El pasado 6 de julio el Parlamento español votó el acuerdo del Consejo de Ministros para enviar un contingente militar a Haití. Para sorpresa de muchos, el grupo Izquierda Unida-Izquierda Verde-Iniciativa per Catalunya Verds apoyó este envío. El diputado Joan Herrera argumentó que la situación era muy distinta a Afganistán porque se trata de una […]
El pasado 6 de julio el Parlamento español votó el acuerdo del Consejo de Ministros para enviar un contingente militar a Haití. Para sorpresa de muchos, el grupo Izquierda Unida-Izquierda Verde-Iniciativa per Catalunya Verds apoyó este envío. El diputado Joan Herrera argumentó que la situación era muy distinta a Afganistán porque se trata de una «situación extrema y de calamidad» y que «en Haití no tenemos que remover obstáculos de fondo para la reconstrucción social, civil y política». Expresión esta última que, por más que lo intento, no logro saber qué significa.
La primera aclaración es que el gobierno presentó la propuesta con razonamientos plagados de mentiras y engaños. Entre ellos, Rodríguez Zapatero afirmó que se trata de «una misión de estabilización en Haití que vino a sustituir a la fuerza multinacional provisional establecida con carácter de urgencia tras la dimisión del presidente Aristide» y que «cuenta con el pleno respaldo político de la Comunidad del Caribe».
Como bien afirmó el expresidente Aristide cuando fue derrocado el pasado febrero, lo que Zapatero denomina «dimisión» consistió en abandonar su residencia y el país encañonado por marines norteamericanos.
A fines de marzo, se dio a conocer en Santo Domingo los resultados preliminares de una Comisión de Investigación sobre Haití, instaurada por el antiguo Fiscal General de EE.UU., Ramsey Clark, que indagaba sobre los acontecimientos de febrero. La Comisión reveló que los gobiernos de EE.UU. y República Dominicana habrían participado en el armamento y entrenamiento en ese último país de los paramilitares haitianos que lideraron las revueltas contra el presidente. La Comisión encontró que doscientos soldados de las Fuerzas Especiales estadounidenses llegaron a la República Dominicana para participar en ejercicios militares en febrero de 2003 con autorización especial del presidente dominicano Hipólito Mejía. Estas maniobras se realizaron más cerca de la frontera que lo usual, en una zona desde donde los rebeldes paramilitares, muchos de ellos implicados en anteriores dictaduras en Haití, estaban practicando ataques regulares contra instalaciones del Estado. Algunos centros de entrenamiento se encontraban en -o cerca de- instalaciones militares dominicanas. La Comisión recibió también varios informes del transporte de armas de la República Dominicana a Haití, por tierra o mar. Hay que recordar que Haití no disponía de ejército tras la decisión del propio Aristide cuando reasumió el poder como presidente constitucional hace diez años, tras tres años de dictadura militar.
Tanto EEUU como Francia justificaron la intervención en las irregularidades electorales que dieron la victoria al presidente haitiano. Razonamiento bastante peculiar tras cuatro años de aquellos comicios sin ninguna referencia a su limpieza o fraude. Más extraño todavía si tenemos en cuenta que las elecciones estaban previstas para el próximo año y que incluso el presidente haitiano llegó a ofrecer su adelantamiento a los opositores.
El segundo argumento del presidente español es «el pleno respaldo político de la Comunidad del Caribe» (Caricom). Tremenda mentira porque el Caricom ya emitió una declaración formal el 27 de marzo negándose a reconocer al Gobierno interino de Haití en el cierre de una cumbre que insistió en solicitar a la ONU que investigue el derrocamiento del presidente Jean Bertrand Aristide. Los líderes caribeños decidieron entonces no dar el reconocimiento oficial al gobierno haitiano.
En la madrugada de ese 27 de marzo, los presidentes emitieron una declaración en la que señalaron que «no debían ser adoptadas acciones para legitimar a las fuerzas rebeldes». También dijeron que aunque Haití sigue siendo un «socio bienvenido» en la Caricom, «ha habido una interrupción en el proceso democrático». Lamentaron también las declaraciones recientes del recién primer Ministro Gerard Latorutue, quien señaló que los rebeldes eran «luchadores libertarios». Latortue suspendió la participación de su país en la Comunidad del Caribe, por su postura ante el traslado de Aristide a un exilio temporal en Jamaica.
