En 2023 se denegaron cuatro de cada diez solicitudes en nuestro país. Mientras, más de 191.000 personas esperan una respuesta de la que dependen sus vidas, un 56 % más que en el año anterior.
La cifra de desplazamientos forzados aumentó en 2023 hasta los 110 millones de personas en todo el mundo, según ACNUR. A esta odisea se une las cada vez mayores dificultades para solicitar protección internacional en Europa, y en concreto en España, que se ha convertido en un auténtico infierno político y administrativo. España se sitúa como el tercer país de la UE con más solicitudes (163.220) y el último en el reconocimiento de protección (12 % de aprobación), según confirma el informe Las personas refugiadas en España y Europa, publicado anualmente por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
En 2023, llegaron a Europa 292.985 personas de manera irregular, un aumento del 54,5 % con respecto a 2022 (189.620). Italia (54 %), España (19 %) y Grecia (16 %) fueron los principales destinos. El 91 % de estos desplazamientos se realizaron por el mar. El riesgo de esta travesía se refleja en los dramáticos 4.064 muertos o desaparecidos en las rutas del Mediterráneo y el Atlántico en 2023, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OMI).
Por otra parte, el número de solicitudes de protección en la UE llegó a las 1.129.800, un 17 % más que en 2022. Alemania (351.510), Francia (166.880), España (163.220) e Italia (135.815) fueron los principales países receptores de la UE. Las nacionalidades más representadas en estas solicitudes fueron Siria (186.375), Afganistán (109.555), Turquía (94.500), Venezuela (67.805) y Colombia (62.840). Cabe destacar el aumento de solicitudes de asilo presentadas por menores sin familia, que alcanzaron las 41.495, 40.215 en el año anterior.
La tasa de reconocimiento de asilo en la UE se situó en el 41,8 %, cifra muy alejada de la de nuestro país. Pese a ello, se quedaron sin resolver 1.144.085 solicitudes en el conjunto de la UE, un 29,5 % más que en el año anterior. En el caso de nuestro país, España registró la tasa más baja de toda la UE, tan solo un 12 %.
Durante el año pasado, España alcanzó un récord histórico en el número de solicitudes de protección internacional presentadas, con un total de 163.220, un incremento del 37,3 %. Cifra a la que hay que añadir 33.928 concesiones de protección temporal para personas desplazadas de Ucrania. Por otra parte, la tasa de reconocimiento disminuyó del 16,5 %, en 2022, al 12 %, en 2023. Así, España se sitúa como el tercer país de la UE con más solicitudes y el último en el reconocimiento de protección. Mientras que se denegaron cuatro de cada diez solicitudes de asilo, el número de solicitudes pendientes en España aumentaron en un 56 %. Hablamos de 191.095 personas que esperan una decisión. Las nacionalidades que concentran un mayor número de solicitudes pendientes son Colombia (30.527), Venezuela (11.931) y Perú (11.053). La Comunidad de Madrid fue la principal receptora de solicitudes de protección internacional (52.684), seguida de Andalucía (25.948), Cataluña (14.775), Canarias (8.621) y Galicia (8.438).
En cuanto a los perfiles de los solicitantes, siete de las diez principales nacionalidades solicitantes de asilo en nuestro país procedían de América Latina, Venezuela (60.534), Colombia (53.564) y Perú (14.308) fueron los tres principales países de origen. Casi el 80 % de solicitudes.
CEAR denuncia cómo persistieron los problemas de identificación en el acceso al procedimiento de asilo, en muchos casos relacionados con la escasez y problemas técnicos a la hora de pedir cita previa para solicitar asilo. Una situación que alimentó un mercado de compraventa de citas y provocó la indefensión de miles de personas.
Además, desde la Comisión recalcan como en los Centros de Internamiento de Extranjeros continuaron las dificultades en el acceso a la información y asistencia a la hora de solicitar protección, siendo representativo el número de casos de personas que, tras solicitar protección y ser internadas en estos centros, no pudieron acceder a los recursos legales necesarios para defender sus derechos.
Sin embargo, los casos de trato inhumano no se reducen únicamente a los CIE. Tan solo en diciembre, más de 250 personas solicitantes de asilo se encontraban en condiciones de hacinamiento e insalubridad en salas de aeropuerto. Estas condiciones vulneran la normativa europea y motivaron acciones legales por parte de CEAR y el Defensor del Pueblo. Situación que parece que empeorará con el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, aprobado en abril.
CEAR denuncia como este acuerdo refuerza el control de las fronteras y se centra en impedir que las personas lleguen y en expulsarlas lo antes posible. Por todo ello, esta organización reclama que se tome como modelo la respuesta frente a los desplazamientos forzados de Ucrania y se impulse un cambio que se centre en la protección de los derechos de estas personas.