A las elecciones al Parlament de Cataluña del 21 de diciembre (21D) se presentan 11 candidaturas, aunque únicamente 9 pueden considerarse activas. De esas nueve, sólo cinco mencionan aspectos relacionados con la energía nuclear en los programas electorales. Antes de valorar las implicaciones del hecho, y el tratamiento electoral que recibe, conviene hacer una reflexión […]
A las elecciones al Parlament de Cataluña del 21 de diciembre (21D) se presentan 11 candidaturas, aunque únicamente 9 pueden considerarse activas. De esas nueve, sólo cinco mencionan aspectos relacionados con la energía nuclear en los programas electorales. Antes de valorar las implicaciones del hecho, y el tratamiento electoral que recibe, conviene hacer una reflexión que sitúe al lector o la lectora en el contexto social, político y económico.
En primer lugar está el marco político: e l discurso sobre la secesión de Cataluña del conjunto de España ha logrado, tras cinco años de saturación informativa y propagandística, imponerse y distraer la atención de las duras políticas neoliberales aplicadas sobre las clases subalternas. El llamado «monotema» ha sido un éxito: ha permitido que gobiernos de CDC con apoyo del PP, primero; y del PDECAT – ERC con apoyo de la CUP, después, hayan hecho de Cataluña un territorio pionero y adelantado en recortes de derechos sociales, privatización sanitaria, penetración de dogmas neoliberales en la enseñanza pública, e incremento de la precariedad y las desigualdades sociales. La energía nuclear no ha sido una excepción a esta dinámica.
Los datos son contundentes; según «RED ELÉCTRICA ESPAÑOLA», la empresa sigue la producción y el consumo global de electricidad, en 2016 Cataluña consumió 46.554 GWh de electricidad; y Ascó 1, Ascó 2 y Vandellós 2 generaron 23.743 GWh sobre un total de 43.215 Gwh de producción eléctrica total (lo que es el 51% de consumo total y casi el 55% de la producción). Por su peso en el conjunto de la producción y consumo energético, Cataluña es hoy el territorio más nuclearizado, y dependiente de las nucleares, de toda la Península.
Desde el pasado febrero, Garoña ha marcado la normativa. Sólo falta que las empresas propietarias de las centrales (ENEL-ENDESA, INERDROLA y GAS NATURAL-FENOSA) lleguen a un acuerdo económico con el gobierno del PP, para que éste renueve los permisos hasta los 60 años de funcionamiento de los reactores, el acuerdo debe conseguirse antes de 2020 y 2021 (en que expiran las actuales licencias) y, en todo caso, en marzo de 2019 habrá que presentar a la Unión Europea el proyecto de transición energética en que se concretará el papel de la energía nuclear. En Cataluña los 60 años implican que los grupos de Ascó y Vandellòs2 funcionarán hasta el 2045 y 2047, respectivamente.
Contrariamente al contenido del escaso eco que las nucleares tienen en los medios, los conflictos que provocan no se hallan en la subida o bajada del precio de la electricidad o el papel que se le adjudica en la mitigación del cambio climático, ni siquiera en el bloqueo que puede suponer para aprovechar las energías renovables.
Los motivos que exigen un cierre ordenado y urgente de las centrales nucleares son cuatro: es una fuente de contaminación radiactiva continuada cuando funcionan «normalmente» (con los impactos para la salud que se derivan), existe un riesgo creciente de accidente grave que derive en catástrofe radiactiva irreversible, se da una acumulación de residuos radiactivos que supondrán un peligro enorme durante decenas de miles de años, y hay vinculaciones entre los reactores atómicos y la fabricación de munición radiactiva de uranio empobrecido.
Por tanto se trata, primero, de algo que afecta al conjunto de la sociedad de Cataluña (aunque no solo de Cataluña) y, segundo, de una intervención política en ciernes para legitimar las nucleares en el plazo que cubrirá la legislatura tras el 21D. La combinación de ambos puntos exigiría una respuesta clara desde la clase política, y más aún cuando una parte importante de esa clase política ha convertido la cuestión identitaria en el eje de su discurso. No estamos ante una cuestión secundaria o marginal, sino ante algo que tiene un peso importante en la sociedad, la economía y la base material productiva de Cataluña.
Por lo que el contraste con los programas que se presentan el 21D y que analizaremos en orden de importancia en el tratamiento del tema, se hace aún más duro.
CATALUÑA EN COMÚN PODEMOS realiza la propuesta más concreta: cierre de las nucleares mediante la no renovación de permisos en 2020 y 2021. Sin embargo, improvisaciones y contradicciones salpican el conjunto del programa.
Así, la no renovación de los permisos 2020 y 2021 se mezcla con la invocación de la Ley de cambio climático de Generalitat, presentada en enero y bloqueada por el Tribunal Constitucional a principios de diciembre. Una Ley confusa, que no marca un límite definido, no considera el marco legal, ni da ningún argumento razonable. Todo ello en la misma página 86.
