Pepa Pretel (profesora jubilada de 73 años), María Pagán (trabajadora de Correos de 46 años), Maribel Muñoz (técnica de laboratorio de 53 años), Josetxu Marcos (fotógrafo de 46 años), y Santi Almiñana (auxiliar de laboratorio de 51 años), que ahora se enfrentan a un expediente abierto por la Agencia Tributaria llevan años con esta práctica: […]
Pepa Pretel (profesora jubilada de 73 años), María Pagán (trabajadora de Correos de 46 años), Maribel Muñoz (técnica de laboratorio de 53 años), Josetxu Marcos (fotógrafo de 46 años), y Santi Almiñana (auxiliar de laboratorio de 51 años), que ahora se enfrentan a un expediente abierto por la Agencia Tributaria llevan años con esta práctica: cada temporada calculan qué parte de sus impuestos es destinada por el gobierno español a comprar material de guerra y financiar la industria militar, y dejan de pagar una pequeña parte para destinarla a finalidades que, según ellas, defienden mejor los intereses de la mayoría de la población. Es lo que se conoce como Objeción Fiscal al Gasto Militar, campaña colectiva de desobediencia civil promovida desde varios colectivos a la que anualmente se suman centenares de personas en todo el Estado Español.
La Agencia Tributaria ha reclamado a cinco persones dinero del presupuesto militar que éstas han sido desviando a finalidades sociales. La cantidad total desviada por estas cinco persones en los últimos años ha sido de 1704€, y los destinos que han ido eligiendo han sido Mujeres de Negro contra la guerra, Organización Femenina Popular-Mujeres por Paz (Colombia), Radio Klara, antimilitaristas-moc y Valencia Acoge. Estas personas han decidido no solamente recorrer contra la decisión de Hacienda, sino también rodear sus casos de una campaña pública antimilitarista, con el propósito de extender la crítica al gasto militar, animar a otras personas a practicar la objeción fiscal y que le pierden el miedo a «plantarse» ante Hacienda.
Estas persones objetoras afirman que no pagarán el dinero que Hacienda los reclama porque «no entendemos que en estos tiempos en que las principales agresiones que sufre la población son la insuficiencia de servicios públicos como salud, educación, justicia, y la carencia de trabajo, vivienda y alimentación, amenazas directas a una vida digna, el gobierno destino miles de personas y miles de millones de euros a la creación, compraventa y utilización de armas destructivas«. Así mismo, señalan que «con la práctica de la objeción fiscal queremos promover un debate público alrededor de las amenazas que tiene nuestra sociedad y las prioridades en las inversiones que tienen que guiar los Presupuestos Generales del Estado«.
Según el grupo antimilitaristas-moc, uno de los que promueven cada año la objeción al gasto militar, «la acción de las persones objetoras es la expresión de derechos fundamentales como el de libertad ideológica, que no solamente ampara formas de pensar basadas en convicciones profundas, sino también la acción coherente con ellas y pone límites al poder del Estado. Estas personas no están buscando meramente ampara en contra de una decisión administrativa injusta, sino que tratan de seguir un imperativo ético de ayudar a difundir la objeción fiscal, usando sus casos como altavoz de estos planteamientos«.
A pesar del expediente de Hacienda, las personas afectadas han declarado que en la campaña de la renta de este año volverán a hacer objeción fiscal al gasto militar. «Estos recursos derrochados en la preparación de la guerra, se podrían desviar a satisfacer las necesidades básicas de la población y a promover valores igualitarios y noviolentos que superen los valores del miedo y la agresión que promueve el sistema militarista que sufrimos. No queremos que nuestros impuestos se dediquen a fabricar y vender armamento, como por ejemplo los barcos de guerra que Navantia entregará al ejército de Arabia Saudí en los próximos años. Ésta es nuestra manera de frenar la guerra en el Yemen, que en dos años ha acabado con la vida de más de 12.000 civiles, sobre todo a manos del ejército saudí«, han declarado las persones objetoras en relación a las exportaciones de armamento español cabeza la Oriente Medio y el hecho que España se mantenga entre los 7 principales exportadores mundiales de armamento.
La objeción al gasto militar es una campaña de desobediencia civil que busca cada año abrir un debate social sobre el gasto militar, las prioridades económicas de la sociedad y un modelo de defensa no basado en las estructuras y la ideología militares. Los grupos antimilitaristas como antimilitaristas-moc proponen a las personas contribuyentes que quieran expresar su rechazo al militarismo, la guerra y sus preparativos, que hagan un gesto simbólico pero desobediente en su declaración de la renta, y se nieguen a pagar un porcentaje de sus impuestos, desviando la cantidad a proyectos sociales, solidarios y ecológicos que defienden la naturaleza y la sociedad frente a sus verdaderas amenazas.
La objeción al gasto militar cuestiona el actual modelo de defensa, militarista, que prioriza la preparación para la guerra, como se refleja en los Presupuestos del Estado, que para 2017 destinan 33.762’4 millones de euros para finalidades estrictamente militares (92,5 millones diarios o 725€ per cápita). El presupuesto del Ministerio de Defensa sólo representa el 23% de esta cifra, y el resto, más de tres cuartas partes, se encuentra escondida en 12 de los 13 ministerios restantes. Esto supone casi el 3% del PIB y el 9,8% de los PGE y generará una deuda de 17.271 millones de euros.
El gasto realmente ejecutado es siempre superior a la presupuestada (un 19% de media en los últimos años). Teniendo en cuenta los datos de años anteriores, el gasto militar ejecutado podría llegar a los 36.000 millones de euros.
Estas cifras podrían ser todavía más abultadas si se hace realidad lo que anunció hace unas semanas la actual ministra de Defensa, Mª Dolores de Cospedal: que el gasto del Ministerio de Defensa se multiplicaría por dos en los próximos años para hacer frente a los pagos de los Programas Especiales de Armamento (PEAs). Estos programas llevan acumulada una deuda de cerca de 21.000 millones de euros que se tendrán que satisfacer en los próximos años por la compra de tanques Leopard, aviones de combate Eurofighter, helicópteros Tigre, y aviones de transporte A400M, entre otros.
En comparación con todo el anterior, por ejemplo, los recortes en gasto público (sanidad, educación, pensiones, paro, etc.) previstas para 2013 fueron de 39.000 millones, el tratamiento de los enfermos de hepatitis C supone 727 millones, el gasto anual en las prestaciones del desempleo supone unos 26.000 millones, la sanidad pública ha sufrido recortes de casi 10.000 millones, y la educación de 7.000 millones, y el rescate bancario se llevó cerca de 100.000 millones de las arcas del Estado.
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