Ligia Ceballos Franco. El caso de esta ciudadana mexicana podría ser el de uno de los bebés robados durante el franquismo. El pasado 16 de febrero Amnistía Internacional interpuso una querella en la Procuraduría General de México por la entrega de Ligia Ceballos a una familia adoptiva de este país, tras la separación de sus […]
Ligia Ceballos Franco. El caso de esta ciudadana mexicana podría ser el de uno de los bebés robados durante el franquismo. El pasado 16 de febrero Amnistía Internacional interpuso una querella en la Procuraduría General de México por la entrega de Ligia Ceballos a una familia adoptiva de este país, tras la separación de sus padres biológicos en el estado español. Según la organización de derechos humanos, los hechos podrían constituir un delito de desaparición forzada y un crimen de derecho internacional. Los indicios apuntan a que Ligia Ceballos fue registrada al nacer, el 29 de mayo de 1968, como María Diana Ortiz Ramírez, y a continuación sustraída a sus progenitores con la mediación de la Diputación de Madrid y la asistencia del Arzobispado. Amnistía Internacional constata que las pesquisas judiciales sobre los bebés robados en España desde el franquismo «no han dado prácticamente resultados». Además, cuando la justicia española ha investigado estas prácticas, lo ha hecho considerándolas «delitos comunes» o «casos aislados», sin atender a la posibilidad de que existiera una trama organizada.
Los grupos parlamentarios de Unidos-Podemos y el PSOE presentaron en septiembre de 2016 una propuesta de comisión de investigación sobre el caso de tráfico de bebés durante la dictadura y la transición. En la proposición apuntaron que el número de bebés robados durante la dictadura (hasta 1952) podrían cifrarse en cerca de 30.000. A partir de entonces, continuaron las desapariciones en hospitales y casas de maternidad durante el franquismo, la transición y la democracia. El número de adopciones consecuencia del latrocinio podría oscilar, según algunos expertos, entre 180.000 y 300.000.
El Fórum de Debats de la Universitat de València ha proyectado el documental «Torneu-me el fill», de los periodistas Montserrat Armengou y Ricard Belis, dentro de las VII Jornades de Memòria Democràtica que se celebran entre el 25 y el 31 de mayo. Producido por Radiotelevisió de Catalunya en 2011, el audiovisual de 80 minutos explica las prácticas represivas y el robo de bebés a madres solteras -estigmatizadas durante la dictadura- en los años 60 y 70 del siglo pasado. Casas de adopción, instituciones religiosas y médicos hacían entrega de las criaturas a matrimonios estériles. Así, llegó a consolidarse todo un negocio de compraventa de niños. Para justificar las sustracciones, se dio la circunstancia de médicos que comunicaron a las madres biológicas que su hijo falleció durante el parto, e incluso hubo casos en que se les mostró un cadáver congelado. Los documentalistas dedicaron nueve meses al trabajo de investigación. Muchos de los testimonios coinciden en subrayar el enorme poder de la iglesia católica, órdenes religiosas y monjas.
«Las (posibles) adopciones irregulares fueron una práctica habitual durante los años 60 y 70», afirman Belis y Armengol. Una de las mujeres que denunció estos métodos fue MD.CH. Estando sola y encinta, se dirigió al domicilio de una conocida señora de Bilbao, doña María Mercedes Herranz, que acogía a personas en su situación. Allí permaneció durante siete meses pasando hambre y frío, relata en el documental. En la casa, donde convivía con otras mujeres, pudo observar «fotos de Franco, el papa y gente muy poderosa». Trabajando como criada, reunió 30.000 pesetas con las que poder pagarse el parto. Nacido su hijo, rubio y de casi cuatro kilogramos, volvió al pueblo para recabar el apoyo familiar.
Al retornar a la clínica bilbaína de San Francisco Javier, en busca del vástago, se le cerraron las puertas. Nunca volvería a ver a la criatura. Tampoco le permitieron la entrada en la casa de acogida, inserta en la red de pisos de doña María Mercedes, una señora «bien conectada». El negocio era conocido en la capital vizcaína, y se consideraba que las madres «en pecado» carecían de derechos. Otra chica embarazada le dijo a MD.CH.: «Olvídate de tu hijo, no lo volverás a ver; se lo han vendido a gente muy poderosa por 200.000 pesetas». «Era un negocio, sacaban dinero y destrozaban vidas», lamentaba la afectada tres décadas después.
