En las fronteras del Plan Colombia

Según un informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), en el primer semestre del 2004 Panamá fue, junto a Singapur, Bélgica y Luxemburgo, el país que más se benefició de la inversión extranjera directa (1). Este documento omite precisar que es el capital colombiano que viene dinamizando la economía panameña.

Separadamente, el empresario Iván Ruiz, y el director del periódico Capital Financiero, Orlando Mendieta, coinciden en que esas inversiones «son uno de los efectos del Plan Colombia» (2). Su explicación tiene lógica: Con el Plan se ha intensificado la guerra interna que arrasa a Colombia, poniendo a los capitales en fuga. Las investigaciones oficiales son casi inexistentes, pero los conocedores -y la vox populi– aseguran que ha llegado capital legal, aunque mucho más del «otro».

Los bancos no hacen muchas preguntas, cierran los ojos, a pesar de que la mayoría son filiares estadounidenses y europeas. Alexis Rodríguez, decano de Investigación de la Universidad Especializada de las Américas (Ciudad de Panamá), sostiene: «La invasión militar de 1989 se hizo bajo el pretexto de limpiar la economía de capitales provenientes del narcotráfico, pero ni se investigó sobre eso. Washington volverá con el tema cuando necesite chantajear al gobierno que se oponga a ser parte de su estrategia de dominación continental «. Y una de los aspectos de esta estrategia, donde Panamá pudiera quedar atrapada, se llama el Plan Colombia.

En Curundú, un sector no lejano del lujo capitalino y donde la pobreza es reina, ningún capital colombiano ha llegado. Curundú recibe desplazados desde hace medio siglo, pero en los últimos años han aumentado ostensiblemente. Hoy, un sector de panameños siente que les «roban» los pocos empleos; que los «invaden» con su pobreza, sus drogas y su violencia.

Es real que colombianos han estado involucrados en graves actos criminales, que la oferta de drogas aumentó, y que han copado plazas de trabajo de panameños. Pero no menos cierto es que los efectos negativos de esa migración se han exagerado, buscando ocultar la incapacidad estatal para resolver las necesidades sociales, fuente de diversas formas de delincuencia. En un país con 2.8 millones de habitantes, 35% económicamente activa está subempleada (3). Esto no nació con el Plan Colombia…

Históricamente, la guerrilla colombiana ingresaba a Panamá para descansar y buscar avituallamiento, «sin afectar las actividades de la región ni de los ciudadanos locales. Algunas veces ingresaba huyendo del ejército. Pero siempre retornó a Colombia» (4). Información que certificó Oswaldo Fernández, ex director de la Policía Nacional de Panamá, el 29 de septiembre del 2000 en el programa «Enfoque» de Canal 4 TV.

En los años ochenta los paramilitares colombianos empiezan a masacrar civiles en las zonas bananeras, con la complicidad de las fuerzas de seguridad, al considerar que son aliados de la guerrilla. A la población no le queda alternativa que resguardarse en Panamá. Cuando se aprueba el Plan Colombia los paramilitares casi controlaban la zona fronteriza, utilizándola también para exportar cocaína y heroína hacia Estados Unidos.

«Los problemas en la frontera comenzaron con los paramilitares. Estos no pasaban para buscar a la guerrilla, sino para asesinar a quienes supuestamente les colaboraban, panameños o colombianos«. Declara Alexis Rodríguez. Unos ejemplos dan fe. En octubre 2000, los paramilitares abrieron fuego indiscriminado contra los pobladores de Nazaret, a diez kilómetros al interior de Panamá. Una niña murió y seis bebés resultaron heridos. El 18 de enero 2003, luego de haber sido asaltada la aldea Yala, tres caciques Kunas fueron asesinados. Inmediatamente el gobierno colombiano sindicó a la guerrilla, pero los propios paramilitares reconocieron la autoría.

