España y el reconocimiento de Israel

[En este texto, publicado en El País, de septiembre de 1985] Los autores se muestran contrarios al reconocimiento de Israel por el Gobierno español. Pocas horas después de que el ministro de la Presidencia, Javier Moscoso, haya reiterado las afirmaciones del presidente del Gobierno, en el sentido de que el establecimiento de relaciones se hará dentro de la actual legislatura, defienden la tesis de que la situación actual [de entonces] no es una «flagrante anormalidad».

Introducción del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe (CSCA)

Ahora, a los más de veinte años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre el Reino de España e Israel, es conveniente revisar lo que decíamos y contrastar con la realidad las previsiones que se efectuaron esos días.

Está claro, que desde las posiciones pro-israelíes del PSOE de aquella época, empezando por Felipe González Márquez y toda una serie de pioneros del sionismo como Josep Borrell, Enrique Múgica, etc sólo se buscaba la oportunidad de establecer relaciones. Para pertenecer a la Unión Económica Europea había que dar ese salto, como para la inserción occidentalista se tenía que acometer el respaldo a la integración en la OTAN, efectuada años antes por el gobierno post-golpista de la UCD de Calvo Sotelo.
Por supuesto, las argumentaciones de contribuir a un escenario de paz y de apoyo a la causa palestina han sido meras metáforas. Se compensa en caridad lo que no se postula en el plano político.
La ocupación sionista ha seguido y se ha ampliado cuantitativamente. Los acuerdos bilaterales científicos, militares, económicos, etc se han realizado, incluso con la desfachatez de firmarlos en Jerusalén, territorio ocupado. Nadie ha reclamado por infraestructuras destruidas por un invasor recurrente.
El apoyo de Solana o Moratinos a un Acuerdo Israel-Unión Europea de Vecindad, figura de más enjundía todavía que el actual Acuerdo de Asociación no denunciado a pesar de la vulneración de su articulado, dibuja en la práctica el cinismo de la política exterior europea y española.
Y a pesar de todo esto, se sigue resistiendo. En Palestina. En los campos de refugiados.
En nuestro país, frente a la pasividad fáctica y la acomplejada servidumbre de la política exterior española a la estadounidense, también se debe mantener la resistencia. Y avanzar:
– Denunciando los atropellos sionistas
– Formulando actividades de visualización y apoyo a la resistencia palestina
– Realizando actividades de solidaridad económica
– Modificando las posturas de aceptación de los hechos consumados israelíes por el Gobierno y de los partidos que le apoyan.

En carta dirigida al secretario general de la Liga Árabe, Felipe González afirmaba que «la flagrante anormalidad de la inexistencia de relaciones diplomáticas con Israel será corregida en el momento en que España lo considere oportuno y conveniente, sin detenerse ante posibles presiones en un sentido o en otro». Pasando por alto el hecho de que, como en otros contenciosos de la política exterior de nuestro país, el presidente del Gobierno, amparándose en las prerrogativas de su cargo, identifica a la nación y a sus intereses con el Ejecutivo y los suyos propios, cabe aducir una amplia gama de razones que, sin caer en la categoría de presiones, cuando menos ponen en duda que la negativa a reconocer a Israel sea una flagrante anormalidad y que cuestionan la obligatoriedad y la naturalidad de la medida apuntada por el Presidente. Existe todo un arsenal bibliográfico -en gran medida nutrido por datos procedentes de organismos internacionales- que documenta exhaustivamente el drama contemporáneo del pueblo palestino. Nada que se diga a favor o en contra del Estado de Israel puede olvidar que tras la polémica que arranca del primer congreso sionista de 1897 llega hasta nuestros días, sin haber perdido un ápice de su virulencia, está permanentemente presente el cuestionamiento efectivo de la identidad de Palestina como nación: la historia del proyecto, fundación y consolidación del Estado de Israel no es el relato mítico de un pueblo de regreso a su tierra, sino la narración del éxodo forzado de otro pueblo, el palestino, que con 4.000 años de historia real no precisa de ningún texto para demostrar su homogeneidad y arraigo nacionales. Por tanto, como premisa previa, es necesario rechazar decididamente la reducción al absurdo argumental del antisemitismo como estrategia destinada a eludir los verdaderos contornos del problema, y Centrar el tema en la esencia política del proyecto sionista y en las consecuencias que su aplicación ha traído al pueblo palestino y al mundo árabe.Razones históricas, políticas y formales pueden justificar el cuestionamiento del establecimiento de relaciones con Israel.

