«En política todo es posible», responde el chileno Sergio Apablaza Guerra, ex jefe del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, cuando Página/12 le pregunta si cree que la presidenta Michelle Bachelet hablará sobre su extradición con su par Cristina Fernández de Kirchner en su inminente encuentro. Conocido como Comandante Salvador, vive en Argentina desde principios de 2003. […]
«En política todo es posible», responde el chileno Sergio Apablaza Guerra, ex jefe del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, cuando Página/12 le pregunta si cree que la presidenta Michelle Bachelet hablará sobre su extradición con su par Cristina Fernández de Kirchner en su inminente encuentro. Conocido como Comandante Salvador, vive en Argentina desde principios de 2003. Fue detenido al año siguiente y tras ocho meses salió libre por un fallo que rechazó un pedido de la Justicia chilena, que reclamaba su extradición. Desde que llegó, pidió ser considerado refugiado político, pero el gobierno argentino aún no le ha dado respuesta. Esta indefinición, sumada a una campaña de la derecha de su país, generó su preocupación y la de varios organismos de derechos humanos que se pronunciaron a favor del otorgamiento de esa protección. Este ex guerrillero confía en que el nuevo gobierno no adoptará una medida que le signifique ser extraditado, pero admite que el limbo jurídico en el que se encuentra no le permite tener una vida normal, la que recuperó luego de 30 años de clandestinidad.
En mayo de 1974 Galvarino Sergio Apablaza Guerra era un dirigente estudiantil del Partido Comunista cuando fue detenido por la policía secreta chilena, la DINA. Pasó un año y medio desaparecido, fue torturado y expulsado del país. Tras unos meses en Panamá se radicó en Cuba, donde encabezó el contingente internacional que combatió en el Frente Sur, durante la guerra de liberación de Nicaragua. Fue entonces que lo bautizaron Comandante Salvador. Luego ingresó en forma clandestina a Chile para integrar la conducción del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
Chile pidió su extradición porque lo acusa como autor intelectual del asesinato del senador pinochetista Jaime Guzmán y del secuestro del empresario Cristian Edwards. En un operativo armado para las cámaras, Apablaza fue detenido cerca de su casa de Moreno, en noviembre de 2004. En julio de 2005 el juez federal Claudio Bonadío lo liberó y rechazó el pedido del Estado chileno por considerar que no había pruebas que lo vincularan con esos hechos, que en Chile se habían violado sus derechos procesales y que la extradición se pidió por razones políticas. Apenas fue detenido, Apablaza solicitó ser considerado refugiado político, pero aún no lo consiguió. Mientras tanto, Chile apeló el fallo de Bonadío y el caso llegó a la Corte Suprema, pero el Máximo Tribunal suspendió su decisión hasta que el Poder Ejecutivo no se pronuncie sobre el pedido de refugio.
«No puedo pensar en mañana, no me puedo mover más allá de 70 kilómetros sin pedir permiso. No tengo documentos, sólo un permiso precario que me da el Cepare (Comité de Elegibilidad para el Estatuto de Refugiados) cada tres meses. El hecho de recuperar mi identidad luego de 30 años ante mis hijos y mi familia es grandioso, pero es insuficiente para llevar una vida normal», dice a este diario mientras toma un café en un bar de San Cristóbal.
-¿Por qué todo eso se conoce a partir de su detención?
-Todos estos años tuve que vivir clandestino, me reclamaba la Justicia. Para mí fue un gran alivio pero para ellos fue una etapa dolorosa. Tengo mellizos de 13 años y una chica de 6. El día que me detienen se encuentran que su padre es un luchador contra la dictadura, que está preso aquí, con una familia más grande, con una abuela que es mi mamá, tíos y otras hermanas, porque tengo dos hijas de otro matrimonio… Y se preguntan por qué les mantuvimos oculto todo esto. En ese momento hubo una virulenta campaña de la prensa chilena porque eran los días en que se daba a conocer el informe Valech, que da cuenta de que las atrocidades cometidas durante la dictadura correspondían a una política de Estado. Haciendo coincidir mi detención se trató de bajarle el perfil al informe, o mostrar otra cara usando la teoría de los dos demonios. Imagínese todo eso de golpe para mis chicos.
-Y usted no estaba en casa para explicarles.
-Claro. La policía fue a mi casa y preguntó por Apablaza. Y mis chicos dicen «no, aquí vive Héctor Mondaca». Eramos la familia Mondaca. Luego vino el acoso de la prensa al colegio de los chicos, a la señora que limpia, al remisero de la esquina.
-Era el guerrillero que apareció de golpe en el barrio.
-Sí, pero la prensa buscaba al terrorista, al criminal.
-¿Se define como guerrillero?
-Me defino como revolucionario, independientemente de la forma en la que me haya tocado actuar. En el gobierno de la Unidad Popular fui un dirigente estudiantil. En Nicaragua estuve con los sandinistas y fui guerrillero. Y en Chile estuve con la lucha contra Pinochet y fui un luchador antidictatorial. La prensa chilena me condenó hace rato, aunque en el juicio que me hicieron acá el Estado chileno no presentó ninguna prueba de los hechos por los que me acusan, más allá de la responsabilidad política por el lugar que ocupaba en la organización. No hay fundamentos. Entonces todo era generar la imagen del jefe de una organización para ellos terrorista.
-¿Qué piensa que le dirá la presidenta Michelle Bachelet a Cristina Kirchner sobre su caso?
-La prensa dice que se supone que viene a reclamar mi extradición. Creo que es absurdo que en medio de un traspaso de mando se hable de esto, y que las relaciones entre los dos países dependan de mi situación, como dijo un diario…
-¿Es exagerado?
-Absolutamente. ¿Los dos grandes problemas son el gas y el mío? Es demasiado. Lo que sí hay es la presión de la derecha para poner en posición incómoda a ambos gobiernos.
-¿Bachelet podría hacerse eco de esa presión?
-En política todo es posible. Bachelet está débil y busca tener expectativas electorales.
-¿Cuál piensa que podría ser la respuesta de la Argentina?
-Sería una gran inconsecuencia adoptar una medida que signifique mi extradición porque la política argentina en el terreno de los derechos humanos ha sido muy clara para terminar con un período de impunidad. Si me dejo llevar por esos indicios y que hay un fallo que rechaza la extradición, no podría esperar cambios con el nuevo gobierno. Incluso si rechazaran mi pedido de refugio, mi caso vuelve a la Corte.
-¿Cree que la Corte Suprema fallará a su favor?
-Todo demuestra la persecución política de la que he sido objeto durante años. Son elementos más que suficientes para obtener el refugio. Con un fallo favorable de la Corte tendrían que normalizar mi situación en Argentina sobre la base del refugio.
-Además de las versiones en los medios, ¿por qué están preocupados ahora por la posible extradición?
-Por las presiones que están ocurriendo. En julio de este año, el cuñado de mi esposa, que es un abogado chileno que formó parte de mi defensa, fue amenazado de muerte. Con el triunfo de (Mauricio) Macri la derecha de allá cree que tiene más posibilidades. Hay un lobby de medios de prensa, oposición de acá y de allá. Cuando fue mi detención salió todo allá y acá nada. Ahora es al revés. Hay un cambio de estrategia.
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