Ante la escalada de violencia la canciller colombiana, Carolina Barco, señaló que las autoridades de ambos países se habían comprometido «a incrementar el intercambio de información y los patrullajes en la zona fronteriza, con el fin de disuadir a los rebeldes izquierdistas y los paramilitares de extrema derecha» (5). Rápidamente se probó que la «disuasión» se dirigía a quienes buscaban refugio en Panamá. En una misiva enviada a los presidentes Álvaro Uribe y Mireya Moscoso, Amnistía Internacional les pedía «investigar sobre el secuestro y desaparición de dos refugiados colombianos, detenidos por miembros de la unidad especial de combate de la policía y del Departamento de Inteligencia de Panamá«, el 21 de abril 2003 (6). Según AI, mientras se torturaba a los dos hombres, se amenazaba a otros refugiados con la llegada de los paramilitares.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, ha denunciado a ambos estados por no respetar los acuerdos internacionales sobre refugio. De muy poco ha servido. Durante una conferencia de prensa en Ginebra, el 25 de abril 2003, el portavoz de ACNUR, Ron Redmon, confirmó que las autoridades panameñas capturan a los colombianos y los deportan, en muchos casos de manera violenta. Las colombianas regularmente los reubican en zonas de dominio paramilitar sin preocuparse de su seguridad. Según el Informe Conjunto de las Defensorías del Pueblo de Colombia y de Panamá del 2003, el responsable de la Policía Nacional de Panamá, Carlos Barés, manifestó que no deportar a los refugiados «era brindarle apoyo a los colaboradores de la guerrilla».

Panamá había guardado una cierta neutralidad ante el conflicto colombiano. Desde la instauración del Plan Colombia, el gobierno de la presidenta Moscoso (1999-2004) modificó esa actitud. Algunos le recordaron que el tratado Torrijos-Carter (7) pone a la neutralidad panameña de garante para la seguridad del canal interoceánico. Invocando la necesidad de proteger al hemisferio del «terrorismo internacional» y del «narcoterrorismo», Estados Unidos, muy sutilmente, multiplicó las presiones.

Pero, ¿cómo puede Panamá protegerse de agresiones exteriores si no tiene ejército? La Fuerza de Defensa fue desmantelada después de la operación «Justa causa», diciembre 1989, y reemplazada por una fuerza policial sin mayores recursos. La respuesta está en el tratado Torrijos-Carter: Estados Unidos se encargará. El tratado de neutralidad, firmado al mismo tiempo que los acuerdos Torrijos-Carter, permite a Washington intervenir unilateralmente si la neutralidad o la seguridad del canal está en peligro…

Durante la emisión de televisión «Enfoque» de Canal 4, sobre seguridad y neutralidad, 29 de septiembre 2000, la animadora panameña le preguntó a los invitados: «¿Quiénes nos están obligando a entrar en el conflicto colombiano? ¿Por qué? ¿Qué relación con el Plan Colombia?». Y la ex ministra de Gobierno, Mariela Sagel, respondía: «El ataque [contra la población de Nazaret] se da en medio de una agresiva campaña, tanto de Colombia como parte de Estados Unidos, para que los países fronterizos participen del Plan. Creo que Panamá y Venezuela, que fueron los primeros en decir que no participarían en el Plan, han sido sujetos a presión. Con el ataque a Nazaret, hacia el plan nos quieren llevar.» La presentadora no pregunta sino que afirma: «Pudiéramos deducir que los interesados son el ejército colombiano, sectores de Estados Unidos, y los paramilitares, que todos sabemos que son grupos que obedecen, de una u otra manera, a agencias internacionales y a aparatos militares«. La ex ministra aprueba: «Como tú sabes, Estados Unidos tiene varias agencias y a veces no se consultan. Y de repente las que atienden a los paramilitares tienen una agenda y el Departamento de Estado tiene otra…« .

