Según el Gobierno, este programa de ayudas ha supuesto hasta febrero un desembolso de 295,3 millones de euros, con 333.000 beneficiarios.
La prórroga del llamado Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción, por el que se regulan las ayudas de 426 euros mensuales a parados sin ingresos, entró el martes en vigor según una nota de corrección publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La prórroga de esta ayuda por otros seis meses permitirá cobrar los 426 euros mensuales a los parados que agoten la prestación y el subsidio por desempleo entre ayer, 16 de febrero, y el próximo 15 de agosto. Según cálculos del Gobierno, ello beneficiará a 243.100 personas y supondrá un coste adicional de 517,8 millones de euros.
En concreto, la prórroga de este programa afectará a los desempleados menores de 65 años que extingan sus prestaciones y subsidios entre ayer y el 15 de agosto de 2010, ambos inclusive, mientras que el periodo máximo de percepción de la ayuda seguirá siendo de seis meses. Los parados que ya estaban cobrando esta ayuda no verán prorrogada su prestación por otros seis meses, pues la ampliación del programa sólo afectará a los nuevos desempleados. Tanto unos como otros sólo tienen derecho a cobrar la ayuda un máximo de seis meses, con independencia de cuando se produzca su entrada en el programa.
El Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción se reguló por vez primera en agosto del pasado año mediante un Real Decreto Ley, que fue sustituido por la Ley 14/2009 de 11 de noviembre. La cuantía de la prestación equivale al 80% del IPREM, que en 2009 fue de 420 euros, y en 2010 asciende a 426 euros La Ley habilitaba al Gobierno para que teniendo en cuenta las perspectivas económicas y la situación del desempleo pudiera prorrogar el programa por periodos de seis meses.
Al cumplirse ayer la duración inicial fijada para dicho programa y «mantenerse las condiciones de crisis económica y su impacto sobre el empleo que lo motivaron», el Gobierno ha decidido hacer uso de la habilitación y prorrogar por seis meses la medida. Según el Gobierno, este programa de ayudas ha supuesto hasta febrero un desembolso de 295,3 millones de euros, con 333.000 beneficiarios, de los que un 72% está incluido en itinerarios de inserción. Además, el 18%, más de 52.000 personas, ya han encontrado trabajo.
El 28% de los pensionistas corre el riesgo de caer en la pobreza
Por otra parte, el 28% de los pensionistas corre el riesgo de caer en la pobreza al contar con ingresos inferiores al 60% de las rentas medias del país, alertó este martes Luis Méler, responsable de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma).
Preocupado por los millones de personas que sobreviven con una prestación inferior a los 600 euros al mes, reclamó que el importe de la pensión de viudedad se eleve del 52% al 70% de la cuantía que percibía el fallecido. Méler compareció en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo junto con el presidente de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados (UDPJ), Luis Martín, quien se sumó a estas reivindicaciones. Ambas intervenciones parlamentarias son las primeras que se producen desde que el Gobierno propuso el retraso a los 67 años de la edad de jubilación. Méler y Martín recordaron que en España el retiro no es obligatorio salvo que figure en convenio colectivo y abogaron porque se suprima esta imposición.