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El Gobierno autorizó durante el primer semestre de 2008 la venta de material bélico a Israel, Colombia, China, Marruecos y Pakistán

España no cumple con la nueva ley de comercio de armas

Fuentes: Greenpeace

Amnistía Internacional, Intermón Oxfam, Greenpeace y Fundació per la Pau denuncian que España continúa exportando armas a destinos preocupantes, después de analizar las estadísticas oficiales sobre el comercio exterior de material de defensa y de doble uso del primer semestre de 2008. Estas cifras son las primeras que se publican tras la entrada en vigor […]

Amnistía Internacional, Intermón Oxfam, Greenpeace y Fundació per la Pau denuncian que España continúa exportando armas a destinos preocupantes, después de analizar las estadísticas oficiales sobre el comercio exterior de material de defensa y de doble uso del primer semestre de 2008. Estas cifras son las primeras que se publican tras la entrada en vigor en 2008 de la nueva ley sobre venta de armamento.

Las organizaciones piden a la Secretaria de Estado de Comercio que en su comparecencia de mañana ante el Congreso aclare por qué España sigue vendiendo material de defensa a países en los que no hay garantías de que no será utilizado para violaciones de derechos humanos o represión interna.

En su artículo 8, la ley española establece que no se autorizarán exportaciones de armas cuando existan indicios racionales de que éstas pueden emplearse en acciones que perturben la paz, la seguridad y los derechos humanos. «Es alarmante que a pesar de lo que marca la ley, España exporte armas a Colombia, Israel, Marruecos y Pakistán, entre otros lugares. En definitiva, a países en los que hay riesgo de que las armas contribuyan a violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario», señala Mónica Costa, portavoz de Amnistía Internacional.

Las organizaciones insisten en que el Gobierno debe ofrecer información detallada sobre los criterios utilizados para autorizar exportaciones a países en los que hay conflictos armados o situaciones de violencia extrema. Además, debe aclarar qué informes de instituciones internacionales u ONG sobre la situación de derechos humanos en estos países ha utilizado para de valorar la situación. El Congreso de los Diputados debe exigir al Gobierno información exhaustiva a este respecto.

La nueva legislación permite conocer la naturaleza pública o privada de los usuarios finales de las armas españolas y la información sobre el número de denegaciones efectuadas. Sin embargo, siguen sin conocerse las causas precisas que han motivado dichas denegaciones.

Los últimos datos oficiales tampoco reflejan las características exactas del material exportado y el uso final de los productos. «Esta falta de transparencia en el tipo exacto de armamento transferido dificulta el seguimiento y el control parlamentario de las exportaciones de armas a lugares donde no hay garantías de que fomentarán conflictos armados, violaciones de derechos humanos o tendrán un impacto negativo en el desarrollo sostenible de los pueblos«, afirma Francisco Yermo portavoz de Intermón Oxfam.

Armas de caza y tiro deportivo Un paso positivo con referencia a años anteriores es el control al que ahora son sometidas las armas de caza y tiro deportivo y sus municiones, una reivindicación histórica de las ONG recogida en la mencionada ley y que por primera vez queda reflejada en las estadísticas oficiales. Según las estadísticas, en los primeros seis meses de 2008 se realizaron operaciones por valor de 11,5 millones de euros. La partida más importante fue a Ghana (casi 1, 3 millones de euros).

Aunque sin duda el control de este tipo de material es un avance importante, «El Gobierno debe explicar qué medidas ha tomado para garantizar que estas armas no acaban en manos equivocadas y reforzar su control cuando sea necesario. Ghana es un país ubicado en una zona de gran inestabilidad, con varios países a su alrededor en situación de conflicto o posconflicto«, asegura Eugeni Barquero, portavoz de la Fundació per la Pau..

Es importante que el Congreso no apoye medidas para «relajar» el control de este tipo de armas. Esta petición es aún más pertinente después de que el pasado verano, la Secretaria de Estado de Comercio admitiera en el Congreso de los Diputados que el destino final de estas armas no era necesariamente Ghana y apuntó a Nigeria, un país con graves conflictos sociales y armados.

Ventas de material de defensa a Israel por valor de 1,5 millones de euros… España vendió durante el primer semestre de 2008 material de defensa a Israel por valor de 1,5 millones de euros. El 95% de este material se destinó a las fuerzas armadas israelíes. Según las estadísticas oficiales, se trata de armas con cañón de ánima lisa y un calibre inferior a 20 milímetros. Entre ellas, revólveres, fusiles y ametralladoras. También se exportaron a Israel o equipos de formación de imagen y de contramedida; y se autorizaron nuevas ventas por valor de 157.000 euros.

El Gobierno ha tratado de dar explicaciones sobre el uso final de estas ventas. Aunque el hecho de que se de más información es un avance, estos datos deberían estar reflejados en las estadísticas oficiales del Gobierno para eliminar dudas y arrojar claridad sobre qué productos, su uso final y con qué garantías se ha vendido a Israel. «En cualquier caso, dada la inestable situación en Gaza y con serias denuncias que apuntan a crímenes de guerra por lo ocurrido antes del alto al fuego, lo último que hace falta en la zona son más armas. No se pueden autorizar exportaciones que contribuyan directa o indirectamente exacerbar el conflicto en la zona y a cometer violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.», dice Costa. … Y de 110 millones de euros a Colombia España autorizó transferencias de armas a Colombia por valor de 110 millones de euros. El tipo de material exportado es el perteneciente a la categoría 10, aeronaves. «Colombia lleva sumido desde hace más de cuatro décadas en un conflicto armado en el que todas las partes cometen graves violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Por ello, se deben detener todas las exportaciones de material de defensa a las Fuerzas Armadas colombianas hasta que se hayan aplicado plenamente las recomendaciones formuladas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas pata los Derechos humanos«, concluye Mabel González de Greenpeace.