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La candidata de Izquierda Anticapitalista considera que la ley "provoca decisiones injustas y daños gravísimos e irreparables a sus víctimas"

Esther Vivas exige la anulación del proceso 18/98 y la derogación de la Ley de Partidos

Fuentes: Rebelión

«La sentencia del Tribunal Supremo -que rectifica las condenas impuestas por Audiencia Nacional en el sumario 18/98- demuestra que la Ley de Partidos provoca decisiones injustas que causan daños gravísimos e irreparables a sus víctimas«, declaró ayer Esther Vivas, número 1 en la lista de Izquierda Anticapitalista (IA) a las próximas elecciones europeas. Para Vivas, activista […]

«La sentencia del Tribunal Supremo -que rectifica las condenas impuestas por Audiencia Nacional en el sumario 18/98- demuestra que la Ley de Partidos provoca decisiones injustas que causan daños gravísimos e irreparables a sus víctimas«, declaró ayer Esther Vivas, número 1 en la lista de Izquierda Anticapitalista (IA) a las próximas elecciones europeas.

Para Vivas, activista social y conocida por impulsar la campaña contra la deuda externa, «los miembros de la Fundación Joxemi Zumalabe -ahora absueltos- han pasado diez años sometidos a detenciones, torturas, prisión preventiva, limitación de derechos, perjuicios económicos, laborales y familiares».

«El cierre del diario EGIN el 14 de julio de 1998 -asegura la candidata de IA- fue consecuencia de la declaración de ilicitud contra la empresa editora Orain, que el Tribunal Supremo ha anulado ahora. Durante once años, trabajadores y lectores del periódico han sido privados de sus derechos».

Esther Vivas, la única mujer que encabeza una candidatura, señaló a la prensa que «las condenas que mantiene el Tribunal Supremo se siguen basando en consideraciones sobre supuestos «entramados» y «entornos» de ETA que permiten decisiones arbitrarias que siguen sufriendo hoy 38 encausados».

Ante esta situación, Esther Vivas consideró que todos los encausados en el proceso 18/98 deben recuperar la libertad. «El Estado debe asumir las indemnizaciones debidas a todas las victimas de este atropello a los derechos y libertades básicas. La Ley de Partidos se confirma como un arma de ilegalización masiva de la disidencia política y, por lo tanto, debe ser inmediatamente derogada».