Especialistas en derecho laboral denuncian que la reforma del PP conduce a la precariedad vital

Declaración de Valencia: La temporalidad laboral como precarización vital

Ámbitos académicos, institucionales y empresariales vienen remarcando que la mayor intensidad del impacto de la crisis en España – en términos de destrucción de empleo- tiene como principal factor determinante una pretendida «rigidez» de las instituciones laborales. Esta supuesta característica de nuestro sistema laboral habría impulsado a muchas empresas a hacer frente al cambio de ciclo con medidas de ajuste del empleo. El argumento debe ser puesto en cuestión dado que no es coherente con la realidad de nuestro modelo. Por un lado, es incapaz de explicar por qué con la misma legislación laboral, a la que ahora se tilda de rígida y se culpa del aumento del paro, España fue el estado miembro de la UE que más empleo creó entre los años 1995 y 2007; por otro lado, también omite que, ya en un escenario de crisis, los niveles de paro presentan una significativa diversidad territorial entre las Comunidades Autónomas, difícilmente imputable a una regulación legal única para el conjunto del Estado.

La situación actual de nuestro mercado laboral no puede analizarse con aproximaciones unidimensionales y reduccionistas ni ofrecer soluciones simples, que pretenden combatir el desempleo con una actuación centrada únicamente en el marco institucional del mercado de trabajo y en el aumento de la precariedad. Al contrario, es necesario subrayar que los problemas actuales del mercado de trabajo no derivan de un solo factor y mucho menos de una pretendida dualidad contractual sino fundamentalmente de la profunda segmentación laboral intensificada en la última etapa de crecimiento económico, que se ha plasmado en la creación de puestos de trabajo de baja calidad e inestables, queridos y buscados por la propia estructura productiva española.

No obstante esta realidad, la temporalidad y la precariedad son ya elementos ausentes en el discurso del Gobierno que, en lugar de afrontarlos, pretende la solución de estos problemas mediante manipulaciones del lenguaje (contrato indefinido de apoyo a los emprendedores) o simple opacidad en las estadísticas. Peor aún, nos encontramos ante una situación en la que la propia precariedad laboral es una de las líneas maestras de la actual política de reformas del mercado de trabajo español, que vuelve a caer en la trampa de perseguir en vano la creación de empleo por la vía de generar e incentivar empleos sin derechos. Así, la precariedad ya no es una señal de identidad de los contratos temporales únicamente, sino que se puede afirmar también respecto de los contratos indefinidos, sometidos a larguísimos periodos de prueba, a modificaciones salariales o de condiciones de trabajo con pocas garantías o a despidos fáciles y baratos.

Se trata de un error de consecuencias sociales mayúsculas, contrario a nuestro marco normativo, estatal e internacional y, además, probadamente ineficaz. Lejos de generar empleo, la extensión de la precariedad (que tiene la temporalidad como uno de sus manifestaciones, pero no la única) conduce sistemáticamente a una reducción en la calidad de los trabajos, a una mayor siniestralidad, a una rebaja constante de los salarios, a mayores dificultades de acceso a la formación, a la cuasi imposibilidad de obtener la tutela y la representación colectiva frente a la empresa y es, en definitiva, un camino abonado hacia la exclusión social.

Por todo ello, convencidos de que la precariedad NO crea empleo, el grupo pluridisciplinar de expertos sobre temporalidad, compuesto por profesores e investigadores de diversas universidades y organizaciones, mantenemos que el canje de trabajo remunerado a cambio de derechos fundamentales no puede aceptarse. La salida de esta crisis no se conseguirá por la vía de la precarización laboral sino que requiere una urgente recomposición de la relación de empleo estable y digno, de los equilibrios de fuerzas entre los agentes sociales así como del respeto estricto a los marcos normativos internacionales relativos a de los principios del trabajo decente y estabilidad en el empleo. Por todo ello, proponemos las siguientes vías de trabajo y acción contra la precariedad:

• Reorientar a corto plazo las prioridades en materia de política económica, a fin de contrarrestar los efectos negativos de la aplicación indiscriminada e intensa de las políticas de austeridad sobre la actividad económica y el empleo.

