La clase política y sus gobernantes, adoptaron un marco institucionalidad y un modelo económico social, responsables de la inequidad socioeconómica, de la crisis fiscal-tributaria y de sus consecuencias.
Según la ONU, en Latinoamérica, Colombia encabeza el ráking de la desigualdad, mientras unos pocos ciudadanos concentran el máximo de riqueza, capital y poder, con mínima tributación.
Los programas para reducir la pobreza, se traducen en afrenta a los derechos y a la dignidad humana. Resultan desvergonzadas falacias de candidatos y gobernantes. Entre 1.990 y el 2.019, donde creció más la desigualdad, fue en Colombia.
Esta realidad, generó migración del campo a la ciudad y formación de cinturones de miseria, subempleo e informalidad, constituyentes del caldo de cultivo para la delincuencia al servicio del narcotráfico y organizaciones criminales y la inseguridad ciudadana, en toda la geografía nacional.
Al macabro horizonte socioeconómico que padecen las mayorías, se suma la siniestra desmoralización y deshonestidad del ejercicio de la política y con ello, la anarquía de las instituciones y del poder. El colapso de los fundamentos éticos y el generalizado irrespeto de la ley.
La corrupción en la rama judicial y en el poder público en general, no tiene tasa ni peaje. Corrupción y mediocridad se tomaron el poder. La mayoría de responsables disfrutan la impunidad. La rama judicial tiene los burócratas mejor pagados del país.
El congreso en contubernio con el ejecutivo, aprobó el sofisma del equilibrio de poderes, a la mediada de sus intereses y deshonestidad. A toda costa se impone la transacción en la designación de Jefes y toma de decisiones.
Con el cacareado tribunal de aforados, la politiquería y el congreso, se propusieron fortalecer el presidencialismo. La mermelada hace el resto. La compra de la reelección del nefasto Uribe Vélez, se consumó a través del festín de la mermelada y se convirtió en fatalidad de la nación. Las investigaciones de la fiscalía, por el asalto a los recursos de la salud y en otros sectores, no dan los resultados debidos. Ese tamal está ahí, como los presuntos crímenes de Uribe. El negocio de la inmoralidad, no tiene antecedentes. Todo propio de un estado fallido.
La nación requiere urgentemente restituir la dignidad del poder. Y de un tribunal, absolutamente independiente, que investigue, juzgue y condene a los protegidos por la impunidad institucionalidad.
La turbulencia económica global, amenaza colapso fiscal nacional, regional y local.
No cesan de caer las exportaciones tradicionales y no tradicionales. Las tradicionales; petróleo, carbón, oro, níquel han caído más del 50% y constituyen el 72% de ingreso de divisas y los precios difícilmente se recuperarán. Entre tanto, no hay políticas de desarrollo nacional efectivo.
Las no tradicionales, las raquíticas manufacturas y el desvertebrado agro, será imposible que repunten. Los TLC, que todos los países en desarrollo, fueron obligados a firmar para satisfacer la dictadura del capital global, están produciendo sus efectos.
Ante el crítico panorama fiscal y socioeconómico y la mezcla de mediocridad y perversidad de los dueños del poder, solo se les ocurre explosionar el endeudamiento en dólares y en pesos y condenar a los ciudadanos a pagar más y más impuestos, antes que racionalizar el gasto, la inversión, la tributación y erradicar la corrupción. Protegiendo siempre a los grandes empresarios y al capital nacional y transnacional.
No se necesitan más reformas tributarias. El fisco puede equilibrarse, si erradican la evasión, la elusión, las exenciones y deducciones, con las que subsidian siempre a los seculares usufructuarios del poder. La corrupción es causa de agudo déficit fiscal y reducción de la inversión social. Con derrotar la corrupción y racionalizar el gasto público, se puede prescindir de la reforma tributaria
Las reformas tributarias, son diseñadas para favorecer la gran empresa, castigar a las mayorías (asalariados y desvalidos económicos) con impuestos indirectos (IVA) y mayor tributación, disfrazada de diversas maneras. Hay más. Costos de combustibles, proliferación y encarecimiento de peajes, recortes de inversión en el sector social, etc.
Son entre otras, las causas de la encrucijada fiscal y socioeconómica de la nación y del irresponsable endeudamiento público y del colapso del sector industrial y exportador. Así gobiernan a Colombia, desde hace más de doscientos años. El constituyente primario, el pueblo, debe actuar: si el Congreso no hunde el macabro y perverso proyecto de Reforma Tributaria, el pueblo tiene que responderle a sus verdugos en el poder, no votando por ninguno de los congresistas que hoy están vegetando en el Congreso.