Más adelante se enuncia, sin explicación, una conexión entre cierre nuclear y aplicación de medidas del «nuevo modelo energético», mezclando problemáticas diferentes y, además (página 90), se recurre a otra formulación confusa en el grave asunto de los impuestos por los residuos radiactivos, que podría desembocar en el maquillaje de justificar el funcionamiento de los reactores porque «se cobran impuestos por los residuos»; ignorando, además, las sentencias judiciales que determinan que esos residuos ya están gravados con un impuesto de ámbito estatal, lo que impide volverlos a gravar.
La confusión se incrementa en la página 150, sobre políticas energéticas. Por el desconocimiento que supone el redactado » aprovechar la finalización del proceso de mantenimiento (?) de las nucleares en 2020 «; la relación que se establece entre cierre nuclear y » creación de una empresa de capital y gestión públicos especializada en suministro eléctrico mediante renovables «, y la única referencia a Vandellòs 2, ignorando los dos grupos nucleares de Ascó (las negritas y el interrogantes son mías).
El PARTIDO SOCIALISTA de CATALUÑA se mantiene (página 20) en su fórmula de cierre nuclear a los 40 años de funcionamiento (concretados en el 2027). Sigue ignorando las contradicciones de ese «cierre a 40 años» con el calendario de renovación de permisos en curso; y procura no mencionar el enorme negocio que supondría para las eléctricas propietarias presentar, y ganar, demandas por «lucro cesante» al rescindir los permisos renovados de manera unilateral. Un negocio que se pagaría, como siempre, vía factura eléctrica.
La CANDIDATURA DE UNIDAD POPULAR menciona la energía nuclear de manera genérica: reivindica el papel desarrollado en el «impuesto» en los presupuestos 2017 del gobierno PDECAT – ERC (pg. 10), pide su «recuperación» y «aumento» (pg. 24); hace referencia genérica a la «desnuclearización de todos los Países Catalanes» sin concreción de fechas (pg.24); reivindica «estudios epidemiológicos continuos» en las áreas afectadas por centrales nucleares (pg.55), sin explicar la finalidad, y defiende la necesidad de establecer «planes de transición para los territorios con presencia de grandes centrales productoras como las nucleares» una vez se dé su cierre( pg.25), ahorrándose la molestia de fijar fecha o relacionar su programa con el proceso de renovación en curso.
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, por su parte, elude pronunciarse sobre el cierre de las nucleares. En la MEDIDA 11 (página 20 de su programa) se compromete a emprender «Acciones para restaurar los impuestos impugnados (…)» por el PP, en el que se incluye «el Impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear» (ya mencionado por la CUP), es decir, un impuesto sobre las emisiones radiactivas rutinarias de los reactores en su funcionamiento diario por su impacto negativo sobre la salud.
El supuesto «impuesto» a que se refiere la MEDIDA 11 elude dos cuestiones: que un «impuesto» de este tipo sin plan de cierre de las centrales nucleares no tiene validez, y que legaliza el carácter perjudicial para la salud de la población de las emisiones radiactivas rutinarias, al legitimar por la vía de los hechos consumados algo que es objeto de conflicto en el mundo de la medicina.
Finalmente, RECORTES CERO GRUPO VERDE, menciona en su programa (página 20) el cierre inmediato de los tres reactores nucleares que funcionan en Cataluña, sin entrar en detalles de impactos, procedimientos, o calendario.
Las restantes candidaturas consolidadas: JUNTOS POR CATALUÑA, CIUDADANOS, PARTIDO POPULAR y PACMA, no mencionan para nada la energía nuclear. DIÁLOGO REPUBLICANO es una lista coyuntural y sin programa, y POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM + J), no ofrece datos ni contenidos.
La cruda realidad es que un conflicto de actualidad y potencialmente destructivo, que afecta a toda la sociedad y que va más allá de Cataluña, carece de un tratamiento riguroso ante las elecciones del 21D. Las políticas nacionalistas (españolas o catalanas) cumplen su papel a la perfección, las clases dominantes pueden felicitarse y felicitar a los políticos que las imponen.
En la página web ELECCIONES 21 DE DICIEMBRE DE 2017 AL PARLAMENTO DE CATALUÑA se pueden obtener los enlaces a los programas y las citas concretas que se refieren en este artículo. No se han incluido para facilitar su lectura y limitar su extensión.
Miguel Muñiz Gutiérrez es miembro de Tanquem les Nuclears – 100% EER, del Movimiento Ibérico Antinuclear, y del COLECTIVO 2020 LIBRE DE NUCLEARES. Mantiene la página de divulgación energética http://www.sirenovablesnuclearno.org/
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