• Establecimiento de un marco jurídico que desincentive la temporalidad, asegurando el estricto respeto del principio de causalidad, por las siguientes vías:

• Impedir el uso del contrato de obra y servicio para atender la subcontratación de actividades y las concesiones administrativas.

• Reforzar la actuación contra el fraude. Para ello, en particular, deben aumentar los medios (personales e informáticos) así como los instrumentos jurídicos de la Inspección de trabajo: permitiendo por ejemplo la declaración directa de la fijeza del contrato; en esta misma línea se aumentarían los medios de control sindical del recurso a la temporalidad en cada una de las empresas.

• Establecer sanciones contractuales al uso irregular de la contratación temporal que sean realmente disuasorias, como por ejemplo considerar nula la finalización del contrato ilegalmente concertado.

• Regular y establecer las garantías jurídicas efectivas que limiten el encadenamiento subjetivo de contratos, sobre la misma persona trabajadora. Y, simultáneamente, prohibir el encadenamiento contractual objetivo, respecto un mismo puesto de trabajo

• Promover la utilización de los contratos fijo periódico y fijo discontinuo, para la cobertura de las actividades de naturaleza intermitente y/o de temporada mediante la contratación indefinida y estable, asegurando una adecuada protección social durante los períodos de inactividad.

• Eliminar el contrato indefinido de apoyo a los emprendedores, por ineficaz, precarizador e incompatible con el corpus constitucional y los compromisos internacionales asumidos por el Estado español.

• Reforzar la exigencia del principio de igualdad entre trabajadores temporales e indefinidos, impidiendo la obtención de ventajas competitivas del incumplimiento de un principio fundamental del derecho de la Unión Europea. El trabajador temporal debe dejar de ser más barato a diario.

• Desincentivar realmente el recurso a la contratación temporal mediante el incremento significativo de la cotización a la Seguridad Social, de forma coherente con los efectos que sobre la protección social tiene la inestabilidad laboral.

• Establecer un mayor control de la cesión de trabajadores mediante empresas de trabajo temporal, limitando su actividad a los supuestos de contratación temporal del art. 15 ET y al sector privado. En esta misma línea, deben reforzarse los controles sobre las empresas de servicios que actúan de facto como ETTs.

• Promover un cambio en las bases actuales del modelo productivo, que se ha revelado como claramente insostenible tanto en términos económicos, como sociales y medioambientales. Las propuestas en este campo no pueden reducirse sin embargo a estimular cambios en la composición sectorial de la actividad económica y el empleo (potenciando la modernización de los sectores tradicionales y el desarrollo de nuevos sectores emergentes de futuro). La reorientación del modelo productivo debería implicar además transformaciones significativas en la organización y funcionamiento de las empresas, que favorezcan el tránsito de un modelo de competencia basado de forma mayoritaria en la reducción de costes y precios, a otro orientado hacia la innovación, la inversión productiva, los productos y servicios de mayor valor añadido y la calidad del empleo.

• Establecer un diálogo social permanente a efectos de permitir el establecimiento de vías adecuadas para solucionar el problema de la precariedad.

Concluimos afirmando que no es posible plantear una salida de la crisis del mercado de trabajo profundizando en el modelo productivo que la ha provocado. Frente a las políticas continuistas es necesario reforzar los mecanismos de protección social, las políticas de salario social, las vías y estructuras de consulta y democracia social, las políticas de empleo orientadas a la calidad en el empleo y el trabajo digno, sin perder de vista que existe una conexión fundamental entre los mercados de trabajo europeos, cuya regulación debe, cada vez en mayor medida, abordarse con un análisis y unas propuestas de conjunto. Tales propuestas, deben abarcar no sólo las regulaciones laborales sino también el resto de políticas públicas con incidencia sobre los modelos productivo y social que subyacen en la situación de precariedad actual.

