Puede y debe separarse la acción de Estado de los intereses económicos de las empresas privadas que actúan bajo su bandera en territorio extranjero. Pero no es el caso. El gobierno del PSOE defiende la empresa privada Repsol, pese a las imputaciones de fraude, corrupción, malversación y contrabando de petróleo. La política exterior de un gobierno, disque democrático, debe ser capaz de proceder en consonancia y no contribuir a desestabilizar un proceso político bajo amenazas veladas. Sin embargo, lo promueve descalificando la nacionalización al considerar que vulnera la ley de inversiones extranjeras. Igualmente lleva al ridículo a sus dirigentes con apelativos que tienden a poner en inferioridad a sus pueblos y sus instituciones. Bajo el uso de testaferros, periodistas, intelectuales y tertulianos proyecta una imagen de país sumido en la degradación moral y política, donde los problemas no se arreglan nacionalizando los hidrocarburos y las riquezas naturales. Los medios de comunicación públicos presentan una imagen de Bolivia donde medidas como la anterior preocupan a los países vecinos.

Mientras, en España, la oposición y los medios de comunicación privados se suman a dicha campaña avasallando y profiriendo insultos. Los programas de televisión de todas las cadenas emiten especiales invitando a reporteros de La Vanguardia, Expansión, El Mundo, El País, ABC, La Razón, Radio Nacional de España, Cadena Ser, Onda Cero, COPE, Punto Radio, El Periódico, Diario Vasco, etcétera. Sin excepción y ya es raro, coinciden en llamar populista, trasnochado, manipulador, mentiroso e izquierdista al presidente Evo Morales. Ya no digo a su vicepresidente Alvaro García Linera. Todos se regodean en exigir al gobierno del PSOE medidas de fuerza, haciendo hincapié en la desvergüenza del indigenista de atacar los intereses de las empresas que fueron a invertir para ayudar al desarrollo, crear empleo y favorecer el progreso del país. En programas clave, Los desayunos de Televisión Española, El ruedo ibérico o La mirada crítica, los más vistos, y en las tertulias de las cadenas de radio más escuchados el problema se construye de esa manera. Las empresas españolas fueron con buenas intenciones y con objetivos filantrópicos a crear empleo, riqueza y desarrollo y ahora son penalizadas por un gobierno manejado desde fuera por Fidel Castro y Hugo Chávez. Eduardo Zaplana, portavoz del Partido Popular, se despachó a gusto en Antena 3 y llamó al presidente de Bolivia «tipejo de la peor especie». Y le dijo al presidente de gobierno que ya sabe lo que pasa si se perdona a Bolivia parte de la deuda externa, que esto con José María Aznar no pasaría. La presentadora tomó nota y los demás contertulios asintieron sin rechistar. Javier Solana, el hombre fuerte de la diplomacia de la Unión Europea, en entrevista con Televisión Española, dijo sin arrugarse que Morales no entendió las ordenes y que debía atenerse a las consecuencias. Destacados políticos de los partidos Socialista, Popular, Nacionalista Vasco, Convergencia i Unió y de índole regional han mostrado su preocupación ante la decisión y exigen medidas que obliguen a rectificar al subordinado. El imperialismo español de las trasnacionales opera en todo su esplendor.

Para la mayoría de los partidos políticos, incluidos dirigentes sindicales de Comisiones Obreras y UGT, exceptuando Izquierda Unida, se trata de una medida trasnochada y el principal argumento descalificador se concreta en un rotundo «han sido unos mal educados». No han respetado las formas. Evo Morales debió haber consultado, avisar y, al mismo tiempo, reunirse con las empresas y el gobierno de la corona antes de tomar cualquier decisión. De haberlo hecho, seguramente habría evitado este desaguisado. O se podría haber llegado a un acuerdo entre «caballeros». Pero claro, se precipitó. No tuvo paciencia. Es un golpe contra los empresarios y las inversiones extranjeras. El país se resentirá, no sabe lo que hace, recibe órdenes de Fidel Castro.

Mario Benedetti señala que a los españoles, sobre todo a los progresistas, les gusta apoyar las revoluciones fracasadas, pero no las triunfantes. Ello exige principios y compromiso. Si hoy se tratase de las nacionalizaciones chilenas de Salvador Allende del cobre o las del petróleo de México con Lázaro Cárdenas, seguramente se opondrían. Así apoyan a compañías trasnacionales como Repsol, Endesa, Santander Central Hispano, BBV, Telefónica o Iberdrola. La piña entre gobierno y empresas permite disfrutar de un buen nivel de vida a una mayoría de españoles a costa de la pobreza y miseria de los países donde van a radicarse. Sólo que esa parte oscura prefieren no destaparla. Sean gobiernos socialistas o del Partido Popular, sus políticas han creado un subimperialismo. Descapitalizan, roban, explotan, destruyen el medio ambiente, exterminar la población aborigen, eso sí con el consentimiento de gobiernos cipayos latinoamericanos. Cuando triunfan coaliciones y proyectos políticos cuyos programas tienen como objetivo recuperar la dignidad, la soberanía, entonces se dedican a conspirar para su destrucción y caída. Su acción es tildarlos de no respetar las reglas del juego, las neoliberales, claro está. Es decir, se trata de que no se interfiera en el mecanismo para obtener sus beneficios. Los casos de Bolivia con Repsol y Chile con Endesa, propietaria de 62 por ciento de los recursos hidráulicos, es significativo. Sus ganancias son repatriadas a España y sirven para aumentar sus recursos gracias a la sobrexplotación de los trabajadores bolivianos y latinoamericanos cuyos sueldos de miseria no cotizan en bolsa.

Las grandes compañías españolas que actúan hoy en América Latina se oponen a la nacionalización cuentan con el aval del PSOE y el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Romper esta unidad no es viable en el corto y mediano plazo. Los intereses de España en América Latina son fundamentalmente económicos y los políticos están en un segundo plano. Además, la dependencia con respecto a Estados Unidos en esta dimensión es grande. Si se produce una ruptura supondría reconocer la capacidad de un gobierno como el de Bolivia para ejercer su derecho a recuperar sus riquezas básicas para construir una Bolivia digna, soberana y productiva, y vivir bien. Pero como en 1970 las nacionalizaciones y la política de soberanía supuso desestabilizar Chile hasta conseguir un golpe de Estado, España puede en el siglo XXI continuar la misma senda, y esta vez la excusa no sería el anticomunismo, sino no respetar las reglas del juego de Repsol, todo un logro de la globalización.