Tres de los trabajadores afectados por la intoxicación de Asturiana de Zinc en 2012 iniciaron ayer una huelga de hambre para reclamar que la empresa cumple con el acuerdo alcanzado en 2013.
Seis años después de la intoxicación por mercurio en Asturiana de Zinc (Azsa), el mayor accidente laboral de este tipo en los últimos treinta años, los trabajadores afectados denuncian su abandono y reclaman atención médica especializada y ayudas económicas para aquellos que están en situación de exclusión social.
Tres de los trabajadores afectados -Carlos Martínez, Víctor Carlota y David Román- comenzaron ayer una huelga de hambre en la Avenida de la Playa de Avilés, frente a la sede de Asturiana de Zinc. «Es muy posible que entren en un punto de no retorno, no conviene a ninguna de las partes que le pase algo a alguno de ellos a las puertas de la empresa que les envenenó», señala preocupada Dori Acevedo. Ella es hermana de uno de los afectados, Carlos Martínez Acevedo, presidente de la Asociación de Intoxicados por Mercurio y otros metales, de la que ella es portavoz.
El trabajo tenía que hacerle con sierras radiales y soldadoras en un espacio totalmente cerrado. «Era un equipo especializado que hacía ese tipo de trabajo», explica Acevedo. «Pero les aseguraron que no había restos [de metales pesados] y no les dieron equipo sabiendo que era probable que sí hubiera. Ni equipos ni mascarillas», continúa.
A los pocos días de comenzar el trabajo, los trabajadores comenzaron a ingresar en el servicio de Urgencias del hospital San Agustín. «Presentaban síntomas terribles, como si hubieran recibido radiación», recuerda Acevedo.
Los informes posteriores del Instituto de Prevención de Riesgos Laborales y de Inspección de Trabajo mostraron que el intercambiador donde estaban trabajando estaba invadido por mercurio y que la intoxicación se debió a una serie de irregularidades «en cascada» en materia de seguridad laboral causadas por la incapacidad de Azsa de evaluar el riesgo por la presencia de mercurio, que tachaba de «indubitada». «Es el caso más grave de intoxicación por metales pesados en Europa, fue muy corta en el tiempo pero muy intensa», afirma Acevedo, quien recuerda que, de los 49 trabajadores contratados por IMSA, todos presentaron en sangre una concentración de más de 100 miligramos de este metal pesado.
En el análisis hecho a su hermano, por ejemplo, apareció una concentración de más de 600 miligramos de mercurio y otro de sus compañeros tenía más de 960 miligramos, frente a los 10 que fija la Organización Mundial de la Salud y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente como límites -15 miligramos en el caso de trabajadores expuestos a este tipo de metal, como mineros-.
«Esos metales pesados fueron a parar a la sangre y se fueron depositando en los órganos», explica Acevedo, quien afirma que, realmente, el número de personas intoxicadas asciende a unas 200, aunque el resto eran personal de Asturiana de Zinc, por lo que los contratados por IMSA, que tenían contrato temporal, fueron los únicos que protestaron. «Con los de plantilla no sabemos qué hicieron. Creo que iban a la empresa, fichaban y les ponían sin hacer nada para que no parecieran bajas, y les compensaron económicamente, cosa que no hicieron con los subempleados de la subcontratas», afirma.
«Ellos saben que esas enfermedades, los que no las tengan ya, las tendrán mañana», lamenta Acevedo, quien señala que, sin embargo, lo más duro es el deterioro mental que sufren, con pérdidas de memoria, intentos de suicidio o episodios de agresividad. «A veces no se acuerdan ni de lo que están hablando, es la enfermedad del Sombrerero Loco, que se llama así porque antes, en la fabricación de los sombreros, se empleaba mercurio», continúa. Sin embargo, solo 15 de los 49 trabajadores envenenados tiene reconocido algún tipo de discapacidad. «El resto no estamos en condiciones físicas ni mentales de trabajar, sobrevivimos como podemos», señalan desde la asociación.
La vía penal continuó con la denuncia de Fiscalía, con la que la empresa llegó a acuerdo en abril de 2017. La sentencia firmada por el Juzgado de lo Penal número 2 de Avilés, comprendía nueve meses de cárcel -sustituidos por 1.620 euros de multa- para los mandos de Azsa e IMSA por 49 delitos de lesiones por imprudencia grave con atenuante muy cualificada de reparación del daño. En la valoración de esa reparación, la sentencia nombra, además de los 10.000 euros a fondo perdido entregados a cada trabajador afectado, 134.000 euros en reconocimientos médicos a los mismos, 28.969,12 euros abonados por Azsa al Servicio de Salud del Principado de Asturias e indemnizaciones por más de 2,5 millones de euros a los afectados. Pero esta última cifra se perdió por el camino.
«No sé de dónde sacó Asturiana de Zinc esa cifra», afirma Acevedo, quien subraya que, lo único que han recibido los afectados son los 10.000 de hace cinco años -«eso, para quien tenga familia, es una cantidad ridícula»- y una atención médica que la empresa dejó de pagar en 2015, sin avisar a los afectados, quienes tuvieron que hacer frente a esas facturas. «Solo por esas facturas, la empresa les debe 4.800 euros de asistencia sanitaria; ni siquiera eso se les paga», lamenta Acevedo.
Y la sentencia aún fue más laxa. Ante las alegaciones de la empresa a la sanción administrativa, activada en noviembre de 2018 tras la resolución del proceso penal, Inspección de Trabajo aceptó rebajar la calificación de las irregularidades en seguridad laboral. Con ello, la multa pasó de los 500.0000 a los 380.000 euros. Y en julio, Azsa demandó al Principado de Asturias con el objetivo de rebajar más la multa.
Mientras, los trabajadores afectados, seis años después de lo ocurrido, afirman que han acabado con casi todos sus ahorros y muchos de ellos dependen de la ayuda de familiares para poder subsistir mientras se resuelven las compensaciones económicas con los seguros de las empresas causantes de la intoxicación.
Acevedo explica que han intentado llegar a un acuerdo con el FREMAP y con el Servicio de Salud del Principado de Asturias para que, entre ambas instituciones, creen un equipo médico con especialistas en intoxicaciones por metales pesados que pueda atender a cada uno de los afectados pero, por ahora, no lo han conseguido.
«Cuando nos reunimos la última vez, parecía que habíamos llegado a un acuerdo. Nos decían que sí, pero, cuando recibimos el borrador del acuerdo, estaba vacío de contenido este año», concluye.