Adhesiones Declaración de Valencia: 

profesores e investigadores de las disciplinas de Derecho, Economía y sociología, magistrados, abogados laboralistas, inspectores de trabajo, sindicalistas y otros expertos en materia de mercado de trabajo, normas laborales y precariedad: Antonio Baylos (Catedrático de derecho del trabajo, Universidad de Castilla la Mancha), Joaquín Aparicio (Catedrático de derecho del trabajo, Universidad de Castilla la Mancha), Margarita Ramos Quintana (Catedrática de derecho del trabajo, Universidad de la laguna), María Amparo Ballester (Catedrática de derecho del trabajo, Universitat de València), Berta Valdés (Catedrática de derecho del trabajo, Universidad de Castilla la Mancha), Miguel ángel Falguera (Magistrado TsJ de Cataluña), Frederic lópez Mora (Profesor de derecho del trabajo, Universitat de València), Celia Fernández Prats (Profesora de derecho del trabajo, Universitat de València), Elena García Testal (Profesora de derecho del trabajo, Universitat de València), Pilar Fernández Artiach (Profesora de derecho del trabajo, Universitat de València), Gemma Fabregat (Profesora de derecho del trabajo, Universitat de València), Ricardo Esteban Legarreta (Profesor de derecho del trabajo, Universitat Autònoma de Barcelona), Elena Hysás (Profesora de derecho del trabajo, Universitat Autònoma de Barcelona), María Tebelia Huertas (Profesora de derecho del trabajo, Universidad Complutense de Madrid), Rosario Gallardo Moya (Profesora de derecho del trabajo, Universidad de Castilla la Mancha), José Francisco Trillo (Profesor de derecho del trabajo, Universidad de Castilla la Mancha), Natividad Mendoza (Profesora de derecho del trabajo, Universidad de Castilla la Mancha), Juana María Serrano (Profesora de derecho del trabajo, Universidad de Castilla la Mancha), Amparo Merino (Profesora de derecho del trabajo, Universidad de Castilla la Mancha), Nunzia Castelli (Profesora de derecho del trabajo, Universidad de Castilla la Mancha), Ana Marta Olmo (Profesora de derecho del trabajo, Universidad de Castilla la Mancha), Antonio Loffredo (Profesor de derecho del trabajo), Marcial Sequeira (Profesor de derecho del trabajo, Uni versidad de Castilla la Mancha), Vicent Arrandis (Profesor de derecho del trabajo, Universitat Jaume i), Pura Peris García (Profesora de derecho financiero, Universidad de Castilla la Mancha), Sebastián Martín (Profesor de historia del derecho, Universidad de sevilla), Julián Sanz (Profesor de historia, Universitat de València), Trinidad Núñez Domínguez (Profesora de comunicación, Universidad de sevilla), Juan José Castillo (Catedrático de sociología, Universidad Complutense de Madrid), Ramón Alós (Profesor de sociología, Universidad Autónoma de Barcelona), Fátima Perelló (Profesora de sociología, Universitat de València), Mila Julve (Profesora de Trabajo social, Universitat de València), Fernando Esteban (Profesor de sociología, Universitat de València), Miguel Angel García Calavia (Profesor de sociología, Universitat de València), Pedro García Pilán (Profesor de sociología, Universitat de València), Giuliana Ingellis (Profesora de sociología, Universitat de València), José Beltrán (Profesor de sociología, Universitat de València), Josep Pérez, Profesor de sociología (Universitat de València), Andreu Tobarra (Profesor de sociología, Universitat de València), Francisco Torres (Profesor de sociología, Universitat de València), Juan Pecourt (Profesor de sociología, Universitat de València), Pere J. Beneyt (Profesor de sociología, Universitat de València), Enric Sanchis (Profesor de Sociología, Universitat de València), Francisco Cano (Profesor de sociología, Universitat de València), Lola Meseguer (Profesora de sociología, Universitat de València), Albert Moncusí (Profesor de sociología y Antropología social, Universitat de València), Javier Gómez Ferri (Profesor de sociología, Universitat de València), Empar Aguado Bloise (Profesora de sociología, Universitat de València), Javier Ferrer Riquelme (Profesor de Trabajo social, Universitat de València), Daniel Gil-Perez (Profesor de Didàctica de las