«Eso es mentira, la Comunidad Valenciana es la que más desahucia; y todas esas casas están manchadas de sangre; y el resto (por el público de inversores y agentes del sector), también está comprando viviendas manchadas de sangre; un poco de vergüenza ante lo que está pasando; ¡vergüenza!». Una activista de PAH-Valencia irrumpió ayer en […]
«Eso es mentira, la Comunidad Valenciana es la que más desahucia; y todas esas casas están manchadas de sangre; y el resto (por el público de inversores y agentes del sector), también está comprando viviendas manchadas de sangre; un poco de vergüenza ante lo que está pasando; ¡vergüenza!». Una activista de PAH-Valencia irrumpió ayer en un acto sobre «Retos y oportunidades en el mercado inmobiliario actual» mientras la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, Isabel Bonig, intervenía. Hablaba, en concreto, sobre el rol de las administraciones, ante un auditorio de traje y corbata: «ofrecemos inmuebles, territorio y calidad de vida» a los inversores. En primera fila se hallaba el «invitado estrella», el consejero delegado de la SAREB (entidad conocida popularmente como «banco malo»), Jaime Echegoyen.
Una hora antes del acto -celebrado en un espacio muy conocido en Valencia, el centro cultural Bancaja, frente al cuartel de Capitanía General- la plataforma antidesahucios había convocado en la calle (a las puertas del centro) una rueda de prensa, donde unos 25 activistas se formularon en voz alta preguntas que no tuvieron respuesta en la jornada organizada, a las 11,30 horas, por el diario económico Valencia Plaza, con el apoyo del despacho de abogados Broseta y Solvia (inmobiliaria del Banco de Sabadell).
«¿Por qué la banca trata con tanta dureza y rigor a las familias que se quedan sin techo, a la hora de pedirles el pago de la hipoteca?, se interrogaba Luis Vargas, activista de la PAH. «Están desahuciando a familias con niños y además se les pide la deuda pendiente, al tiempo que la banca se dirige con aparente humildad al estado para que le rescate con los impuestos de todos; muchos pisos están en manos de la SAREB, que los ofrece a «fondos buitre» con quitas y descuentos que oscilan entre el 45 y el 70%», añadía.
«¿Por qué el estado, en lugar de montar tinglados como la SAREB, con un 55% de capital privado y un 45% de capital público, para aliviar los problemas de ciertos bancos y al mismo tiempo permitir que el resto haga negocio, no ha creado un mecanismo para que las familias recuperen su vivienda?». El portavoz de PAH-Valencia, José Luis González, se planteaba esta cuestión el mismo día que se conocía, por los datos del INE, que el País Valenciano era en el segundo trimestre de 2014 la tercera autonomía, tras Cataluña y Andalucía, en número de ejecuciones hipotecarias sobre vivienda (5.365).
Puntual entró en el centro cultural Bancaja la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, flanqueada por asesores y guardaespaldas, con una sonrisa brillante y «políticamente correcta». Cinco policías nacionales esperaban en la puerta (algunos de paisano merodeaban por el entorno). Justo enfrente de la puerta oficial, aguardaban los activistas de la PAH con una pancarta contra los desahucios, en un expectante silencio que sólo rompió el grito «¡Bonig, derecho a la vivienda!».
Ya en el interior, empezó con los parlamentos Manuel Broseta, presidente de Broseta abogados, compañía con la que la Generalitat Valenciana ha contratado servicios de consultoría para diferentes ERE aplicados en las empresas públicas. Por ejemplo, en el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA), que se saldó con una reducción de plantilla de 328 a 117 empleados, Broseta Abogados cobró del gobierno valenciano 28.000 euros por tareas de asesoramiento. La misma consultora también trabajó para la Generalitat en el ERE de Seguridad y Promoción Industrial Valenciana (SEPIVA), según informaciones de Valencia Plaza. Manuel Broseta ha destacado en la jornada sobre «retos y oportunidades» que la Comunidad Valenciana es «líder en segunda residencia para extranjeros» y que, según los expertos, «hay señales que permiten un cauto optimismo sobre la estabilización del sector, no por demanda finalista, sino por la llegada de inversores con liquidez». También destacó el papel de la SAREB en la «dinamización del sector».
