M.H.: Quería hacer un balance porque el pasado 24 de noviembre se cumplió un año de los Acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. El llamado Acuerdo de La Habana que por lo menos tiene visiones encontradas. Por ejemplo, leí las declaraciones del ex Comisionado de paz, Sergio Jaramillo, y de la […]
M.H.: Quería hacer un balance porque el pasado 24 de noviembre se cumplió un año de los Acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. El llamado Acuerdo de La Habana que por lo menos tiene visiones encontradas. Por ejemplo, leí las declaraciones del ex Comisionado de paz, Sergio Jaramillo, y de la Misión de la ONU en Colombia que dijeron que las FARC cumplieron con los acuerdos pero que el gobierno nacional y el Estado no lo hicieron. Sin embargo, el Presidente Juan Manuel Santos habló de que «el vaso está por la mitad». ¿Cuál es tu visión?
R.V.C.: Yo creo que es muy claro, aparte de la propaganda y demagogia política que se pueda hacer. Un año después de los acuerdos, estudios de la ONU, de varias ONG concluyen que el cumplimiento de los acuerdos por parte del Estado es muy bajo, algunos utilizan porcentajes y dicen que se ha cumplido solamente el 18% de lo pactado.
Al margen de poder cuantificar este tipo de cosas, lo más interesante es analizar los asuntos cualitativos que se han dejado de realizar en este año. Cuando se supone que se termina un conflicto armado de tanta duración como el del Estado colombiano con la insurgencia de las FARC uno supone que sea hablado entre partes responsables y serias y que el cumplimiento de los acuerdos no está en duda. Pero es que a estas alturas, incluso en el ámbito de aparatos del Estado, lo que está rondando es el legitimar el incumplimiento, ni en el gobierno ni en los partidos políticos de derecha se plantea si se piensa cumplir con lo acordado. Es decir, que se está negando lo acordado como si no se hubiera firmado un pacto entre instancias responsables empezando por la que representa a un Estado.
Y en este año a lo que hemos asistido es a un incumplimiento permanente en todos los renglones del acuerdo. Por ejemplo, en uno de los puntos centrales que tiene que ver con el asunto agrario o «reforma rural integral» como se llama en el acuerdo, el incumplimiento es prácticamente absoluto, no hay avances de ninguna naturaleza, cuando se hablaba de repartir 3 millones de hectáreas y legalizar otras 7, en este momento las cifras son ridículas, estamos hablando prácticamente de nada y se trataba de la columna vertebral del acuerdo.
Pero los otros puntos tampoco se han cumplido, por ejemplo, el relacionado con el nuevo tratamiento que supuestamente se le iba a dar a la producción, comercialización y tráfico internacional de las drogas, eso ha quedado también en el papel. Se suponía que se iba a aplicar otro tipo de política no represiva y que no se centrara en atacar a los campesinos productores de coca en el territorio colombiano. Eso tampoco se ha cumplido.
Lo que hemos visto es el reforzamiento de la política tradicional de tipo represiva contra los campesinos sin implementar lo que se decía en el acuerdo, que se iban a atacar todos los renglones relacionados con ese fenómeno del procesamiento y comercialización de los narcóticos. Se ha atacado al sector más débil de la cadena que son los campesinos, y hay hechos dolorosos y graves como la masacre llevada adelante por miembros de la policía colombiana hace unos tres meses en Tumaco, un pueblo muy pobre de la costa pacífica colombiana habitado fundamentalmente por población negra, donde fueron masacrados muchos campesinos por la policía colombiana, inmediatamente que el gobierno se hubiera reunido con Trump y éste había dado prácticamente la orden de volver a implementar la política tradicional fracasada de guerra contra las drogas. En ese terreno tampoco ha habido ningún avance.
Pero tal vez el elemento más grave es que ni siquiera hay una paz negativa, ni siquiera se ha creado una paz en el sentido de que se respete la vida de los ex combatientes y de los líderes sociales de izquierda en este país. Estamos asistiendo a una sangría permanente donde prácticamente se están matando todos los días a ex combatientes de las FARC que se desarmaron y a líderes sociales. Hay una cifra de cerca de 35 ex combatientes de las FARC que han sido asesinados sin contar a algunos de sus familiares que también están siendo exterminados.
Y el último punto que quiero mencionar es el de la jurisdicción especial para la paz, que se anunciaba como el gran logro de este acuerdo, donde se iban a poder juzgar a los financiadores de la guerra, no solamente a miembros del Estado y de la insurgencia sino a los empresarios nacionales e internacionales, al sector financiero, a grandes terratenientes que han financiado la conformación de grupos paramilitares, por ejemplo. Eso se reformó de tal forma que prácticamente desapareció y va a quedar entonces una justicia hecha para juzgar únicamente a las FARC.
