El proyecto de ley hipotecaria, aprobado por el Congreso de los Diputados de España con los votos del derechista Partido Popular (PP), pone apenas un parche al drama de los desalojos por cuotas impagas y no garantiza protección a las familias afectadas, advierten activistas. Esta iniciativa, que seguramente el Senado transforme en ley dado que […]
El proyecto de ley hipotecaria, aprobado por el Congreso de los Diputados de España con los votos del derechista Partido Popular (PP), pone apenas un parche al drama de los desalojos por cuotas impagas y no garantiza protección a las familias afectadas, advierten activistas.
Esta iniciativa, que seguramente el Senado transforme en ley dado que el partido de gobierno también tiene mayoría allí, obtuvo media sanción después del fallo que el 14 de marzo emitió el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) contra el procedimiento de ejecución hipotecaria vigente en España al entender que es contrario a las normas del bloque de protección del derecho de los consumidores frente a cláusulas contractuales abusivas.
La sentencia otorga así poder a los jueces nacionales para suspender ejecuciones hipotecarias hasta revisar la existencia de cláusulas abusivas en los créditos otorgados para tal fin.
En España, que ostenta la mayor tasa de desempleo de la UE con 26,02 por ciento de los activos, quien no puede pagar la hipoteca de su vivienda es desalojado, se le confisca la propiedad -que es valuada por el propio banco- e igual debe seguir pagando lo que resta de la deuda contraída más intereses y mora.
Esta situación llevó en los últimos meses al suicidio a varias personas afectadas y despertó la movilización social.
El texto aprobado el jueves 18 en el Congreso de los Diputados acepta la intervención judicial para estipular la existencia de cláusulas abusivas, permite suspender los desalojos durante dos años en determinados casos y limita los intereses de mora de los créditos.
Sin embargo, no recoge la «dación en pago» (la entrega del inmueble a cambio de la cancelación de la deuda) general y retroactiva, una de las demandas básicas de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que con el respaldo de un millón y medio de firmas fue admitida a trámite el 12 de febrero por el Congreso legislativo.
«Esta es una ley para proteger a los bancos. Los poderes públicos están secuestrados», declaró a IPS la abogada Sara Vázquez, del capítulo en la sureña ciudad de Málaga de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
Este movimiento ciudadano acusa al gobierno de desvirtuar la ILP, que proponía también la moratoria de los desalojos y el alquiler social de viviendas vacías en manos de entidades financieras.
El Instituto Nacional de Estadística indica que en España hay 3,4 millones de viviendas vacías, casi 14 por ciento del parque inmobiliario, la mayoría propiedad de los bancos. Los desalojos sumaron alrededor de 363.000 entre 2008 y 2012, según un informe divulgado por la PAH en enero pasado.
La «Proposición de ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social» prevé la suspensión de las ejecuciones durante dos años para quienes cumplan ciertos requisitos de vulnerabilidad y obliga a los bancos a renegociar lo adeudado y aceptar quitas de 35 por ciento si se paga el compromiso en cinco años y de 20 por ciento si se hace en 10.
Vázquez consideró que «pagar 65 por ciento de la deuda en cinco años a partir de la fecha de la subasta (remate) es algo inviable para casi todas las familias afectadas».
«El PP decepciona y no está a la altura de la ciudadanía cuando aprueba una ley que desvirtúa los enunciados de la ILP», aseveró a una radio estatal la portavoz de la PAH a nivel nacional, Ada Colau, quien cree que la norma «excluye a la mayor parte de la gente afectada» por los desalojos.
Pero el gobierno de Mariano Rajoy se ha manifestado «muy satisfecho». Es una ley que se ha hecho «mirando a los ojos a miles de personas», que ahora verán «mejoradas sus condiciones de vida», declaró, tras la aprobación en Diputados, el portavoz de Economía del PP en el Congreso, Vicente Martínez.
Para Vázquez, los bancos españoles «se aprovechan del procedimiento de ejecución hipotecaria, que es ilegal según el fallo del tribunal europeo», y lo viene siendo «desde 1993, cuando se aprobó la ley de la UE de protección a los consumidores«.
¿Quién se pregunta «qué pasa» con los cientos de miles de familias desalojadas a lo largo de estos años sin opción a defenderse de las cláusulas abusivas en sus contratos?, interrogó.
«La mayoría de las familias desahuciadas (desalojadas) en España firmaron cláusulas contractuales abusivas», denunció Vázquez, quien habló de una situación de «infierno» en los juzgados porque, a la luz del fallo europeo, todas las familias afectadas tendrían derecho a pedir resarcimiento al Estado español por daños y perjuicios.
Mientras, los jueces comienzan a coordinarse para aplicar los criterios de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE.
«Dada la inactividad del gobierno, los jueces van por delante del legislador», comentó a IPS el abogado José Cosín, activista del núcleo malagueño de la PAH, que describe el proyecto de ley como «una venda sobre una herida mortal en la aorta».
Así, los jueces de primera instancia de Málaga acordaron el viernes 19 que frenarán los desalojos en caso de detectar abusos. Para el 8 de mayo, el Poder Judicial convocó a magistrados de todo el país para unificar criterios de aplicación de la sentencia del tribunal europeo.
Entre las cláusulas abusivas a las que hace referencia el tribunal de la UE están los intereses de mora de 18 por ciento, el vencimiento anticipado (desalojos por no pagar una o dos cuotas de una hipoteca a 30 años, por ejemplo) o la renuncia al beneficio de excusión que firmaban los avalistas.
Para fomentar el alquiler de viviendas vacías, el gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, una de cuyas provincias es Málaga, aprobó un decreto-ley el 9 de este mes que impone multas a bancos, empresas y particulares que no liberen unidades desocupadas para alquilar.
La norma también hará posible expropiar durante un periodo máximo de tres años el uso de los inmuebles en proceso de desalojo en caso de personas en emergencia social.
Andalucía, gobernada por el opositor Partido Socialista Obrero Español, es la segunda de las 17 comunidades autónomas de España en cantidad de desalojos, después de Valencia. Su desempleo alcanza a 35,8 por ciento, mucho más alto que la media nacional.