CC. Experimentales, Universitat de València), Gabriel Vidal (Profesor de Enfermería, Universitat de València), Carmina Pascual (Profesora de Didàctica de la Expresión Corporal, Universitat de València), Alexandra Valencia (Profesora de Didàctica de la Expresión Corporal, Universitat de València), Consuelo Mata (Profesora de Arqueología), Amparo Vilches (Profesora de Didàctica de las CC. Experimentales, Universitat de València), José V. Soler Gironés (Profesor de Economía Aplicada, Universitat de València), Fausto Miguélez (Catedrático de sociología, Universidad Autónoma de Barcelona), Teresa Torns (Profesora de sociología, Universidad Autónoma de Barcelona), Ernest Cano (Profesor de Economía Aplicada, Universitat de València), Vicente López Martinez (Profesor de sociología, Universitat de València), David Llácer (Economista, Gabinete Técnico CCOO-PV), Josep Banyuls (Profesor de Economía Aplicada, Universitat de València), Juan R. Gallego (Profesor de Economía Aplicada, Universitat de València), Paco Molina (Secretario General, CCOO-PV), Lorenzo Revuelto Taboada (Profesor de Dirección de Empresas, Universitat de València), Carlos Ochando (Profesor de Economía Aplicada, Universitat de València), Miguel Torrejón (Profesor de Economía Aplicada, Universitat de València), Antonio Martín Artiles (Profesor de sociología, Universidad Autónoma de Barcelona), Andreu Lope (Profesor de sociología, Universidad Autónoma de Barcelona), Isabel Hernández de la Rosa (QUiT, Universitat Autònoma de Barcelona), Artur Aparici (Profesor de sociología, Universitat Jaume I), Vicent Querol (Profesor de sociología, Universitat Jaume I), Alberto Montero (Profesor de Economía, Universidad de Málaga), Bibiana Medialdea (Profesora de Economía, Universidad Complutense de Madrid), Ignacio Álvarez Peralta (Profesor de Economía, Universidad de Valladolid), Alberto Garzón (Economista, Diputado del Grupo de izquierda Plural), Enrique Díez (Profesor de Educación, Universidad de león), Loles Dolz (Catedrática de Filosofía, iEs), Jorge Rodríguez Seguin (inspector de Trabajo), Paloma López (secretaria Confederal de Empleo, CCOO), José Luís López Bulla (sindicalista), Javier Doz (Adjunto a la Presidencia de la CEs), Javier Fernández González (Fundación 1º de Mayo), Enrique Negueruela (Fundación 1º de Mayo), Jaume Mayor (sindicalista), Josep Antoni Carrascosa (sindicalista), Luís Fernando Castro (sindicalista), Cristina Terol (sindicalista), Miguel ángel Vera (sindicalista), Mercedes Aller (sindicalista), Jordi Ribó (sindicalista), Miguel ángel Fernández Auñón (sindicalista), Ferran Navinés (sindicalista), Ramón González Díaz (sindicalista), Manuel Pina Lasheras (sindicalista), Estella Acosta (sindicalista), Soledad Fernandez Cano (sindicalista), Vicente Canet Juan (sindicalista), José Gallo (sindicalista), Cristina Segura del Pozo (Abogada, Gabinete interfederal CCOO), Isabel Martinez Pérez (sindicalista), María José Cherro (sindicalista), Josefina Cueves (sindicalista), Eduardo Gutierrez Benito (Economista, Gabinete interfederal CCOO), Mª Teresa Uceda Bermejo (sindicalista), Ramón Baeza San Juan (Director Fundación 1º de Mayo), Francisco Gaspar Palomo (sindicalista), Santiago Bonilla Anton (sindicalista); Bartomeu Compte (sindicalista); Cristina Reos (sindicalista); Enrique López Téllez (Abogado); David Álvarez (sindicalista); José Antonio de Mingo Blasco, (Fundación I de Mayo); Lourdes Fraguas, Profesora de secundaria (FOl); Manuel García Morales (sindicalista); Rocío Ramada (Asesora laboral); Julián Gutiérrez del Pozo (sindicalista); Nieves San Vicente (Abogada); Bernat Asensi (sindicalista); Rafael del Barrio (sindicalista); Rafael Borràs Ensenyat (Fundación GADEsO); Marciano Sánchez Bayle (Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública); María Jesús Esparza (sindicalista); Óscar Rodríguez (sindicalista); José Mª Fernández de Villalta (sindicalista); José Campos (sindicalista); Pedro A. Paracuellos (sindicalista); Pedro Santiago Morte; Ana de Sande; César Jaime; Gustavo Guzmán; Francí Xavier Muñoz Sánchez.

Fuente: Revista Estudios y Cultura, núm. 52, julio-agosto 2013.