Estos son algunos de los elementos, presentados a vuelo de pájaro, como para indicar que el incumplimiento de los acuerdos por parte del Estado y de las altas esferas del poder político ha sido prácticamente absoluto.
M.H.: ¿Qué cantidad de guerrilleros quedan presos? Creo que era otro de los aspectos que contemplaban los acuerdos de paz y también que nos comentes sobre la marcha de la reforma política.
R.V.C.: Justamente uno de los acuerdos era generar o aprobar una amnistía general que propiciara la salida de la prisión de los presos políticos de las FARC y todavía, hasta este momento, quedan en las cárceles colombianas por lo menos mil presos políticos que deberían estar libres.
Como Colombia es un país regido por la lógica de las leyes formales del papel, aquí incluso se dice que es normal porque es un Estado de derecho y cada uno de los poderes es independiente, entonces el Poder judicial que también ha estado ligado al terrorismo de Estado aquí en Colombia, se ha inventado una serie de triquiñuelas para impedir la salida de los guerrilleros que se encuentran presos.
Pero no solamente es eso, sino también las pésimas condiciones que se viven en las cárceles colombianas que han significado la muerte de muchos de estos guerrilleros, que incluso podrían haber sido tratados en condiciones normales y si estuvieran libres seguirían vivos. Es un tratamiento casi vengativo contra estos luchadores sociales y se impide que se liberen y no hay perspectivas de que vayan a ser liberados de manera inmediata.
En cuanto a la reforma política, era otro punto central de los acuerdos en que se suponía que se iban a crear condiciones para romper con el monopolio de los políticos tradicionales de este país y todo el sistema de corrupción que se ha generado, pero el gran problema es que eso quedó al vaivén de la aprobación del Congreso de la República por la vía expedita y acelerada del fast track y en el Congreso no están interesados precisamente en reformar la política porque los primeros que se deberían reformar serían ellos, inclusive debería desaparecer el Congreso tal y como existe en el país. Eso tampoco se realizó y en ese sentido no ha habido grandes avances ni tampoco en la participación política de la insurgencia y de los sectores sociales.
Hay un hecho vergonzoso del Congreso de la República y es que se opuso a la aprobación de la jurisdicción especial para la paz, en donde iban a participar principalmente, según lo dice en el acuerdo, representantes de las víctimas, jurisdicciones electorales en 16 regiones del país. Eso no se aprobó y ahora hay una puja jurídica en relación con eso, pero simbólicamente está muy claro que el Congreso de la Republica no quiere que haya avances en esa dirección.
M.H.: ¿Querés agregar algo más?
R.V.C.: Lo que quiero decir es que lamentablemente hacia afuera del país existe mucha desinformación en este terreno por la sencilla razón de que se dice que la paz en Colombia es un proceso exitoso, que a Juan Manuel Santos le dieron el premio Nobel de la Paz y que han desaparecido los factores que dieron origen a la insurgencia armada y lo que puedo decir es que las clases dominantes de este país y el Estado colombiano al no cumplir este acuerdo están jugando con fuego, porque en el futuro van a seguir existiendo las condiciones que posibilitaron el surgimiento de la insurgencia.
No está claro que el ELN, las disidencias de las FARC y nuevos grupos armados de izquierda que puedan surgir, no dejen de tener legitimidad ante el incumplimiento del Estado colombiano. Ese es un elemento que es importante recalcar. Además sigue ejerciéndose la violencia en el país en distintos ámbitos contra dirigentes sociales de izquierda y líderes populares a lo largo y a lo ancho del país; eso no se puede considerar como ningún proceso de paz. Es simplemente que el Estado colombiano estaba interesado en terminar con la existencia de las FARC pero no en cesar con el terrorismo de Estado que es una práctica constante de este país que se mantiene hasta el presente a pesar de que se hable tanto de paz a nivel publico internacional y que Colombia sea colocado como un ejemplo de paz exitoso.
No creo que se pueda considerar como proceso de paz exitoso lo que pasa en un país cuando se sigue encarcelando a la gente por sospechas, cuando las instancias del Estado siguen criminalizando a los líderes sociales, cuando la prensa oficial y los grandes medios de comunicación siguen votando fuego de odio e intolerancia contra la insurgencia y contra todo los que sean de izquierda y lo peor del caso, cuando se siguen asesinando a cientos de personas como sucede en Colombia.
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