El documental de Montserrat Armengou y Ricard Belis destaca que la legislación española incluía, hasta 1999, la figura del «parto anónimo», lo que hacía posible ocultar la identidad de la madre después de dar a luz. Los periodistas abordan también las circunstancias en las que operaba la Casa Cuna de Santa Cruz de Tenerife, dirigida por Sor Juana Alonso. Allí acudía gente de bien de la provincia con el fin de adoptar a una menor. Liberia, adoptada a los nueve años, recuerda el «trato horrible» y el «sadismo» por parte de las monjas y cuidadores. Además, «cuando venía de visita alguien trajeado, siempre desaparecía alguna de nosotras». Le informaron del cambio de nombre y apellidos, antes de viajar al País Valenciano para ser presentada a su nueva familia. Está pagó 200.000 pesetas, además del desplazamiento de la menor y la monja que le acompañaba, explica Liberia en el audiovisual. «Fue un negocio suculento en nombre de la caridad».
El documental producido por TV3 enuncia una retahíla de casos y denuncias: la residencia Santa Isabel, la antigua clínica San Cosme y Damián, y la Fundación Figueras en Barcelona; personalidades como Sor María Balbuena, la antigua Maternidad Provincial de Madrid en la calle O’Donnell, niños que supuestamente morían por una enfermedad de otitis, la clínica madrileña de San Ramón; las interconexiones entre clínicas, casas cuna y hogares de la maternidad… «Los robos continuaron hasta los años 90; hay personas que nacieron en esa década y pueden estar viviendo con identidad falsa», destaca la investigadora Luz Souto en el acto organizado por la Universitat de València. Autora de una tesis doctoral sobre el robo de menores en España y Argentina, Souto distingue a grandes rasgos una primera etapa, entre la década de los 40 y los años 60, en la que las sustracciones tenían un motivo ideológico y se vinculaban a las purgas políticas (el influyente psiquiatra Vallejo Nágera se refería a la «eugenesia de la hispanidad y la regeneración de la raza»; y a complejos psicoafectivos «que descomponen la patria»); y un segundo periodo, entre los años 60 y 90, en el que ocuparon un lugar destacado las madres solteras y las tramas de corrupción y tráfico de niños vinculados a hospitales, la iglesia católica y determinados funcionarios.
Además de «Torneu-me el fill» (2011), Armengou y Belis han dirigido otros documentales para la recuperación de la memoria, como «Els internats de la por» (2015) o «Les fosses del silenci» (2003). En «Els nens perduts del franquisme» (2002), recogen las circunstancias de miles de mujeres, embarazadas o con niños pequeños, encerradas en condiciones infrahumanas en las cárceles franquistas. En un libro con el mismo título que los documentalistas publicaron junto al historiador Ricard Vinyes, se recogen cifras oficiales sobre la evolución del proceso. En 1942 el Estado tutelaba a 9.050 menores con sus padres o madres en prisión; los niños se hallaban en escuelas religiosas y diferentes establecimientos públicos. Un año después la cifra se elevaba a 12.042.
«Miles y miles de niños han sido arrancados de la miseria material y moral; miles y miles de padres de esos mismos niños, distanciados políticamente del nuevo Estado español se van acercando a él agradecidos a esta trascendental obra de protección», afirmaba la Memoria del Patronato de Nuestra Señora de la Merced para la Redención de Penas por el Trabajo, en 1944. El Reglamento Penitenciario establecía que los niños tenían que salir de la prisión antes de cumplir los tres años. El libro recoge testimonios como del de Victoria Carrasco, quien dice que la directora de la Prisión de Madres Lactantes de Madrid pretendía que el contacto entre madres e hijos fuera el menor posible; también se trataba de impedir «que los niños mamaran la leche comunista».
El pasado 27 de agosto la Agencia Efe publicaba una entrevista con la antropóloga Neus Roig, autora de una tesis doctoral sobre el robo de recién nacidos en el estado español entre 1938 y 1996. La investigadora, partidaria de la consideración de estos delitos como crímenes de lesa humanidad, señalaba que de las más de dos mil denuncias presentadas desde 2008, la mayoría fueron archivadas. Por ejemplo, «la Fiscalía de Sevilla archivó las 130 denuncias recibidas entre julio y septiembre de 2014». Para el esclarecimiento de los hechos, Roig pidió que el Estado español y la Conferencia Episcopal permitieran el acceso a los fondos documentales sobre partos y defunciones que obran en su poder.
El 20 de febrero ocurrió un hecho sustantivo, según informaciones de la citada agencia. El juzgado de Instrucción número 46 de Madrid ordenó la apertura de juicio oral contra el doctor Eduardo Vela, a quien se acusaba del supuesto robo de una recién nacida, Inés Madrigal, en 1969, para su posterior entrega a unos padres en adopción. La causa contra este ginecólogo, quien ejerció entre 1961 y 1981 en la Clínica de San Ramón en Madrid, era la primera que iba a juzgarse en el estado español en relación con la sustracción de bebés durante la dictadura. El juzgado de instrucción declaraba a la Audiencia Provincial de Madrid competente para enjuiciar los hechos. La Fiscalía pidió once años de prisión para el facultativo, y una indemnización de 350.000 euros para la afectada, por los daños morales que tuvo que afrontar.
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