El presidente del Comité para la Prevención de la Tortura de la Comisión Europea, sin dejar de lado su tono diplomático, censura que el Gobierno español no implemente las recomendaciones que desde hace años se le trasladan desde Europa.
¿Cuál es su percepción de la evolución de la práctica de la tortura y los malos tratos a los detenidos en el Estado español respecto al último informe que presentó la Comisión Europea en 2005?
Nuestros informes los hacemos para los gobiernos; el último que se hizo público fue en diciembre de 2005. Pero por distintos datos que se conocen de los años 2006 y 2007 en referencia a la tortura y los malos tratos, no ha habido mejoras sustanciales en Europa en general ni en el Estado español en particular.
Yo señalaría tres aspectos que me parecen especialmente preocupantes a nivel europeo: la sobreocupación de los centros de internamiento (el Estado español ha pasado de 98 encarcelados por cada 10.000 habitantes en 1992 a 147 en 2007); el aumento del numero de denuncias por tortura contra todos los cuerpos de seguridad de los estados (especialmente presentadas por ciudadanos de origen extranjero), y a su vez la reducción del numero de investigaciones de estas denuncias; y, después de los atentados del 11S y el 11M, el recorte de garantías que ha habido para algunos colectivos de detenidos.
Concretando en el Estado español, qué actuaciones cree que se deberían emprender para prevenir efectivamente la tortura?
Como en todos los estados, la receta es la prevención formando adecuadamente a los agentes policiales, sancionar a los policías que han cometido torturas o abusos, y ser mucho más transparentes cuando hay una detención.
En el informe de 2005 expresamos nuestra preocupación por las detenciones en régimen de incomunicación en el Estado español, pues abren la puerta tanto a posibles torturas como a falsas denuncias. Hay que desterrar la idea de que la opacidad facilita la efectividad. Medidas como las vídeocámaras que la Ertzaintza ha instalado en comisarias son un mecanismo para mejorar la transparencia. No son la solución definitiva para acabar con la tortura, pues al detenido le pueden maltratar en otro lugar, pero sí un paso adelante.
Cuando el Comité ha presentado sus informes al Gobierno español, ¿qué reacción ha encontrado?
Nunca nos ha puesto problemas de acceso a los centros de detención y siempre nos han respondido a nuestras peticiones, así que podemos decir que coopera. El problema, que se repite con el resto de estados europeos, es que cada año tenemos que hacer las mismas recomendaciones porque no las implementan, así que en este aspecto no se mejora. Después de 20 años repitiendo las mismas recomendaciones, su no-cumplimiento lo tenemos que interpretar como no-cooperación.
¿Que opinión le merecen declaraciones como las que hizo el ministro del Interior español en referencia a la denuncia de torturas de Igor Portu, diciendo que creía la versión de la Guardia Civil?
Prefiero no comentar las declaraciones de los responsables políticos. A diferencia de otros estados, en el Comité tenemos muy buenas relaciones con el Ministerio español, cosa que permite el diálogo. Lo que yo sugiero siempre a las autoridades de los estados es que no hagan comentarios públicos sobre investigaciones cuando éstas aún no han concluido.