La decisión del parlamento español a través de un «voto de censura», establecido en la Constitución española ha puesto fin a seis años de gobierno encabezado por Mariano Rajoy, herederos legítimos de la dictadura franquista, representados por el Partido Popular, aliados fundamentales de la oligarquía española, de la parasitaria Casa Real y los grandes empresarios […]
La decisión del parlamento español a través de un «voto de censura», establecido en la Constitución española ha puesto fin a seis años de gobierno encabezado por Mariano Rajoy, herederos legítimos de la dictadura franquista, representados por el Partido Popular, aliados fundamentales de la oligarquía española, de la parasitaria Casa Real y los grandes empresarios del país ibérico, que ya controlan el 53% de la riqueza nacional producto de la aplicación nefasta de las políticas neoliberales y de privatización del patrimonio público.
Ahora el voto de censura y el término del gobierno del Partido Popular, está determinado por la trama de corrupción política-empresarial, en donde han estado involucrados diversos miembros (29) del partido de la derecha española. La decisión tomada por el parlamento, es producto además de la representación de la soberanía popular que se ha expresado en el voto de 180 parlamentarios por el voto de censura de dicha entidad legislativa y los 12 millones de electores que representan este voto de censura.
Cabe recordar que la trama de corrupción gestada desde el Partido Popular es de larga data y tiene su origen en el gobierno de José María Aznar, en donde uno de los casos más relevantes es el de Rodrigo de Rato, aristócrata y político español perteneciente al Partido Popular (PP) fue vicepresidente del Gobierno de España y ministro de Economía durante los gobiernos Aznar. Además ocupó el cargo de director gerente del Fondo Monetario Internacional hasta su dimisión el 19 de junio de 2007, desde donde ya se sospechaba de los ilícitos cometido por este delincuente económico, dirigió el grupo financiero Bankia entre 2010 y 2012, y desde 2013 desempeñó el cargo de consejero asesor para Latinoamérica y Europa de Telefónica. El 16 de abril de 2015, fue detenido y puesto en libertad, tras varias horas de registro de su domicilio por la Agencia Tributaria (AEAT), por los delitos de fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. El 23 de febrero de 2017 fue condenado a cuatro años de cárcel, por un delito continuado de apropiación indebida entre 2003 y 2012, en el caso de las tarjetas black.
Y recientemente y al calor del debate por el voto de censura al gobierno del PP y la trama de corrupción, se produce la detención del ex ministro del Trabajo durante el Gobierno de José María Aznar, Eduardo Zaplana quien ha sido detenido en su domicilio de Valencia acusado por los delitos de blanqueo de capitales y otros ilícitos fiscales. La detención la han practicado agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la ‘Operación Erial en una operación que continúa abierta y en la que se han producido más detenciones. De allí que la trama de corrupción del Partido Popular no es nueva y prácticamente se encuentra involucrada toda una generación de miembros del partido, que han ocupado responsabilidades de gobiernos en sus diversos niveles. El que fuera ministro de Trabajo con Aznar y portavoz del PP en el parlamento, Eduardo Zaplana, está acusado además de haber enviado dinero a paraísos fiscales procedente de comisiones obtenidas por adjudicaciones de contratos de forma irregular.
La decisión del parlamento español obedece además a la resolución de la justicia española que ha condenado a estas 29 personas, entre empresarios y políticos del PP, involucrados en las trama de corrupción. En este sentido la propia justicia ha calificado al Partido Popular de haber actuado como una mafia política y los a condenados a pagar una multa de alrededor de 250 mil euros. La justicia además ha señalado que Mariano Rajoy en su comparecencia ante los tribunales de haber mentido y no haber contribuido a la verdad, transformándose así en un cómplice encubierto de la trama de corrupción del Partido Popular.