Por ello, los 11 jefes de gobierno que asistieron a la cumbre pidieron a la Asamblea General de la ONU o al secretario general Kofi Annan que supervisen una investigación sobre las afirmaciones de Aristide, quien dijo que agentes estadounidenses armados lo habían obligado a dejar el país el 29 de febrero, mientras los rebeldes amenazaban con atacar la capital haitiana.
Pero, además, mientras el Parlamento español aprobaba este envío de tropas, un teletipo de Efe informaba del encuentro de representantes del Caricom y funcionarios del gobierno interino de Haití en una ronda de conversaciones en Puerto Príncipe para intentar enderezar las maltrechas relaciones que mantienen. Se recordaba que todavía hoy el gobierno que encabeza Gérard Latortue y el presidente interino Boniface Alexandre no ha recibido el reconocimiento oficial de la organización caribeña.
También continúa vigente la petición del Caricom de una investigación a las Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre el derrocamiento de Aristide.
La prueba evidente de la ruptura que Zapatero llama «respaldo político» es que las propias «autoridades haitianas, y cito a Efe, sostienen que el Caricom sigue siendo el principal defensor de Aristide, pese a que el actual gobierno ya ha sido reconocido por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la OEA, entidades de las cuales forma parte la alianza caribeña». Por ello las autoridades haitianas han acusado en los últimos meses al Caricom de injerencia en los asuntos internos del país.
A la condena de la intervención y el no reconocimiento del Caricom también hay que sumar la posición del gobierno de Venezuela, que considera lo sucedido en Haití una evidente intervención norteamericana y una amenaza para la soberanía de los países latinoamericanos.
En cuanto a la postura de los haitianos, las organizaciones miembros de la Asamblea de Pueblos del Caribe, que incluyen a organizaciones de derechos humanos, de desarrollo rural, de mujeres, de la iglesia popular, entre otras, aunque han mantenido duras críticas contra el gobierno de Jean-Bertrand Aristide participando en la revuelta identifican como prioridad la lucha contra la actual ocupación militar de su territorio. Condenan las circunstancias en las que Aristide abandonó el país y la interferencia del Departamento de Estado en la política interna del país, así como la insurrección armada apoyada por la CIA. Denuncian que: «Las fuerzas estadounidenses intervinieron en Haití para desvirtuar y confiscar la victoria del Pueblo Haitiano contra la dictadura de Aristide».
Participar hoy en la fuerza multinacional que está ocupando Haití supone una vez más legitimar un intervencionismo militar de Estados Unidos y el derrocamiento de un presidente que llegó al poder por las urnas. Justificar esa presencia con argumentos de ayuda humanitaria es el mismo método con el que se participó en Iraq. Pretender convencernos de que militares y guardias civiles son las vías de ayuda humanitaria con las que los países ricos deben ayudar a los pobres es un insulto a la inteligencia.
Por todo ello, es de agradecer la postura del BNG en el Parlamento español, quien con su oposición al envío de tropas españolas recordó en el hemiciclo que «no es cierto que el señor Aristide se haya marchado voluntariamente. El señor Aristide fue secuestrado y ninguna resolución de la ONU puede legitimar un proceso contrario a lo que fue todo un régimen democrático, por muy corrupto que fuese. (…) era un Gobierno ilegítimo el que se estaba alzando enfrente de la legitimidad constitucional y que era un precedente muy poco aceptable la remoción inconstitucional de personas elegidas para sus cargos».
Es triste que quienes han mantenido durante toda su existencia una posición coherente de oposición a cualquier intervención militar comiencen ahora a dar carta de legitimidad a políticas norteamericanas que derrocan gobiernos elegidos en las urnas. No quisiera pensar que se ha utilizado al pueblo haitiano como moneda de cambio por quién sabe qué concesión del gobierno, prefiero creer que se trata de un grave error político que espero que expliquen a quienes seguimos pensando que no existen intervenciones humanitarias para después de las intervenciones paramilitares promovidas por Estados Unidos.
Tampoco puede eximir a Izquierda Unida el desconocimiento de los sucesos que rodearon el derrocamiento del presidente constitucional de Haití, entre otras razones porque quien escribe este texto es considerado por la organización asesor para asuntos de América Latina.
Izquierda Unida sabrá si quieren tener como socios a los ciudadanos que estamos en contra de las ocupaciones militares o a quienes desean su voto en el Parlamento para legitimar intervenciones.