Traducido para Rebelión por Daniel Escribano
Después del fracaso de los intentos de Ibarretxe y el PNV de lograr un acuerdo con Zapatero, el haber presentado el proyecto de ley para la consulta ha acelerado el proceso de esclarecimiento de posiciones. Es ejemplo claro de ello el debate mantenido en el Congreso entre Zapatero y Erkoreka(1). Es claro que interesa a ambas partes alimentar e inflar discusiones de ese tipo, ya que, de esa polarización, esperan obtener mejores resultados en las elecciones. Pero también en las discusiones pueden encontrarse huellas de las elecciones estratégicas. Es significativo el acuerdo que Zapatero ha propuesto al PNV: «nosotros cumpliremos estrictamente el programa del PSE-EE y ustedes cumplirán y respetarán el Estatuto de Guernica y la Constitución».(2) Zapatero sabe que el PNV está cumpliendo el Estatuto y la Constitución, pero lo que quiere lograr es que renuncie a las intenciones de superarlos, que renuncie a sus objetivos históricos. Entre otras cosas porque cree que si lo lograra daría un gran paso para sustituir al PNV.
Urkullu(3) ha tenido que alzar la voz para responder a Zapatero. Ha atribuido al partido socialista y a Zapatero hacer «una política basada en el chantaje constante». Ésa es la experiencia del PNV en las negociaciones con el Gobierno de España, aunque pocas veces lo reconozca. Detrás de las discusiones y del zumbido dialéctico, al cabo, está quedando patente y sin máscara la línea estratégica del partido socialista, contraria a cambiar el actual modelo de estado.
Además, el partido socialista y Zapatero están actuando de forma arrogante, con la vista en las encuestas electorales, creyendo que pueden llevar a Patxi López a Ajuria Enea y convencidos de que sacarán provecho de la situación de crisis del PP.
La postura que tienen con las mociones de censura no está fuera de esa estrategia. El último paso ha sido poner un plazo de diez días para presentar la moción de censura en Mondragón, Hernani y Pasajes. Especialmente para condicionar el debate en torno a la consulta, poniendo otro foco mediático, sacando a la superficie las contradicciones entre el gobierno tripartito y ahondando las tensiones entre la izquierda abertzale y el PNV.
Más allá de las preguntas. El haber concretado el proyecto de la consulta ─hasta mostrar la papeleta que contiene las preguntas─ ha sido un jalón en la política vasca. Ha obligado a todos a mostrar sus cartas. El Gobierno de España ha aclarado de inmediato que si se aprueba en el Parlamento vasco recurrirá al Tribunal Constitucional. Antes de hacer eso ha dado por ilegal la iniciativa de Ibarretxe, aun sabiendo que la propuesta no es contraria a la legalidad hasta que el Tribunal Constitucional así lo resuelva. Pero blandiendo argumentos de este tipo ha obligado al PNV a moverse. Urkullu ha tenido que aclarar que el PNV no actuará en contra de la legalidad y que, si el Tribunal Constitucional suspende o invalida la consulta, lo aceptará. Después de eso Erkoreka ha tenido que hacer notar que «el cumplimiento la ley es un principio innegable» para el PNV.
Aunque sea indirectamente, los dirigentes del PNV también han aclarado lo siguiente: que si el Gobierno de España lleva al Tribunal Constitucional la convocatoria de consulta, esperará hasta conocer la decisión. Esto es, si el Parlamento vasco rechaza la propuesta, Ibarretxe, seguramente, responderá adelantando las elecciones. Pero si la aprueba y el gobierno de Zapatero interpone recurso, esperará hasta que el Constitucional lo resuelva y utilizará ese tiempo ─el tribunal tiene un plazo de cinco meses para resolverlo─ para movilizar a la ciudadanía. El día después de recibir el portazo del Congreso con la Propuesta para un nuevo Estatuto político, Ibarretxe anunció elecciones. Ahora actuaría de otra forma.
¿Qué hará el Tribunal Constitucional? En teoría, como las consultas no vinculantes para saber la opinión de la ciudadanía no son competencia exclusiva del Estado ─están en los nuevos estatutos de Cataluña y Andalucía, por ejemplo─, hay algún resquicio para considerarla legal, a pesar de que esa competencia no esté en el Estatuto de Guernica. No obstante, en ese caso, razón de estado mediante, es impensable cualquier hipótesis que no sea apoyar la postura del Gobierno de España.
Sabiendo eso, ¿para qué presenta la iniciativa el Gobierno vasco? La principal clave que hay que aclarar es el escenario posterior al veto del Constitucional. ¿Cuál es la siguiente parte de la hoja de ruta? ¿Seguir cumpliendo la ley? ¿Elecciones? Si hay alguna intención de hacer cambiar la política basada «en el chantaje permanente», las elecciones no serán suficientes. Y es que no hay que olvidar que el partido socialista espera mejorar sus anteriores resultados y que la izquierda abertzale puede quedar fuera del parlamento. Para poder verdaderamente abrir otro escenario se necesitará la palanca de un acuerdo para la solución del conflicto.
Con todo, para llegar al escenario del veto del Estado español, tiene que imponerse el sí en el Parlamento vasco y, para ello, es necesario el apoyo de la izquierda abertzale. El análisis de las consecuencias que pueda provocar a largo plazo será fundamental para adoptar una u otra elección. Por tanto, la decisión sobre la consulta obligará a la izquierda abertzale a aclarar su estrategia a largo plazo.
La consulta puede tener también influencia aclaradora en la coalición Nafarroa Bai. No se puede quedar en el mero reconocimiento de la legitimidad de la iniciativa. Obligará a los miembros de la coalición a, entre otras cosas, aclarar la dirección estratégica más allá de los problemas de funcionamiento, porque para la ciudadanía no será neutral ni lejano lo que pueda suceder con la consulta.
Notas:
(1) Diputado del PNV en el Congreso del Reino de España. (N. del t.)
(2) Con motivo del rechazo por parte del Congreso español a transferir a la administración de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) las competencias de I+D+I, Erkoreka recordó a Zapatero el pasado 4 de junio la existencia de un informe del PSE-EE y del PSOE de hace dos años sobre la actualización del Estatuto de autonomía de la CAV favorable al traspaso a la administración autonómica de dichas competencias. (N. del t.).
(3) Presidente del Euzkadi Buru Batzar, máxima instancia del PNV. (N. del t.)
Berria, 8 de junio de 2008