La ejecución de la hidroeléctrica implicaría el desplazamiento de unas 2.000 personas, que perderían sus tierras, su trabajo y su identidad cultural. En plena reserva forestal de la Amazonía, también se arrasaría la biodiversidad de la zona, que incluye 842 hectáreas de bosque ripario y tropical seco de gran valor (en franca regresión en todo el mundo), 103 especies de aves, 13 de reptiles y tres de mamíferos en severo riesgo de extinción.
Cuando una comisión de afectados por el macroproyecto hidroeléctrico de El Quimbo acudió a reunirse con el expresidente de Colombia, Uribe Vélez (acusado de complicidades con el paramilitarismo y el cártel de Medellín), éste les espetó: «Los pobres siempre serán pobres. Y por cinco o seis pobres no voy a renunciar a un megaproyecto (la hidroeléctrica de El Quimbo) de 700 millones de dólares». En febrero de 2011, el presidente Santos colocaba la primera piedra de la actuación entre vítores y promesas de riqueza, empleo y futuro para la región del Huila.
Impulsada por Emgesa (filial colombiana de la transnacional eléctrica Endesa), la macroactuación de El Quito propone en la cuenca alta del río Magdalena (conocido como «río madre de Colombia) una presa de 151 metros de altura y un embalse de 55 kilómetros de longitud en un área inundada de más de 8.000 hectáreas. La iniciativa hidroeléctrica contará con una capacidad de 400 megavatios para generar energía destinada en un 95% a la exportación y sólo dejará en Colombia entre el 1 y el 4% de los beneficios, según aseguran los críticos del macroproyecto.
La ficha técnica, en frío, poco dice de los enormes impactos ambientales y territoriales y, sobre todo, de la frontal oposición que entre la población afectada ha generado la infraestructura. De entrada, porque -según Asoquimbo (la principal organización de la resistencia)- la ejecución de la hidroeléctrica implicaría el desplazamiento de unas 2.000 personas, que perderían sus tierras, su trabajo y su identidad cultural. Las 8.200 hectáreas anegadas supondrían la pérdida irreparable de cultivos de café, frutales, cacao, plátano, arroz y también de la pesca y pastos para el vacuno, fundamentales para el sustento de las comunidades locales.
Carmen Flores, una de las afectadas, resume el drama en el que viven los municipios amenazados: «hay personas enfermas, otros que han muerto ante el anuncio de los desalojos y los traslados; El Quimbo destroza comunidades, divide pueblos y separa familias; su idea es dejarnos en la calle, pero no vamos a vender, no aceptamos irnos».
En plena reserva forestal de la Amazonía, también se arrasaría la biodiversidad de la zona con la excusa de generar «desarrollo» y atraer al «turismo». De hecho, el área prevista para ubicar la infraestructura eléctrica acoge 842 hectáreas de bosque ripario y tropical seco de gran valor (en franca regresión en todo el mundo), 103 especies de aves, 13 de reptiles y tres de mamíferos en severo riesgo de extinción. Por no hablar de la enfermedades, cada vez mejor estudiadas, que se vinculan a las macrorrepresas, el aumento de las temperaturas que generaría la iniciativa hidroeléctrica o su ubicación en un área de riesgo sísmico.
Todo ello ha motivado al documentalista valenciano Pau Soler a mezclarse en el conflicto y reflejarlo en el vídeo «Hidroeléctrica El Quimbo. Recolonizando con ecocidios». Soler lleva más de una década dedicado al documental ambiental y social como herramienta de denuncia -«la cámara es mi metralleta», ha dicho alguna vez- del capitalismo neoliberal, «ecocida y genocida». «Mi objetivo es dar voz a los excluidos y fomentar la unidad de acción desde la base, a partir de métodos participativos y horizontales».
El documentalista muestra en su trayectoria una predilección por Colombia: 9 de sus 20 trabajos realizados (y otros 5 que tiene a punto de terminar) se centran en este país. Con las comunidades indígenas y los conflictos por el territorio como protagonistas. En el caso de El Quimbo, «me ha sorprendido la dignidad en la lucha de pescadores, labradores, comerciantes y toda la población afectada; han cortado carreteras e invadido la zona de obras donde se está contaminando con químicos y desechos de construcción el río Magdalena; Es un vívido ejemplo de lo que ocurre en una Colombia abierta al negocio de las transnacionales», explica Pau Soler.
Si el neoliberalismo consiste, en síntesis, en desregular los mercados y poner el estado al servicio de los grandes intereses privados, esto ha ocurrido en El Quimbo. Lo mismo con Uribe que con Santos; igual con Endesa, en tanto multinacional española, que en manos del gigante italiano Enel (actual accionista principal de la compañía). Esta colusión se traduce en la declaración de «utilidad pública» otorgada por el gobierno colombiano al proyecto -a pesar de los costes económicos, sociales y ambientales- y que permite ejecutar las expropiaciones. O en la concesión de la licencia ambiental, después modificada para beneficiar en mayor medida a la empresa. Además, el estudio de impacto ambiental fue contratado por la propia Emgesa-Endesa a una denominada Fundación Natura, que realizó la auditoría tras una visita de sólo 24 horas a los terrenos afectados.
Al margen de la batalla técnico-jurídica, Asoquimbo ha denunciado los métodos mafiosos de la multinacional con la connivencia del gobierno de Colombia. Han hecho público el «trato inhumano» del que son víctimas los trabajadores contratados, las largas jornadas laborales y los insultos por parte de la jefatura de obras; también censuran la destrucción de bienes de los pescadores y las amenazas tanto a jornaleros como a población autóctona en general. «La empresa afirma que es la propietaria de la zona y, en consecuencia, restringen el ingreso de colombianos a lugares exclusivamente reservados a españoles e italianos», afirman en un escrito sobre la violación de los derechos fundamentales.
Juan Ninio, del equipo jurídico de la Plataforma Sur (organización que presta su apoyo a Asoquimbo), añade que Endesa ofrece trabajos «que nada tienen que ver con la realidad de las comunidades; además, ofrecen precios irrisorios por viviendas rurales construidas con materiales autóctonos; tampoco han entregado las cinco hectáreas de tierra que prometieron como compensación». Miller Dussan, profesor universitario y también miembro de la Plataforma, critica «cómo se está engañando a las comunidades para dividirlas, enfrentarlas y, después, ofrecerles dinero por sus predios; les interesa que los traslados no sean colectivos ni como empresas comunitarias»,
Así las cosas, el movimiento popular, encabezado por Asoquimbo, ha declarado la desobediencia civil y ha anunciado acciones de resistencia hasta lograr la suspensión de la licencia ambiental y la paralización de las obras. A lo largo de dos años de lucha, han llevado la protesta hasta los plenos municipales de los seis pueblos afectados por el megaproyecto, para criticar la venalidad de los políticos y pedirles que rectifiquen. También se han manifestado en la misma zona de ejecución de las obras o incluso en las puertas del parlamento colombiano.
La creación de foros informativos es permanente para difundir sus reivindicaciones entre los colombianos. Pero apelan asimismo a la solidaridad internacionalista: han logrado el valioso apoyo de International Rivers; y piden en lugar de macroactuaciones de nula rentabilidad económica y social, la creación de una Reserva Campesina Agroalimentaria en la zona de El Quimbo. Entretanto, la resistencia continúa.
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