A continuación accedió a la tribuna Isabel Bonig, quien además de consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, es secretaria general del PP valenciano y figura política en notorio ascenso. Comenzó su carrera como alcaldesa de la Vall d’Uixó (Castelló), entre 2007 y 2011, pero ya en la cumbre de la política valenciana, se la conoce sobre todo por su verbosidad, la querencia casi innata por el sector privado (sea en la vivienda social, sea en los parques naturales) y su confesada admiración, a la par que Esperanza Aguirre, por Margaret Thatcher. Ante un almidonado auditorio, ha afirmado que el sector inmobiliario «ha sufrido como el que más la crisis; es un sector que ha hecho ajustes muy importantes y que, aunque muchas veces denostado, ha realizado contribuciones fundamentales».
Bonig ha sacado pecho en torno a la nueva Ley Urbanística Valenciana, ya en vigor. «Ha sido ampliamente consensuada con el sector y con la Unión Europea». Además, «permitirá el desarrollo urbanístico durante los próximos años en el territorio». Ante posibles críticas y recordatorios del pasado reciente, la consellera se adelantó: «no se puede demonizar al sector de la construcción, ya que genera empleo y riqueza». Esta crisis, ha añadido, «ha permitido a la Comunidad Valenciana tener suelo clasificado para cuando la recesión remita, y así contar con ventajas competitivas». También ha subrayado Bonig que la Comunidad Valenciana ha tenido en los últimos cuatro años ingresos por venta de inmuebles a extranjeros, por valor de 4.000 millones de euros.
Javier Echegoyen, consejero delegado de la SAREB, ha sido el último en comparecer. Se esperaba su presencia, por la alta responsabilidad que desempeña y por el currículo del que hace gala. Se le presentó en la jornada de «Retos y oportunidades» como persona con «35 años de experiencia en el sector financiero internacional», por ejemplo, en las sedes de Madrid, Nueva York y Londres del Bank of America. Sin embargo, no se dijo en la presentación que Echegoyen abandonó el cargo de consejero delegado de Bankinter, en octubre de 2010, con una indemnización de 4,7 millones de euros (ese año percibió además un millón de euros como responsable de la citada entidad financiera). A continuación Echegoyen fichó como máximo responsable de Barclays en España.
Precisamente ayer se conoció también que el exdirector general de la SAREB, Walter de Luna, había fichado como consejero delegado de Acciona-Inmobiliaria (Walter de Luna percibió en 2013 una suma de 385.000 euros como director general del «banco malo»; ese mismo año, la presidenta de la SAREB, Belén Romana, percibió 295.000 euros). En el presente, en acto del centro cultural Bancaja de Valencia, Echegoyen ha destacado que cada vez «hay más inversores institucionales que se interesan por nuestros activos». «Somos una entidad privada, aunque con participación pública, que nació para resolver un problema; tenemos para ello 13 años de tiempo, una vida finita». «No somos un banco, porque no tenemos depósitos ni tampoco concedemos hipotecas; lo que hemos de hacer es reducir y liquidar nuestro balance».
La SAREB, ha explicado el consejero delegado, reúne activos procedentes de 9 cajas de ahorros por valor de 50.781 millones de euros. El «banco malo» gestiona 600.000 activos de diferente naturaleza, que en un 80% representan créditos y préstamos, y en un 20% viviendas, solares y hoteles. «Hemos recibido, por ejemplo, 48 obras en curso para concluir en 2014, y un sinfín de suelos». «Tenemos activos en cualquier rincón que os podáis imaginar de la península».
Un día antes de que se escucharan estos discursos, el Observatorio sobre la Pobreza y la Exclusión en la Comunidad Valenciana hacía público su informe: casi una cuarta parte de los valencianos vivían en 2013 por debajo del umbral de la pobreza; además, la renta per cápita de los valencianos se redujo un 11% desde 2008. El 25% de la población con mayor renta controlaba en 2007 el 43,14% de la renta total, porcentaje que ha aumentado al 45,32%. La pobreza infantil ha pasado del 17% al 25% con la crisis. «Comunidad Valenciana, territorio de oportunidades», reza un latiguillo habitual en los comunicados de prensa de la Generalitat.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.