En marzo 2003, siendo aún jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general James Hill organizó en Miami una conferencia sobre seguridad hemisférica. La temática central fue cómo proteger la región del «contagio colombiano y del terrorismo en general«. Hill expresó que Panamá encaraba una posible «invasión de narcoterroristas» desde Colombia. Por lo tanto, Panamá y Estados Unidos exploraban nuevos mecanismos para la protección de la frontera: «Uno de ellos sería celebrar una segunda fase de la operación «Nuevos Horizontes«. Un asistente del general aclaró que tal operación consistía en acciones cívicas, «primordialmente con médicos, ingenieros y otro personal: ésta mera presencia de militares estadounidenses -aunque sea humanitario- tendría el efecto de ahuyentar a los grupos armados colombianos«. Hill precisó que Estados Unidos entrenaba a policías panameños para cuidar la frontera, pero «una invasión narcoterrorista es un asunto de soberanía y ese es un tema militar».

En agosto 2004 se realizó el ejercicio naval «Panamax», organizado por el Comando Sur, donde también participaron Panamá, Colombia, Argentina, Chile, República Dominicana, Honduras y Perú. Objetivo: preparar la seguridad del canal de ataques terroristas.

El nuevo jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Jack Gardner, fue «encontrado» en Panamá el 16 de noviembre 2004. Cuando los sorprendidos periodistas le preguntaron a qué se debía la visita, tan alto mando militar respondió con total seguridad: «venimos a asesorar al Gobierno, para realizar algunos proyectos humanitarios» (8).

Tres días antes, el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, estuvo oficialmente. Según el ex ministro de Trabajo panameño Mitchell Doens, con esa visita se confirmaba que «Panamá forma parte del «sistema de defensa regional» bajo la dirección del gobierno de Estados Unidos, pero no a partir de nuestros propios intereses y visiones«. Doens denuncia «los acuerdos administrativos de seguridad» firmados por la ex presidenta Moscoso, «pero trabajados desde la administración anterior» (9), «que permiten a las autoridades civiles y militares gringas actúen en el país como si fueran soberanos, controlando tierra, aire y mar, fronteras, comunicaciones públicas y privadas, aduanas, migración» (10).

«El general Omar Torrijos decía que el Canal, propiedad entonces de Estados Unidos, era la quinta frontera que teníamos«. Cuenta Iván Ruiz, quien participó de las Fuerzas de Defensa organizadas por Torrijos. Con preocupación continúa: «Como veo difícil que éste gobierno de Martín Torrijos [hijo de Omar, y elegido presidente el 2 de mayo 2004] se niegue a seguir los planes de Estados Unidos, es muy posible que renazca la quinta frontera, pero ahora en forma de bases militares para meternos en el conflicto colombiano«.

 

 

Venezuela

 

En su «Declaración» anual ante Congreso estadounidense, a comienzos del 2004, el general Hill, siendo aún jefe del Comando Sur, decía que el presidente colombiano, Álvaro Uribe, estaba «haciendo un progreso excepcional en su lucha contra el narcoterrorismo, convirtiendo a su país en un estado pacífico y seguro», a partir del Plan Colombia (11). Mientras acusaba al presidente venezolano Hugo Chávez de liderar el «populismo radical» en América Latina, que lo convertía en una «amenaza emergente» para la «seguridad nacional de Estados Unidos«. Hill le reprochaba a Chávez su negativa a participar del Plan Colombia.

Chávez, recién posesionado, anunció que Venezuela sería neutral ante el conflicto interno colombiano, y que sólo apoyaría un plan que apostara por una salida política. Lo contrario, decía, era ponerse en el camino de una «vietnamización» regional. Mientras Chávez ha procurado respetar su compromiso, el Plan Colombia parece obstinado en envolver a su nación. El teniente coronel Héctor Herrera Jiménez, director del Frente Cívico Militar Bolivariano, sostiene que con el Plan«el presidente Uribe deja utilizar a su país como plataforma bélica en la estrategia estadounidense, que busca aplicar un modelo neocolonial sobre la región andina«. Mientras el general de División, Melvín López Hidalgo, secretario general del Consejo de Defensa de la Nación, afirma que en ese proyecto «la Revolución Bolivariana se ha convertido en la piedra en el zapato por su independencia política internacional, y el liderazgo regional que está logrando«.