De acuerdo a especulaciones de la prensa española, este ha sido un duro golpe a la figura de Mariano Rajoy puesto que sus ambiciones como jefe de gobierno en futuras administraciones se ha visto seriamente dañada ya que sus intenciones eran eternizarse en el poder. Ahora el PP tendrá que verse abocado a levantar nuevas figuras confiables como líderes del partido franquista para las próximas elecciones. A raíz de la trama de corrupción del PP, una de las últimas encuestas señala que el Partido Popular se derrumba a un ritmo vertiginoso . Si las elecciones generales se celebrasen durante estos días, Mariano Rajoy solo atraería al 16,8% de los votantes y su formación se quedaría como cuarta fuerza política en el Parlamento al conseguir tan solo 63 escaños., muchos votos irían a parar al grupo político Ciudadanos, a la abstención y dispersión de sufragios.
Otro aspecto que destaca en este voto de censura del parlamento, es que Rajoy ha sido destituido por lo que demanda la propia Constitución franquista y que ha coronado a España como una seudo democracia, que resguarda muy bien los intereses de la Casa Real parasitaria y la oligarquía española.
Al calor del voto de censura al presidente del gobierno, se consolida la decisión del electorado español, por poner fin al «bipartidismo», dando paso a la aparición de nuevas fuerzas políticas en el hemiciclo parlamentario, generando así una mayor diversidad política y en donde destacan grupos políticos como Unidos Podemos (progresismo) y Ciudadanos (centro-derecha), estos últimos son aliados coyunturales del Partido Popular.
Los medios de prensa españoles destacan además que la destitución de Mariano Rajoy y la suma de la crisis de gobernabilidad existente en Italia, ponen en jaque la estabilidad de la Unión Europea, en una crisis con muchas aristas, producto de la diversidad de intereses en juego y la corrupción política en ambos países.
La destitución de Mariano Rajoy y la corrupción de miembros de su partido, tiene mucho que ver además con la implementación del modelo económico capitalista neoliberal, que por esencia lo corrompe todo, lo privatiza todo, que afecta el gasto público y las políticas sociales, generando desempleo e inseguridad ciudadana, aumentando diversas forma de pobreza y grandes desigualdades sociales y que afectan de forma especial a las nuevas generaciones y a las mujeres. En este sentido cabe destacar que la nueva modalidad que utilizan los capitales cuando se trata del mercado laboral, es solo ofreciendo trabajos temporales, precarios y mal pagados, de allí que la reducción del empleo en España, ha tenido un carácter meramente ficticio y muy manipulado por las cifras oficiales.
Al momento de ser destituido Mariano Rajoy el país cuenta con un 38% desempleo juvenil y dentro de la población laboralmente activa, el 17% se encuentran desempleado, en una economía española que está sometida a los vaivenes especulativos de las mafias financieras internacionales y con llamados de atención permanente del Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, pues es una economía con reflujos que flujos y más bien inestable.
Ahora los grandes beneficiados con la implementación de las políticas neoliberales han sido los grandes empresarios españoles y las familias más ricas del país, que ya controlan el 53% de la riqueza nacional. Son los grandes gestores de la corrupción, los cuales acostumbran a comprar y sobornar políticos de centro derecha, financiando sus campañas electorales, para que luego estos, desde el parlamento sean los guardianes del poder del dinero.
La trama de corrupción del Partido Popular y otros escándalos políticos de trascendencia nacional y la aplicación de políticas económicas de corte neoliberal, han marcado finalmente la crisis y la decadencia de los representantes de la derecha española y legado franquista. Todo esto acompañado además en países donde suele imperar el tráfico de influencias, el nepotismo político, los conflictos de intereses y la propia corrupción. Una corrupción institucionalizada que es condenada profundamente por el electorado español. Cuyos representantes institucionales meten la mano para favorecer principalmente a sus redes familiares y clientelares más próximas y todo por el Dios dinero, al que aman profundamente.
Eduardo Andrade Bone. Comunicador Social Analista Político, Corresponsal de prensa AIP/MP
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