Un defensor del patrimonio rural señala que la nueva ley persigue la privatización de los bienes comunes y los servicios públicos.
¿Cuáles son las motivaciones de la «Ley Montoro» de la Administración Local?
Esta ley abre el camino hacia un nuevo expolio del medio rural y tiene dos objetivos soterrados: el primero es la privatización de los bienes comunes y el segundo la privatización de los pocos servicios públicos que van quedando en los pueblos. El proyecto contempla crear unidades administrativas de un mínimo de 20.000 habitantes, a costa de hacer desaparecer entidades locales menores, así como sus bienes comunes, que pasarán a la entidad de nueva creación: montes, bosques, tierras comunales, un patrimonio clave para el desarrollo del mundo rural, sobre todo, para facilitar la vuelta al campo de nuevos pobladores. Lo mismo sucedería con los servicios públicos, los concentrarían en la nueva unidad administrativa y desde ella, lejana a la población, contratarán a empresas privadas para que gestionen: el negocio del siglo. El ahorro económico que justifica la operación es insignificante porque las juntas no están endeudadas, muchas de las actuaciones son llevadas a cabo por la gente del pueblo, que pone la mano de obra, y, si no hay dinero, no se acometen inversiones. Es la realidad cotidiana de nuestros pueblos, muy unida a las prácticas de desarrollo comunitario -las huebras, las facenderas…- para dar respuesta a los problemas cotidianos. Las prácticas de democracia directa y autogestión desarrolladas durante siglos se desmantelan, para ahorrar unos 30 millones de euros, mientras se despilfarra dinero público para lucro de unos pocos.
¿Se ha tenido en cuenta la realidad rural al elaborar la ley?
Para nada. El criterio es puramente economicista, sólo se valora si los servicios públicos son rentables desde una perspectiva económica, obviando el valor social, cultural, o medioambiental, y, con ese planteamiento, ningún servicio en el medio rural puede serlo. Es un mecanismo de medición perverso: divide costes por el número de usuarios, que en los pueblos somos pocos, con lo cual los costes se elevan. Podrían aplicar la misma regla a las grandes infraestructuras hechas con fondos públicos en las grandes ciudades. Los servicios públicos del mundo rural son fundamentales para el asentamiento de la población.
Esta «desamortización camuflada», ¿supondrá un trasvase de recursos a grandes empresas?
Sin lugar a dudas, Cospedal ya lo ha querido intentar, pretendiendo vender miles de hectáreas de montes públicos, y ha sido parada por sus propios alcaldes. Detrás de todos estos procesos está el fenómeno de acaparamiento de tierras por parte del gran capital que sólo ve en la tierra un negocio, un fenómeno que no sólo se da en países pobres. En el Estado español, uno de los principales receptores de las ayudas de la Política Agraria Común es Ebro Agrícolas, uno de los mayores propietarios de tierras, que supera a los latifundios extremeños o andaluces, beneficiarios de las últimas desamortizaciones.
¿Cómo afectará esta ley a la población urbana?
Los bienes comunes son de los pueblos y pueden abrir muchos caminos para que nueva gente regrese a ellos, donde, por el hecho de empadronarse y vivir en una comunidad rural, tienen el derecho de acceder a ese bien común. En la zona norte y las Castillas raro es el pueblo que no tiene bienes comunes, recurso que puede facilitar el acceso a la tierra para gente joven que desea volver al campo con vocación de ser agricultoras y agricultores. En zonas de montaña, implica también el acceso a montes públicos, para que la gente que quiere dedicarse a la ganadería extensiva tenga donde llevar a pastar a sus rebaños. Y lo mismo con la leña. Si todo esto se privatiza, estamos negando el futuro a muchas personas.