El Plan Colombia está forjando una tenaza militar y paramilitar sobre Venezuela. «Para neutralizar al actual proceso venezolano, desde Colombia se hacen operaciones militares de baja intensidad. Operaciones encubiertas, clandestinas, de penetración, no convencionales«, dice Herrera Jiménez. En definitiva, concuerdan ambos mandos castrenses, el Plan busca crear desestabilización social, económica, política y militar, que lleve a una situación de ingobernabilidad, de violencia. «Así Estados Unidos tendría el pretexto ideal para llamar a una intervención militar extranjera«.

Venezuela está siendo monitoreada desde varias bases militares en Colombia, y desde una estación alquilada por Washington al gobierno holandés, en la isla caribeña de Aruba. Pero en la actualidad, la preocupación mayor para los venezolanos es la ubicada en los territorios de la Occidental Petroleum en Saravena, departamento colombiano de Arauca, frontera con el estado de Apure. Ahí están asentados unos 400 soldados de las fuerzas especiales estadounidenses y contratistas militares privados (12). «Nosotros sabemos que ellos no sólo están entrenando al ejército colombiano sino a paramilitares. Y estos últimos pasan la frontera para agredir a nuestros ciudadanos, cometer actos delictivos y provocar una reacción de nuestras fuerzas de defensa», sostiene el general López Hidalgo.

El despoblado departamento de Arauca es el más militarizado de Colombia. A pesar de ello el paramilitarismo se consolidó a fines del 2001, luego de realizar miles de asesinatos y hacer huir a los sobrevivientes. En coordinación con el ejército repoblaron muchos caseríos, convirtiéndolos en «aldeas estratégicas», al estilo de Vietnam y Guatemala, principalmente en la frontera y al paso del oleoducto Caño Limón-Coveñas. Meses antes y después del efímero golpe de Estado contra el presidente Chávez, abril 2002, los paramilitares estuvieron activos en territorio venezolano, con el beneplácito de los antichavistas.

El 17 de septiembre del 2004 fueron asesinados cinco militares, una ingeniera de petroleos, y otros cinco venezolanos en Guasdualito, no lejos de Saravena. No habían pasado ni veinte horas y el gobierno colombiano culpaba a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, (FARC). «El comunicado daba muchos detalles. Parecía que todo lo conocían con anterioridad. Las averiguaciones nos fueron diciendo que eran paramilitares«, apunta el teniente coronel Herrera Jiménez.

El gobierno colombiano, y la mayoría de medios informativos de ambos países, no pierden ocasión para culpabilizar a la guerrilla de los atentados contra la población venezolana, al tiempo que se insinúa la complicidad del presidente Chávez de no hacerle frente. La guerrilla ve como positiva la neutralidad del presidente. Ella no niega haber cometido algunas acciones reprobables contra civiles. Aclaran, tanto las FARC, por intermedio del comandante Raúl Reyes, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en palabras del comandante Milton Hernandez, que sus lineamientos políticos estratégicos aprobados en los últimos diez años, determinan no realizar acciones militares o económicas, ni inmiscuirse en la vida política de los países vecinos esperando «la reciprocidad y el respeto«.

El gobernador del Estado de Amazonas, Liborio Guarulla, testimonia: «los guerrilleros no nos representan inseguridad: si pasan la frontera es para realizar compras, y siempre van desarmados. En cambio los paramilitares nos crean problemas sociales, pues con su crueldad hacen huir a los indígenas hasta nuestras comunidades«.

En los Estados de Zulia y Táchira las relaciones de las familias mixtas que viven en ambos lados de la frontera, así como los tradicionales intercambios económicos se han visto afectados por el conflicto. Según el director del Consejo Nacional de Fronteras, Feijóo Colomine, unos cien mil desplazados han llegado a Venezuela en los últimos cinco años, entre los cuales se han colado delincuentes comunes, narcotraficantes y paramilitares (13). Aumentó la criminalidad, el tráfico de drogas, y el lavado de dinero. Campesinos, sindicalistas y otros dirigentes sociales que han buscado refugio, se volvieron «invisibles» ante el temor de ser asesinados, o capturados y devueltos por sectores de los organismos de seguridad antichavistas, que trabajan en coordinación con los colombianos y sus paramilitares.

