La urgente necesidad de dinero público por parte de los bancos contrasta con la abundancia de los sueldos privados de sus directivos. Durante la crisis, las principales entidades financieras continuaron ampliando sus beneficios. Alemania se encuentra ya en recesión. Islandia, hasta ahora en el primer puesto en calidad de vida, se ha declarado en quiebra. […]
La urgente necesidad de dinero público por parte de los bancos contrasta con la abundancia de los sueldos privados de sus directivos. Durante la crisis, las principales entidades financieras continuaron ampliando sus beneficios.
Alemania se encuentra ya en recesión. Islandia, hasta ahora en el primer puesto en calidad de vida, se ha declarado en quiebra. La crisis arrastra consigo el liderazgo financiero de EE UU. Y en el caso español, habría que retroceder a principios de los ’90 para ver datos igual de negativos. A primera vista, los pilares del sistema financiero se derrumban. Pero esta situación resulta menos dramática si se mira desde la cúspide. En EE UU, algunos datos han generado indignación, como al saberse que en 2007 los máximos ejecutivos de las 16 entidades más afectadas por la crisis obtuvieron 236 millones de euros, un 30% más que en 2005.
Ésta y otras situaciones han llevado a que se abra el debate sobre las retribuciones obscenamente altas obtenidas por quienes provocaron la crisis. Países como Alemania y Francia estudian fijar un límite a las retribuciones excesivas. La medida, sin embargo, no figura en la agenda del Gobierno español. En líneas generales, los ejecutivos españoles quedan lejos del caché hollywoodiense de sus homólogos estadounidenses, pero ello no quiere decir que destaquen por su austeridad. En marzo de 2007, el presidente del BBVA, Francisco González, reconocía ante las críticas de algunos accionistas que su sueldo (9,7 millones, con un fondo de pensiones de 10 millones, lo que suman 54.795 euros al día) es «éticamente discutible».
A la misma altura que el presidente del BBVA se encuentra Alfredo Saenz, vicepresidente del Santander, quien se embolsa 9,6 millones de euros al año. Y cerca de ellos se encuentra Ignacio Galán, de Iberdrola, con un sueldo anual de 7,2 millones. Como media, la élite empresarial española cobra al año 235.000 euros. El dato es orientativo, ya que primas, bonificaciones y gastos pueden aumentar en un 20% el salario. Y la cuenta se multiplica con planes de pensiones. Así, el Santander cuenta con 251 millones de euros para cuando sus consejeros decidan irse a casa. Y el BBVA, 125 millones.
Pensiones que llegaron a juicio
En el pasado, ambos bancos se han visto envueltos en juicios debido a escandalosos planes de pensiones. En 2005, la Audiencia Nacional absolvía a Emilio Botín y a los ex directivos José María Amusátegui y Ángel Corcóstegui de los delitos de apropiación indebida. La razón : los 43,7 millones recibidos por Amusátegui al salir del Banco y la jubilación de 108 millones de euros percibida por Corcóstegui, un récord en la banca española. Ese año, el ex presidente Emilio Ybarra fue considerado culpable por la Audiencia Nacional de apropiarse indebidamente de dinero del banco, al abrir un fondo de pensiones con 21 millones de euros procedentes de una cuenta secreta en el paraíso fiscal de Jersey. Un año después, en 2006, el Tribunal Supremo absolvía a Ybarra.
A pesar de la crisis, los salarios de los banqueros no se han visto reducidos. La banca española ha sido una de las menos afectadas por el derrumbe financiero, y en los primeros meses de 2008 se hizo con unos beneficios de 22.400 millones, un 3% más que en 2008. En las remuneraciones personales, el aumento es más boyante. Hasta junio, los miembros de los consejos de administración de las 14 entidades financieras que cotizan en bolsa ganaron 115,6 millones, un 54% más que en 2007, que suponen un aumento de 40 millones en las retribuciones. Nada de esto impidió que el pasado 5 de octubre el Gobierno destinase 30.000 millones para comprar activos de bancos y cajas que faciliten los créditos. Dicho de otra forma : dar a los bancos el equivalente al 20% de los presupuestos generales del Estado para que los ciudadanos puedan seguir pidiéndoles dinero.