«Cada día, al alba, asesinos con galones entran en una celda: el asesinato es la cuestión» El hombre rebelde. Albert Camus
Es una obviedad que todo tipo de violencia armada es moralmente rechazable, incluidas las guerras. En el caso que nos ocupa, fue ejercida por la dictadura franquista, ETA y otras organizaciones armadas. Crímenes que dejaron innumerables víctimas durante aquel periodo de nuestra historia reciente. En concreto, de 1939 a 1977 la dictadura franquista perpetró más de 130.000 asesinatos; ETA, desde su fundación en 1959 hasta su alto el fuego unilateral en octubre de 2011, perpetró 853 asesinatos.
A partir de las primeras elecciones del 15 de junio de 1977, en relativa libertad, una ETA enloquecida intensificó sus atentados, causando un tremendo sufrimiento a numerosas familias. La barbarie desplegada por esa facción de ETA acrecentó el poder del franquismo en los aparatos de Estado. Ello dio alas a un militarismo fascista que facilitó la conspiración borbónica contra el presidente electo Adolfo Suarez, que dio lugar al golpe de Estado del 23-F de 1981. Golpe militar promovido por el general Armada con el beneplácito del Rey Juan Carlos.
La finalidad de aquella chapuza de autogolpe no fue otra que la consolidación del poder del Rey, acrecentando su influencia y desviando el rumbo del proceso democrático en curso. Consecuencia de ello fue la abrumadora mayoría conseguida por el PSOE en las lecciones de octubre de 1982 y el posterior incumplimiento de su promesa de neutralidad militar: “OTAN, de entrada NO”. En aquel largo periodo de gobierno socialista se produjo un recrudecimiento de ambos terrorismos: el de ETA y el del Régimen Monárquico (GAL).
Finalmente, el 20 de octubre de 2011, durante el gobierno presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, ETA anunció el cese definitivo de su actividad armada. El 3 de mayo de 2018 se autodisolvió. Todos debemos felicitarnos por ello.
Sin embargo, como consecuencia de la barbarie franquista, el régimen monárquico del 78 se encuentra en un laberinto de difícil salida. El obstáculo principal es la monarquía, anclado en la llamada Ley de Amnistía de 1977, doble candado de la llamada Transición. Candado que impide satisfacer las exigencias de “Verdad, Justicia, Reparación y garantías de no repetición”. Cualquier esfuerzo de regeneración democrática resultaría baldío sin la anulación previa de tamaño desatino. Se trata de una Ley de punto final, similar a la que el gobierno argentino promulgó en 1986.
El gobierno de Raúl Alfonsín trató de impedir la condena de los militares fascistas, autores de delitos de desapariciones forzadas, es decir detenciones ilegales, violaciones, torturas y asesinatos que no prescriben. Finalmente la ley fue anulada. El general argentino Videla, el dictador temeroso de Dios, acabó falleciendo en la cárcel a los 87 años por causas naturales.
La citada ley de Amnistía de 1977, es decir la “Ley de Punto Final” española, no se limitó a forzar la impunidad de los crímenes del franquismo. Institucionalizó de hecho la autonomía interna del Ejército, rubricada por la exclusión expresa de los militares de la Unión Militar Democrática (UMD), cuyos principales dirigentes fueron condenados en consejos de guerra; después, perseguidos y acosados durante la Transición.
Ningún miembro de la UMD accedió al generalato, ni siquiera de forma honorífica, siendo todos discriminados. Por el contrario, fue ascendido a general honorífico un coronel retirado, voluntario de la División Azul y presidente de su Hermandad de Combatientes; es decir, miembro de la Wehrmacht, el ejército de Adolf Hitler, jefe del partido nazi al que juraron obediencia. Aunque estos “méritos” fueron sobrentendidos y quedaron ocultos en el texto del Real Decreto 1481/2000 que lo ascendió (BOE núm. 187, de 5 de agosto de 2000).
No es sorprendente, pues, la diferencia de trato que siguen recibiendo unas victimas y otras, así como la chulería con la que altos mandos militares monárquicos siguen amenazando a millones de personas desde los medios o las redes sociales. Quizás con la burda pretensión de atemorizar al electorado de izquierda, afianzando a su vez la aparente “centralidad” del Rey, en un nuevo ejercicio de cinismo borbónico.
Si execrables son los actos de enaltecimiento de los crímenes de ETA, que lo son, no lo es en menor medida la exaltación de los crímenes del franquismo, sobre todo si tenemos en cuenta que estos fueron perpetrados con toda la potencia e impunidad que les daba el aparato del Estado. Los tribunales de justicia, ya fuesen civiles o militares, fueron también cómplices necesarios de aquel bárbaro genocidio, que llegó alcanzar la cifra de más 130.000 desapariciones forzadas, delitos que no prescriben ni pueden ser amnistiados, desvelados en un auto de Baltasar Garzón. Juez progresista que fue acosado por el poder de la monarquía y finalmente expulsado de la carrera judicial en febrero de 2012.
Es totalmente incoherente la actitud del bloque monárquico respecto al terrorismo, concepto definido con claridad por la Academia en sus dos primeras acepciones: Terrorismo 1. m. Dominación por el terror. 2. m. Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. Terror 1. m. Miedo muy intenso.
Cabe preguntarse ¿acaso no fue un régimen de terror la dictadura? ¿Entonces?
Es ineludible, por tanto, que el bloque republicano mayoritario, que sustenta la acción del Gobierno de coalición, aborde los cambios legislativos necesarios que impidan el diferente trato que se da a las víctimas del franquismo, pese a la cerrada oposición que encontrará desde las bancadas monárquicas; y quizás del propio Rey, ya sea directamente o tal vez mediante persona interpuesta. Sobre todo debido a la peligrosa influencia que sobre ellos ejerce la ultraderecha, cuyo mascarón de proa es la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), presidida por un general de división monárquico, antiguo edecán del Rey.
El colectivo de militares demócratas siempre ha manifestado su rechazo a cualquier forma de terrorismo, ya sea del franquismo, de ETA o del terrorismo de Estado bajo sus diversas formas. Tenemos la firme convicción de que jamás debiera tolerarse la consecución de objetivos políticos por medios ilegítimos o inmorales, menos aún mediante el asesinato o la tortura.
Ningún terrorismo es aceptable. El enaltecimiento de cualesquiera de ellos debe ser tipificado como delito, sin más dilaciones. Todas las victimas merecen nuestra memoria y respeto. El Rey no ha respetado hoy este deber elemental. Mientras honraba en el Palacio Real de Madrid la «memoria y dignidad» de las víctimas de ETA, negaba con su silencio a las víctimas del franquismo. Basta, pues, de hipocresía. Gobierno y jueces las han dejado en un total desamparo.
El enaltecimiento del franquismo, que fue un régimen de terror, debe incluirse de inmediato en el Código Penal, de lo contrario quedará una vez más en evidencia la falta de legitimidad del régimen del 78, sustentado jurídicamente por unas leyes de sucesión monárquicas decretadas por la dictadura franquista. Por tanto, una monarquía dictada por el tirano, en vez de una república, o repúblicas, proclamadas y desarrolladas mediante un proceso constituyente auténticamente en libertad, base de la democracia.
Manuel Ruiz Robles es Capitán de Navío de la Armada, miembro de la UMD y del colectivo Anemoi.
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