Al otro lado de la frontera se encuentra la ciudad de Cucuta, considerada como «la capital y sede social del paramilitarismo en el oriente colombiano» (14). El principal dirigente paramilitar, Salvatore Mancuso, detenta el poder en buena parte de la frontera, tomada por sus hombres desde 1999. Manejan el contrabando de gasolina desde Venezuela, actividad legalizada inexplicablemente por el presidente Uribe dentro de las «acciones de desarrollo social» del Plan Colombia, en noviembre del 2003. Multiplicaron considerablemente los cultivos de coca, y acondicionaron rutas para la exportación de drogas ilícitas.

En Colombia no se esconde: «El fortalecimiento del paramilitarismo«, en la frontera con Zulia y Táchira, «constituye el eje de la proyección hacia territorio venezolano«. Por las investigaciones oficiales colombianas, «se puede inferir que los planes del paramilitarismo se internacionalizan en Venezuela» (15).

Una aplicación concreta de esta estrategia se dio a comienzos de mayo 2004, cuando fueron capturados 130 paramilitares colombianos en una hacienda a 20 kilómetros de Caracas. En el grupo habían 40 reservistas y una veintena de soldados profesionales. Se preveía atacar, el 12 de mayo, varios puestos militares en Caracas y apoderarse del armamento. No se excluía el asesinato del presidente Chávez. Como los asaltantes llevarían uniformes venezolanos, la operación pasaría como un levantamiento de «militares venezolanos». Ante la respuesta de la mayoría de la población y de los militares fieles al presidente, a nivel internacional se hablaría del «caos», y del «peligro de desestabilización», motivos suficientes para propiciar una intervención exterior, teniendo a Colombia y Estados Unidos como los principales instigadores.

Según las investigaciones presentadas por las autoridades venezolanas, el transporte de los mercenarios y su armamento fue organizado por autoridades civiles y militares de Zulia y Táchira, opositoras a Chávez. La «asonada» fue iniciada por el comandante del Ejercito colombiano, general Orlando Carreño Sandoval, el más dinámico ejecutor del Plan Colombia. Parece que el haber fallado, y los rastros que dejó, le costaron el cargo unos meses después.

Entre los planes de desarrollo social y económico que adelanta el gobierno de Caracas, es una prioridad la zona fronteriza, históricamente abandonada. En las regiones más apartadas y humildes del país ya se puede comprobar los avances en educación y salud. Los pobladores colombianos, que siguen abandonados, lo han visto: «Llegan diariamente a que les demos atención médica, odontológica y oftalmológica, quedándose asombrados porque es gratuita«, dice el gobernador Guarulla. Por su parte Colomine analiza: «Uribe y Estados Unidos le temen mucho a esto, al demostrarse que es posible llevar el desarrollo a las mayorías por encima de lo militar: tan sólo poniendo a su servicio las riquezas de la nación«.

El general venezolano López Hidalgo es categórico: «Tenemos que hacer un gran debate sobre el Plan Colombia, porque está colocando a nuestra soberanía en peligro. Se busca la animadversión entre los dos pueblos, quizás una guerra, para que unos terceros intervengan y ganen: Estados Unidos y sus transnacionales. Pero tenga por seguro: ¡no pasarán!«.

 

Hernando Calvo Ospina

*Periodista y escritor colombiano residente en Francia.

© Le Monde Diplomatique. France.

