El pasado verano Ana, una trabajadora migrante en situación irregular, tuvo que elegir entre seguir trabajando a pesar de la sospecha de contagio de covid-19 o arriesgarse a perder su empleo en una casa y con él los únicos ingresos de su familia.
“Si hoy alguien me dice que fui negligente, le respondo que sí: lo fui por necesidad. Yo tengo que salir cada día a la calle a buscarme la vida porque tengo dos hijas y dos personas mayores a mi cargo”. Estas son las palabras de Ana (nombre ficticio): una mujer inmigrante y sin papeles que se contagió de covid-19 el pasado mes de agosto. Las dificultades económicas en casa la obligaron a seguir trabajando hasta el mismo día que conoció los resultados.
Ana convive con otras once personas, también en situación irregular, en un piso ubicado en el distrito madrileño de Puente de Vallecas: “Una persona, con un contrato laboral, nos hizo el favor de prestarnos su nómina para que nos concedieran el alquiler. Este trámite nos costó más de 3.000 euros y por suerte conseguimos reunir todo el dinero”, manifiesta con alivio. El piso tiene tres habitaciones: “En una estamos mis hijas y yo, en las otras viven dos primas con sus pequeños y en el sofá cama del salón duermen mis padres. Así nos apañamos”, cuenta con resignación.
Todo empezó el miércoles 19 de agosto. Ese día Ana acudió a la casa de la mujer mayor a la que cuida y desarrolló su jornada laboral completa en perfectas condiciones. Sobre las siete de la tarde, cuando llegó a su piso, comenzaron los síntomas: fiebre alta y tos. Fue su prima la que la convenció para ir al hospital Gregorio Marañón: “Yo tenía miedo y mi prima me acompañó hasta el hospital. Cuando llegué me hicieron la PCR y pasé toda la madrugada allí hasta las ocho de la mañana. Ellos me dijeron que me confinara en casa y que ya me llamarían para darme los resultados”. Después de una larga noche Ana reconoce que fue a su piso a cambiarse de ropa, pero no se quedó en confinada como la habían recomendado: “Me fui a trabajar”.
A eso de las diez de la mañana del jueves sonó el teléfono móvil y las malas noticias se confirmaron: “Estaba tendiendo la ropa en el trabajo cuando me llaman del hospital y me dicen que he dado positivo por covid-19. En ese momento, yo no sabía qué hacer porque la señora a la que cuido tiene 93 años. Me dije, ¡Dios mío, qué hago! Entonces hablé con su hija y le dije que una de mis hijas se encontraba mal y aceptó que me marchase”.
– ¿Se lo has contado a la señora que cuidas?
– No. Nunca se
lo contaré. Yo siento que estoy defraudando su confianza, pero, a
veces, la gente es negligente por necesidad y yo soy una de
ellas.
Inmediatamente, tras salir del trabajo, Ana se fue
directa al Centro de Salud Nueva Numancia. “Yo nunca he ido a un
ambulatorio en Madrid porque no tengo tarjeta sanitaria. Aun así,
fui y allí me trataron muy mal. Yo no quería un tratamiento
especial, lo que necesitaba era un aliento de fuerza porque me sentía
mal tanto de salud como emocionalmente”, recuerda con dolor.
Posteriormente, el personal sanitario de este centro de salud la destinó al Centro de Servicios Sociales Ramón Pérez de Ayala. Ana le explicó a una asistenta social su situación y le pidió si alguien la podía habilitar un lugar para confinarse por miedo a contagiar al resto de su familia, pero aquí tampoco tuvo suerte: “Yo lloraba y les decía que me ayudasen, aunque solo fuese por humanidad”.
La noche se acercaba y las soluciones no llegaban: “A las siete de la tarde, cansada de ir de un sitio para otro, me senté en el banco de un parque sola y desesperada por el temor a contagiar a mis niñas. Llamé a todos los números de teléfono habidos y por haber y nadie me dio una respuesta. Entonces, decidí irme a casa”.
“Mi vida no me importaba”
Una vez en casa, había que organizarse: Ana se aisló en su habitación y sus dos hijas se trasladaron al salón con los abuelos. Al día siguiente, Ana pidió a una de sus primas que llevara a las niñas al hospital para que se hicieran la PCR. La situación se agravó cuando los test de las dos menores salieron positivos. Esto fue un golpe muy duro: “No paraba de llorar porque como madre eso es un dolor horrible. A mí, en ese momento, mi vida no me importaba”.
Las niñas y la madre se confinaron en la habitación y su abuelo, encargado de llevarles la comida, se contagió en una de estas incursiones. Las malas noticias continuaron y en los siguientes días la enfermedad se había expandido por toda la casa infectando a los doce miembros.
Poco a poco se han ido recuperando y aquellos duros momentos ya forman parte del pasado. Aunque, a día de hoy, la hija menor sigue dando positivo en los test: “El pediatra me dice que ella ya no puede contagiar a otras personas, pero que el virus continúa dentro de su cuerpo y, por esto, debe de seguir confinada”.
Después de estas duras semanas, Ana asegura emocionada que esos días se sintió “sola y abandonada”. Aun así, no pierde la esperanza y sueña con legalizar su situación en España lo antes posible y convalidar sus estudios de Enfermería: “Hice tres años de Enfermería en la Universidad de Lima y me gustaría ejercer de ello en el futuro. He mandado el currículo a varios hospitales y centros médicos porque escuché que se necesitaban sanitarios. Me respondieron de una residencia, pero no me aceptaron porque no tengo papeles”.
Ana lleva tres años en España y ya está empadronada en Madrid, ahora necesita encontrar un empleador dispuesto a hacerle un contrato de al menos un año para regularizar su situación. Este requerimiento es el más complejo de conseguir debido a las duras condiciones impuestas en la Ley de Extranjería a los contratos laborales exigidos para demostrar el arraigo social. El Gobierno central se ha comprometido en varias ocasiones a flexibilizar esta exigencia que afecta a uno de los colectivos que más temporalidad sufre.
Una reciente investigación elaborada por Fundación porCausa y la Universidad Carlos III de Madrid cifra las personas en situación irregular en España, en el año 2019, entre 390.000 y 470.000. Es decir, esto supone alrededor del 0,8 % de la población total que vive en España.
Iniciativas por la “Regularización urgente”
Por otro lado, más de mil colectivos de personas migrantes, agrupados en el movimiento #RegularizaciónYa presentaron junto a la coordinadora Obrim Fronteras una Proposición no de Ley para la “urgente, amplia y extraordinaria” que fue debatida y rechazada el pasado mes de septiembre.
La necesidad de una regularización extraordinaria también ha sido señalada por más de 300 oenegés con la campaña “Regularización urgente”. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Oxfam Intermón, la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, Médicos del Mundo, Movimiento por la Paz, Ayuda en Acción, Entreculturas, el Servicio Jesuita a Migrantes-España, entre otras, reclaman al Gobierno que garanticen los derechos de las personas extranjeras en España. “La regularización amplia y extraordinaria de todos los migrantes que viven en territorio español es la medida más ágil y exhaustiva para garantizar que todas las personas puedan hacer frente a esta crisis sanitaria y económica”, sostiene CEAR en un comunicado.
Fuente: https://www.elsaltodiario.com/migracion/enfrentar-covid-19-cuando-no-puedes-parar-ni-confinarte