El 3 de enero de 2009 se han cumplido treinta años desde que se firmaron, en sede vaticana, los acuerdos sobre asuntos jurídicos, económicos, de asistencia militar en las fuerzas armadas y de enseñanza y asuntos culturales, entre el Gobierno español y la Santa Sede. Acuerdos que en septiembre de ese mismo año, con voces […]
El 3 de enero de 2009 se han cumplido treinta años desde que se firmaron, en sede vaticana, los acuerdos sobre asuntos jurídicos, económicos, de asistencia militar en las fuerzas armadas y de enseñanza y asuntos culturales, entre el Gobierno español y la Santa Sede. Acuerdos que en septiembre de ese mismo año, con voces discrepantes de la oposición, fueron ratificados por mayoría en el Parlamento. El documento que mayor confrontación política provocó fue el de asuntos de enseñanza y culturales, cuestión lógica si nos atenemos a las acaloradas discusiones que se produjeron, unos meses antes, con el debate de los artículos 16 y 27 de la Constitución.
No obstante el contenido de todos los Acuerdos supone la concesión de una serie de privilegios hacia una organización religiosa, con la aplicación de sus normas morales al conjunto de la ciudadanía y a las instituciones del Estado, vulnerando el mandato constitucional de que ninguna religión tendrá carácter estatal.
Estos acuerdos firmados con la Santa Sede en 1979 tienen su origen, básicamente, en los ancestrales de 1753 y 1851 y, principalmente, en la base ideológica que inspiraron el Concordato que Franco firmó con Pio XII en 1953.
Con el paso de los años ha quedado demostrado no sólo la ambigüedad calculada de los textos, sino que su aplicación suponen una absoluta violación del principio de neutralidad y laicidad del estado, que establece la Constitución española, siendo a nuestro juicio y en aplicación de los artículos 94 y 95 de nuestra carta magna, presuntamente nulos de pleno derecho.
Sin embargo a lo largo de estos treinta años han supuesto una coartada ilegítima y amoral, para que instituciones públicas en algunas ocasiones, se hayan ido plegando ante los postulados, intereses y dogmas de la iglesia católica.
El denominado estado Vaticano, lugar donde se ubica la Santa Sede, es una ficción, concedido por el dictador Mussolini en 1929, a través de los pactos lateranenses, a cambio de reconocimientos y favores mutuos. Su estrategia geopolítica, dictada desde un aparato ubicado en unas cuantas hectáreas de la ciudad de Roma, se extiende doctrinalmente a través de varias miles de diócesis y otros grupos de poder instalados en todo el mundo, que alimentan una fuerza y monopolio económico y de control de las instituciones políticas catolizadas a las que tratan de imponer sus dogmas y moral, en ocasiones, contraria a las Declaración Universal de los Derechos Humanos y a principios civiles, de defensa de la salud y de igualdad de trato.
Este territorio, donde se ubica el centro jerárquico de la iglesia católica, carece de ciudadanos propios y de poderes separados, pues el dictado papal es infalible, figura que singularmente es jefe de estado y líder religioso, al mismo tiempo que extiende sedes por todo el mundo, con ello se produce una situación anómala o ficción de estado en la práctica. Ello, en nuestra opinión, anula la posibilidad de llegar acuerdos con las características propias de internacionales.
Son muchas las voces que, desde dentro de la propia iglesia, incluso desde dentro de las instituciones del Estado y de ciertos ámbitos de los partidos con representación parlamentaria, vienen exigiendo el inicio de una negociación bilateral tendente a la modificación de su contenido material, para clarificarlo y avanzar en cuestiones relacionadas, fundamentalmente, con la presencia institucional de la iglesia católica y, sobre todo, con los ámbitos de la enseñanza y de la financiación.
Pero esta tesis no solucionaría el problema de fondo, que es, de una forma u otra, privilegiar a una confesión religiosa y firmar unos acuerdos con una ficción de estado, que en la actualidad forma parte del cuerpo diplomático a todos los efectos, a nuestro criterio, de forma ilegítima.
Por ello y de acuerdo con los motivos anteriormente expuestos y la situación anómala que concurre en dichos Acuerdos, Europa Laica, entiende que no cabe su modificación y/o sustitución alguna, sino su anulación definitiva, por entender que son una afrenta para nuestro estado de derecho.
Otra cosa es que el estado y las instituciones lleguen a acuerdos puntuales, al margen de privilegios, con las diferentes iglesias legalizadas en el ámbito del territorio español, en el mismo nivel de trato y características que se hace con otras organizaciones o entidades, siempre en el marco del respeto a las leyes vigentes comunes para todos.