El proyecto sionista de creación de un Estado judío en Palestina pudo concretarse y llevarse a cabo porque confluía con intereses coloniales en la región próximo oriental. Habida cuenta del carácter minoritario de la población judía de Palestina (8% de la población total en la primera década del siglo), los teóricos del sionismo buscan el establecimiento del protectorado de una potencia extranjera -Turquía o el Reino Unido- que garantice el papel que el sionismo ofrece: «Para Europa, constituiríamos en la región un sector de la muralla contra Asia; seríamos el centinela avanzado de la civilización contra la barbarie. Nos mantendríamos como Estado neutral, en relación constante con toda Europa, la cual debería garantizar nuestra existencia», explicaba Herzl en la génesis del proyecto. Como consecuencia de esta concordancia de intereses y ante la negativa del sultán turco, el Reino Unido, por medio de la declaración Balfour, del 2 de noviembre de 1917, «… encara favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar nacional judío…». Francia, Italia y EE UU emitirán declaraciones parecidas. Por encima de antiguas consideraciones estratégicas (escisión territorial entre Egipto y Siria, control del canal de Suez), es de destacar la irregularidad de tal promesa. En primer lugar, porque el Reino Unido adquiere por medio de un documento no oficial un compromiso sobre un territorio que no controla en ese momento -su dominio posterior sobre Palestina, fruto de la I Guerra Mundial, no le confiere autoridad legal para determinar su futuro-, y en segundo lugar, por que, al incorporarse la promesa Balfour al mandato sobre Palestina que la Sociedad de Naciones otorga al Reino Unido el 24 de julio de 1922, el organismo internacional vulnera su propio articulado, que garantiza la inviolabilidad de la unidad de los territorios bajo mandato.

Entradas ilegales

Desde este momento y hasta la creación del Estado, la agencia judía internacional, ignorando los cupos anuales de emigración judía a Palestina fijados por el Reino Unido, introduce en el país ilegalmente a decenas de miles de judíos. Los porcentajes de población judía ascienden del 11% de 1922 al 32% de los primeros años cuarenta.En 1947, el Reino Unido – tras haber fijado en 1939 un período final de cinco años pata la admisión de emigrantes judíos y la creación de un Estado palestino independiente en un plazo de 10- reconoce su incapacidad para contener el enfrentamiento árabe-judío, cediendo a las Naciones Unidas su competencia en el caso. El 29 de noviembre de 1947, las Naciones Unidas acuerdan el plan de partición de Palestina, otorgándose en el mismo el 56% del país a una población judía que constituía el 32% y que tan sólo poseía el 5,67 de la superficie del país. Ante la imposibilidad legal de que las Naciones Unidas lleven a la práctica lo acordado, el 14 de mayo de 1948, los sionistas proclaman unilateralmente la existencia del Estado de Israel. Inmediatamenté después estalla la primera guerra árabe-israelí.

Vemos, por tanto, que desde el inicio del conflicto se ignoran los derechos del pueblo palestino -pueblo aliado en ambas guerras mundiales- al que no se consulta en ningún momento, y que, aun cuando la resolución del 14 de mayo, pueda ser considerada tranquilamente como injusta o de dudosa legalidad, con ella, las Naciones Unidas garantizaban la existencia de un Estado palestino.

Junto a razones históricas y políticas, razones formales contribuyen a considerar poco conveniente el reconocimiento de Israel. Israel es probablemente el único país del mundo que carece de fronteras. Dada. la imprecisión de las reivindicaciones territoriales sionistas (del Nilo al Éufrates) y habida cuenta de que Israel ha aumentado en un 300% su superficie gracias a expansiones bélicas, no sería muy exagerado decir que lo que estaría reconociendo nuestro país sería un imperio. De igual manera, la capitalidad de Jerusalén, primero internacionalizada y después anexionada por la fuerza, es puesta en duda por la comunidad internacional. Una larga serie de resoluciones de las Naciones Unidas marca el contrapunto cronológico de la controvertida historia del Estado de Israel. En contadas ocasiones los criterios históricos o políticos deben ceder su contundencia a las consideraciones morales de las que es portador el pueblo palestino.

Después de 40 años, Palestina sigue existiendo por voluntad de su pueblo. Sin embargo, cuando se habla de reconocer a Israel se argumenta que muchos otros países con regímenes políticos condenables poseen representación diplomática en nuestro país. Esto es cierto, pero no sirve como precedente.

El presidente González demuestra un gran optimismo cuando considera que el reconocimiento de Israel por nuestro país contribuirá a la búsqueda de una paz negociada en la región. En primer lugar, porque es de prever que esas excelentes relaciones con los países árabes pierdan buena parte de la mutua confianza sobre la que se basan tras el establecimiento de las relaciones con Israel. En segundo lugar, mediadores más poderosos que el Gobierno español -EE UU, por ejemplo- se han encontrado en más de una ocasión con la intransigencia israelí a la hora de favorecer el diálogo moderador (recientemente, por ejemplo respecto al controvertido acuerdo jordano-palestino).

Constituye una paradoja dramática que el Gobierno español otorgue estatuto diplomático a quienes niegan ese «derecho del pueblo palestino a decidir libremente su futuro» que el presidente González afirma reconocer, y sin que las autoridades israelíes hayan dado muestra de voluntad de moderar su política interior (derechos democráticos para la población árabe) o exterior (negociaciones sobre los territorios ocupados en 1967 y paralización y desmantelamiento de los asentamientos o fin de las hostilidades en Líbano). Por el contrario, el reconocimiento político pleno de la OLP puede contribuir a que, en cualquier foro, la justicia de las reivindicaciones del pueblo palestino progrese hacia su plasmación real. Sólamente así la fuerza dejará de ser la única razón que protege las arbitrariedades históricas, y la paz, al fin, podrá restablecerse sobre la base de derechos inalienables.

* Carlos Varea es antropólogo. Santiago González es economista.