de los fiscales. Se ha observado la utilización frecuente de los testimonios de personas desmovilizadas, reinsertadas o reincorporadas en distintos procesos judiciales. Se denunciaron casos de desmovilizados que dieron falsos testimonios a cambio de dinero o de beneficios judiciales. Varios de esos procesos afectaron a personas miembros de organizaciones de derechos humanos o de sindicatos.» «El Procurador General y el Defensor del Pueblo llamaron la atención, en varias oportunidades, sobre los excesos cometidos durante la realización de procedimientos particularmente vinculados a capturas masivas. Las detenciones arbitrarias, caracterizadas por la precariedad de los indicios, y las irregularidades y manipulaciones procesales, no sólo violan la presunción de inocencia de las personas, sino también provocan la estigmatización que genera el despliegue periodístico y público del nombre, y a veces foto o imagen, de las personas detenidas. Esto ubica además a esas personas en una situación de riesgo que puede llevar hasta la muerte, como ocurrió con el profesor Alfredo Correa de Andreis, víctima de homicidio un mes y medio después de haber sido puesto en libertad por orden de la Fiscalía.» «En algunos casos se denunció la participación directa de servidores públicos en la manipulación de testigos y pruebas, agravando la credibilidad de la actuación judicial. Varias denuncias atribuyeron también a miembros de las fuerzas militares la manipulación de pruebas, la alteración de la escena del crimen, y otras irregularidades en la ejecución de las diligencias y operativos. No se conocen acciones tomadas contra los funcionarios judiciales ni contra los miembros de la fuerza pública responsables de esas irregularidades. Se denunciaron, en ciertas zonas, casos de falta de cumplimiento por parte de fiscales de su obligación de realizar levantamientos de cadáveres y de casos de obstaculización por parte de miembros de la fuerza pública.»
Señalamientos por parte de altos funcionarios públicos
«Algunas declaraciones públicas de altos funcionarios del Gobierno, que manifestaron cuestionamientos indiscriminados sobre la labor de los defensores y de sus organizaciones, contribuyeron a la polarización y al incremento de los factores de riesgo que afectan a estos defensores, limitando el impacto de los esfuerzos estatales de protección. Se denunciaron casos de detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, violaciones al debido proceso y a la libertad de expresión y opinión en contra.» «Altos funcionarios del Gobierno se manifestaron públicamente, en algunas ocasiones, en contra de la labor de las organizaciones no gubernamentales (ONG) de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, lo cual llamó la atención y aumentó las tensiones entre el Gobierno y estas organizaciones. Además, fue descubierta una gran operación (denominada Operación Dragón) de vigilancia y recopilación de información sobre sindicalistas, defensores de derechos humanos, congresistas y un Gobernador, por parte de una empresa privada vinculada con la Empresas Municipales de Cali (EMCALI). Un militar en servicio de alto rango participaba en esta labor de inteligencia.»
Violencia sexual
«La oficina observó un aumento de las denuncias de violencia sexual por parte de miembros del Ejército. Adicionalmente, resulta notable que algunos casos denunciados de violencia sexual contra mujeres y niñas no fueron adecuadamente investigados. En cambio, las víctimas tendieron a ser estigmatizadas, y en ocasiones incluso se abrieron investigaciones en contra de ellas. No se registraron medidas eficaces para sancionar a los servidores públicos involucrados en esas irregularidades así como para prevenir la recurrencia de éstas. Con frecuencia no se abren investigaciones. Tampoco se observaron avances en las investigaciones de las denuncias de violencia sexual. La mayoría de las violaciones a los derechos de las mujeres y las niñas quedan impunes debido a la falta de investigaciones de oficio, el escaso porcentaje de denuncias, ocasionado por el pudor, la falta de credibilidad en el sistema de justicia, y el subregistro en los casos de muerte o violencia sexual.»
Sobre las causas profundas del conflicto en Colombia:
«La política económica y social adoptada por el Gobierno no permitió asegurar avances necesarios en la disminución de la brecha de inequidad, enfrentar la extrema pobreza, disminuir los índices de analfabetismo y desocupación, y aumentar el acceso a la salud y a la vivienda.» «Según el indicador de la línea de pobreza (LP) el 64% de la población vive en condiciones de pobreza. Según la Contraloría General el 31% de los colombianos pobres se encuentran por debajo de la línea de indigencia. Adicionalmente al alto grado de pobreza, la brecha de inequidad sigue siendo grande. Según cifras del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el 20% de la población más pobre percibe el 2,7% de los ingresos totales de la nación, mientras que el 20% de la población más rica concentra casi el 62%. La cobertura del sistema de salud sigue siendo muy baja. Casi el 40% de la población total no está afiliada. Durante el año se empeoró la situación hospitalaria, en particular por la precariedad de recursos y servicios.»
Informe de Amnistía Internacional (20 de abril de 2004):
«Colombia: Un laboratorio de guerra: La violencia aumenta en Arauca » «A lo largo del último año, el gobierno del Presidente Álvaro Uribe ha utilizado el departamento de Arauca, rico en petróleo y que hace frontera con Venezuela, como campo de pruebas para muchas de sus políticas clave de seguridad, especialmente las relativas a las zonas especiales de seguridad, conocidas como Zonas de Rehabilitación y Consolidación, establecidas por el gobierno en 2002. Aunque la Zona de Rehabilitación y Consolidación del departamento de Arauca ya no está legalmente en funcionamiento, las fuerzas de seguridad han seguido atacando a la población civil, especialmente a los defensores de los derechos humanos, a los activistas sociales y a los dirigentes campesinos, sectores a los que el ejército acusa con frecuencia de actividades relacionadas con la guerrilla. Mientras tanto, durante los últimos años los grupos paramilitares han reforzado su control sobre Arauca en un intento de defender los intereses de poderosos agentes económicos nacionales e internacionales y de actuar junto con las fuerzas de seguridad para conseguir este objetivo.»
«Durante el tiempo en que la Zona de Rehabilitación y Consolidación estuvo en funcionamiento también hubo un fuerte incremento del número de detenciones arbitrarias y en masa, que afectó principalmente a los defensores de los derechos humanos, los dirigentes campesinos y los sindicalistas, muchos de los cuales habían sacado anteriormente a la luz violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por las fuerzas de seguridad. Los ataques contra estos grupos, a través de las detenciones arbitrarias y en masa, continúan imparables a pesar de que la Zona de Rehabilitación y Consolidación ya no está en funcionamiento. Existe información fidedigna que indica que las fuerzas armadas del departamento están directamente implicadas en homicidios, torturas y «desapariciones». El ejército sigue además siendo instigado y secundado por los grupos paramilitares, que han reforzado su presencia en Arauca durante los últimos años. Uno de sus principales objetivos ha sido «limpiar» el departamento de toda presunta amenaza contra el oleoducto y otros intereses económicos tanto generales como relacionados con el petróleo. Esto ha dado lugar a una campaña sistemática de amenazas y homicidios contra defensores de los derechos humanos, activistas en favor de la paz, periodistas y sindicalistas, así como contra civiles a quienes los paramilitares acusan de ser miembros o simpatizantes de la guerrilla. Los paramilitares también han tratado de mantener a la población civil bajo control creando un clima de temor mediante matanzas, «desapariciones» y tortura.»