 

 

EPILOGO:

Según quien usted sea…

 

El 31 de diciembre 2004, el gobierno colombiano extraditó hacia Estado Unidos al comandante de las FARC Simón Trinidad, acusado de tráfico de drogas, secuestro y complicidad con terroristas. Capturado el 2 de enero 2004 en Quito (Ecuador), Trinidad fue uno de los principales negociadores durante los diálogos de paz que adelantó la organización insurgente con el gobierno del presidente Andrés Pastrana, entre 1999 y 2002. Esta extradición podría cerrar la puerta al » intercambio humanitario » propuesto por la guerrilla : personas retenidas por las FARC a cambio de guerrilleros en prisión.

El 13 de diciembre 2004, un emisario de la comisión político-diplomática de las FARC, Rodrigo Granda, fue secuestrado en una calle de Caracas. El guerrillero fue llevado clandestinamente hasta Colombia por miembros de la Guardia Nacional venezolana -posteriormente arrestados-, actuando en coordinación con los servicios de seguridad colombianos, y a cambio de una fuerte suma de dinero. En contra de todas las normas del derecho internacional, esta operación provocó una gran crisis entre Caracas -que considera violada su soberanía- y Bogotá. El presidente Chávez suspendió las relaciones comerciales con el país vecino y llamó a su embajador en Colombia. El embajador de Estados Unidos en Bogotá, William Wood, fue el único que brindó inmediatamente su apoyo al gobierno colombiano.

El 9 de diciembre 2004, en Tibú, cerca a la frontera con Venezuela, una ceremonia oficial tuvo lugar en honor a la » desmovilización » de Salvatore Mancuso, principal lider paramilitar, y de una parte de sus hombres, responsables de atrocidades contra la población civil. Aunque Estados Unidos reclaman en extradición a Mancuso por narcotráfico y terrorismo, la ceremonia contó con la » sorprendente » presencia de Stewart Tuttle, subdirector de Asuntos Políticos de la embajada estadounidense en Bogotá…

HCO.

© Le Monde Diplomatique.

 

 

Notas:

 

1- Informe Sobre las Inversiones en el Mundo, UNCTAD, 22 de septiembre 2004.

2- El 23 de septiembre de 1999, el presidente colombiano, Andrés Pastrana, obtuvo de Washington una ayuda de 1.6 mil millones de dólares para «enfrentar el narcotráfico», pero que en realidad ha sido para luchar contra las guerrillas. Esta ayuda a sido aumentada, poco a poco, dentro del mismo Plan, pero llamada Iniciativa Regional Andina.

3- Cuatro panameños sobre 10 viven en la pobreza; dos sobre 10 están en la extrema pobreza. Geneteau, Nestalí. «Más panameños al sector informal». Capital Financiero. Panamá, 27 septiembre 2004.

4- Reyes, Herasto, «Darién o la tranquilidad endeble«. La Prensa, 13 agosto 2000.

5- La prensa. Panamá, 29 de enero 2003.

6- Amnesty International : «Panamá/Colombia: La seguridad de las fronteras no debe infringir el derecho internacional sobre refugiados». Londres, AMR 23/04/2003.

7- Firmado entre los presidentes James Carter y Omar Torrijos, 7 de septiembre de 1977, el tratado preveía el traspaso a Panamá, el 31 de diciembre de 1999, de la soberanía del canal, así como partida progresiva de las bases militares estadounidenses de esa zona.

8- La Prensa. Panamá, 17 de noviembre 2004.

9- Leer Maurice Lemoine: «Panama récupère son canal». Le Monde Diplomatique, agosto 1999

10- El Panamá América, Sección Opinión. Panamá, 16 de noviembre 2004

11- «El Comando Sur enfrenta peligros emergentes y tradicionales». American Working Group, Washington Office on Latin America y Interhemispheric Resource Center. Washington, 24 de julio 2004.

12- Leer el dossier «Oú l’on reparle des mercenaires…», Le Monde Diplomatique, noviembre 2004.

13- «Plan Colombia: incidencia en la seguridad y defensa de la Nación». Conferencia en la Universidad Bolivariana. Caracas, 3 de octubre 2004.

14- El Tiempo, Bogotá, octubre 24 del 2004.

15- El Espectador. Bogotá, mayo 16-22 del 2004.