España continúa siendo uno de los países desarrollados que tiene mayores desigualdades de renta.
Me preocupa que el presidente Rodríguez Zapatero esté cometiendo el mismo error que el presidente Bush en las últimas elecciones legislativas al Congreso de EE UU, cuando, consciente éste de la escasa popularidad de su intervención en Irak, enfatizó durante la campaña electoral los éxitos de su política económica, que se reflejaban en unos indicadores macroeconómicos muy satisfactorios. La tasa de desempleo de EE UU, la más baja desde el año 2001, iba acompañada con una elvada tasa de creación de empleo, una baja inflación y un elevado crecimiento económico. Y sin embargo, el Partido Republicano perdió las elecciones no sólo como consecuencia de la oposición a su política en Irak, sino también como resultado de la insatisfacción de gran parte del electorado con la situación económica y social del país, tal como mostraron las encuestas a pie de urna.
Ahora bien, es un gran error asumir que la bondad de los indicadores macroeconómicos se traduce automáticamente en mejoramiento del bienestar social y calidad de vida de la ciudadanía y en apoyo electoral. En EE UU, aquellos indicadores exitosos coincidían con una percepción de inseguridad laboral y social ampliamente extendida entre la población y muy en particular entre la clase trabajadora y amplios sectores de las clases medias. Los economistas David Kusner, Lawrence Mishel y Ruy Teixeira del Economic Policy Institute de Washington, en su análisis de la opinión de la ciudadanía estadounidense sobre la economía (What everyday Americans Really Think -and Elites don’t get- about the economy) citaron varias encuestas que mostraban que la gran mayoría de los ciudadanos, el 72% de la población, percibían que las desigualdades sociales «estaban creciendo excesivamente y que los beneficios del crecimiento económico no estaban bien distribuidos» . El 68% de la población creía que las desigualdades sociales en EE UU eran demasiado grandes. Varias encuestas señalaron también que el sentimiento crítico hacia el mundo empresarial y hacia la comunidad bancaria había crecido muy notablemente durante la Administración de Bush por haber sido percibidos tales estamentos como especialmente favorecidos por las políticas económicas y fiscales de la Administración de Bush. La mayoría de la población no vio notables mejoras en su bienestar, mientras sí que percibió que las rentas de los grupos más pudientes estaban aumentando desmesuradamente.
Y es ahí donde me temo que algo similar podría ocurrir en España, y eso a pesar de las grandes diferencias existentes entre las políticas sociales del Gobierno de Zapatero y las del de Bush . Mientras que el último se ha caracterizado por una gran austeridad social, el primero ha incidido exitosamente en varias dimensiones sociales como son: un aumento del salario mínimo interprofesional de 110 euros al mes (un crecimiento del 24% en tres años: durante el Gobierno de Aznar fue sólo del 8,4% en sus últimos cuatro años), un aumento de las pensiones mínimas del 20% ( durante el Gobierno del PP había sido sólo del 13%), el 8,7% del crecimiento del gasto en protección social, superior al crecimiento del PIB nominal, una Ley de Dependencia de gran calado y muchas otras medidas, que muestran una sensibilidad social que no tuvo el Gobierno conservador del PP y tampoco tiene la Administración de Bush. Pero las encuestas señalan que grandes sectores de las clases populares -la base electoral del Gobierno de Zapatero- continúan insatisfechas, lo cual debiera hacer reflexionar al Gobierno sobre la bondad de algunas de sus políticas económicas y fiscales (que condicionan en gran manera el desarrollo de sus políticas sociales), heredadas del Gobierno conservador anterior, políticas públicas que están contribuyendo al incremento de las desigualdades sociales en nuestro país. Muchas de estas políticas son mera continuación de las políticas del Gobierno de Aznar y son semejantes a las del de Bush. Entre ellas cabe destacar las políticas fiscales encaminadas a reducir los impuestos (manteniendo en líneas generales las reformas fiscales regresivas del gobierno de Aznar), un énfasis en alcanzar un elevado superávit en las cuentas del Estado (el 1,83% del PIB) con excesiva cautela hacia el crecimiento del gasto público y un crecimiento del gasto público social por habitante, que aunque es mucho mayor que el seguido por el Gobierno de Aznar, es todavía insuficiente para converger con el promedio de la UE-15 (tal como prometió el partido gobernante en su programa electoral).
España continúa siendo uno de los países desarrollados, junto con EE UU, que tiene mayores desigualdades de renta. Y la percepción popular de que estas desigualdades son demasiado elevadas está creciendo. El 74% de la población española considera que las desigualdades sociales son demasiado altas, el mayor porcentaje existente en los últimos 10 años. Las causas de tales desigualdades son el crecimiento de las rentas del capital, mucho mayor que el crecimiento de las rentas del trabajo; una elevada dispersión salarial con gran crecimiento de los salarios bajos; unas políticas fiscales de impacto redistributivo limitado y un Estado del Bienestar poco desarrollado. El gasto público social per cápita y como porcentaje del PIB continúa siendo uno de los más bajos de la UE-15. El Gobierno de Zapatero debería ser consciente de que el crecimiento de la percepción de que las desigualdades sociales están aumentando puede incrementar la abstención entre amplios sectores de las clases populares que tradicionalmente han identificado socialdemocracia con redistribución de recursos y justicia social.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la UPF.