Entre el 9 y el 11 de julio se celebró en Washington la Cumbre de la OTAN-2024; la organización militar, de la que forman parte 32 países, “nunca antes fue tan grande, tan fuerte ni tuvo tantos recursos”, valoró la hoja informativa sobre el evento difundida por el Departamento de Estado estadounidense; uno de los anuncios consistía en aportar una financiación (inicial y mínima) de 40.000 millones de euros en 2025 “para que Ucrania triunfe” en el conflicto con Rusia.
El documento de la Casa Blanca señala que la OTAN ha establecido contratos por valor de 10.000 millones de dólares en armamento y municiones, con el fin de “reponer las existencias de los Aliados”; uno de los argumentos en defensa de este gasto es la creación de empleo en Estados Unidos.
Otro punto destacado de la Cumbre es el denominado fortalecimiento de las alianzas mundiales; en este punto, respecto a los adversarios geopolíticos de la OTAN, el texto manifiesta “la relación militar y económica cada vez más preocupante entre Rusia y la República Popular Democrática de Corea, y el apoyo de la República Popular China a la base industrial de defensa de Rusia”.
A la escalada global no es ajeno el Estado español; el Grupo Antimilitarista Tortuga y el investigador Juan Carlos Rois han señalado, en un informe de finales de junio, que en el primer semestre de 2023 el Gobierno de España aprobó un volumen de gasto militar extra de al menos 14.000 millones de euros (para 2024 y los años siguientes).
Entre las principales partidas figura el convenio de colaboración militar con Ucrania (6.129 millones de euros); la autorización de la celebración del contrato para la adquisición de sistemas de defensa Patriot (2.383 millones), y el acuerdo para el suministro de “material de refuerzo para capacidades militares” (1.129 millones).
En las fechas que la OTAN conmemoraba -en Washington- el 75 aniversario de su creación (y también la incorporación de dos nuevos países, Suecia y Finlandia), el Centre Delàs d’Estudis per la Pau difundió la investigación El clima en el punto de mira, realizada por Transnational Institute; Stop Wapenhandel de Países Bajos y Tipping Point North South del Reino Unido; el documento adopta como punto de partida el gasto militar global de la OTAN (1,34 billones de dólares en 2023, cifra del SIPRI), y lo relaciona con las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
Una de las conclusiones del informe es que la citada inversión bélica de 2023 produce cerca de 233 millones de toneladas métricas equivalentes de CO2, y ello supone “más que las emisiones anuales de GEI de Colombia o Qatar”.
También en términos comparativos, la huella de carbono militar total (estimada) de la OTAN aumentó en 30 millones de toneladas métricas equivalentes de CO2 en dos años (entre 2021 y 2023); es decir, “el equivalente a más de ocho millones de coches adicionales en las carreteras”.
Los autores de El clima en el punto de mira añaden que las compañías de armamento son las beneficiarias del aumento en el gasto militar; así, “la cartera de pedidos de 10 de las principales empresas armamentísticas mundiales creció una media de más del 13% entre 2022 y 2023”.
Tampoco el Estado español está alejado del negocio guerrero, según el documento reciente del Centre Delàs Business as usual. Análisis del comercio de armas español de 2022-23 y argumentos para un embargo de armas a Israel, (junio 2024); las exportaciones de armas españolas en 2022 aumentaron un 24% en relación con 2021; las cifras oficiales recogidas en el documento apuntan, asimismo, que las exportaciones de material de defensa y doble uso españoles sumaron 1.754 millones de euros entre enero y junio de 2023.
¿Qué posición ocupa el estado español en las clasificaciones sobre el comercio global de armas? “España continúa ocupando los primeros puestos en el ranking mundial de exportaciones”, concluye el informe; en concreto, en el noveno lugar en 2023, según el Instituto de Investigaciones para la Paz de Estocolmo (SIPRI), principalmente por la venta de aeronaves militares.
El reporte del Centre Delàs señala, respecto al caso español, que la mayor parte de las exportaciones de material bélico tienen como destino países de la UE y la OTAN; entre otros ejemplos se cita el avión de transporte militar A400M (231,2 millones de euros); el avión de combate Eurofighter (162,2 millones) o el misil Meteor (29,4 millones).
Respecto a los países en conflicto, es importante la escalada en el caso de Ucrania: exportación de armamento español por valor de 31,3 millones de euros en 2022, que se elevaron a 102 millones en el primer semestre de 2023; y, en cuanto a Israel, “las relaciones militares se han mantenido, en lo esencial, como venían siendo antes del 7 de octubre de 2023” (inicio de la masacre israelí en la Franja de Gaza);
Por ejemplo, la empresa Nammo Palencia exportó municiones a Israel –en noviembre de 2023- por valor de 987.000 euros; otro aspecto destacado es la exportación a Israel de material incluido en las categorías Armas y municiones; además de Carros y automóviles blindados de combate, incluso armados; partes (“según la base de datos de Comercio, su destino final es Filipinas”, apunta el Centre Delàs).
Los análisis sobre el financiamiento del comercio armamentístico pueden seguirse a escala global y estatal, pero también regional/autonómico; los investigadores Jordi Calvo, Max Carbonell y María Fraile concluyen en el caso de las cooperativas de crédito implantadas en el País Valenciano (La financiación de las armas y la (i)reesponsabilidad social Corporativa -RSC-, Centre Delàs dEstudis per la Pau, marzo 2024):
“No encontramos actualmente inversiones en empresas de armas, pero sí mucha disparidad en la presencia de políticas de RSC (…); de las ocho cooperativas analizadas, dos no tienen ningún tipo de política (Solventia y otras entidades del Grupo Caja Rural) y el resto la tienen de grado bajo o medio (Ruralnostra, Cajamar o RGA), excepto Caixa Popular que tiene grado alto y es más bien una excepción”.
Tal vez la relevancia de estas investigaciones está en que tres de cada cuatro armas que se venden en el mercado es posible gracias al respaldo de los bancos y otras entidades financieras (Centre Delàs, último informe citado).
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