Hace unos días, con motivo de la convención del Partido Popular y del «tren de la libertad», se han producido dos declaraciones, en principio irrelevantes, pero que analizada fríamente adquieren una extraordinaria importancia; la primera de ellas realizada por el presidente del gobierno en la que, de forma vehemente, se dirigía al líder del PSOE, […]
Hace unos días, con motivo de la convención del Partido Popular y del «tren de la libertad», se han producido dos declaraciones, en principio irrelevantes, pero que analizada fríamente adquieren una extraordinaria importancia; la primera de ellas realizada por el presidente del gobierno en la que, de forma vehemente, se dirigía al líder del PSOE, Rubalcaba, para que callase si no reconoce los méritos de la gente, naturalmente refiriéndose a los supuestos méritos del PP en la gestión de la crisis. En paralelo el ministro de Justicia, experto en arruinar grandes ciudades, el Sr. Ruiz Gallardón, manifestaba, tras la masiva manifestación contra su reforma de la actual ley de interrupción voluntaria del embarazo, que nada le hará abdicar de sus compromisos, ¿con quienes habrá contraído tales compromisos?
Cuando se ordena o, en términos menos ácidos, se invita a callar públicamente a quien tiene voz para criticar se esta dejando entrever una reminiscencia de un viejo sentido de la propiedad de lo que se llama España. De idéntica forma, cuando el ministro Gallardón sostiene no enmendar su destino histórico, no hace sino ejercer su derecho de propiedad sobre su España particular, en este caso la ideológica. En ambos casos es algo mas que un tic autoritario, se trata de impedir que nadie cuestione sus derechos sobre la propiedad del país que gobiernan, de ahí que lo hagan contra los intereses de la mayoría (silenciosa, es lo que quieren) y en beneficio de los intereses de las clases oligárquicas. Los múltiples casos de corrupción aparecidos en las últimas décadas no son sino continuación de la costumbre hispana de hacer con la propiedad todo aquello que les viene en gana, incluso exprimirla en pos del enriquecimiento personal.
Y es que a lo largo de nuestra dilatada historia las «clases pudientes» han considerado a España como su territorio particular, algo que les pertenece por derecho natural, mientras que los menos afortunados (campesinos, obreros de las incipientes industrias y servidores públicos: ejercito, policías y funcionarios) habían de estar a su servicio. La insatisfacción de estos últimos, cuando se manifestaban en las calles, era acallada por las fuerzas del orden y por quienes dirigían las conciencias de los súbditos, la autoridad eclesiástica y sus curas. Y para la conservación de los valores tradicionales disponíamos de una frontera natural que nos separaba de Francia y del resto de Europa, propicia para cerrar el país e impedir la entrada de las corrientes innovadoras que, procedentes del exterior, pudieran poner en entredicho nuestro modelo de organización social.
Cualquier intento de dar cabida al pueblo llano en las tareas de gobierno fueron abortadas con el correspondiente Golpe de Estado, llegando incluso a una guerra civil cuando aquel no era suficiente para poner las cosas en su sitio. Durante el escaso periodo democrático reciente también ha habido sus intentonas golpistas, siendo el 23F el más notorio. Ahora vivimos nuevos tiempos y pertenecemos a la Unión Europea, de forma que los militares se han quedado en los cuarteles y, consiguientemente, se precisa de nuevas formulas para reconducir la situación, para que España les siga perteneciendo. Es memorable la escapada verbal de un antiguo ministro de Aznar, que ahora vuelve a serlo de Rajoy, que estando en la oposición durante el gobierno socialista de Zapatero aconsejaba dejar que el país se hundiera con tal de hacerse ellos con las riendas del mismo, como así ha sido.
El gobierno actual del Partido Popular, aprovechándose de su mayorías absolutas en el gobierno central y en la mayoría de comunidades autonómicas, esta llevando a cabo acciones muy perjudiciales para las masas que ellos consideran como subordinadas al poder (súbditos), desde las reducciones salariales, de asistencias sanitarias, sociales, educativas y culturales, la disminución (ya quisieran su abolición) de los derechos de manifestación y de expresión publica y el control de las judicatura y de los medios de comunicación. Se trata pues de establecer, de nuevo, el dominio sobre la España que nunca dejo de pertenecerle, pero que durante algún tiempo entendieron que se la habían robado. De ahí el interés en volver a los orígenes, a los tiempos del ¿»sabe usted con quien esta hablando»? Esperemos que la sociedad sepa responder a esta afrenta e impidamos entre todos que tal tropelía se produzca.
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