El Ministerio de Educación ha anunciado que va a entregar más fondos a la educación concertada. Justifica la medida en que los centros privados dejarían de cobrar cuotas adicionales a su alumnado.
Las cuotas adicionales están expresamente prohibidas desde el inicio de la enseñanza concertada, en los años 80. Pero en ningún momento se ha intentado que se respetara esta prohibición, y se ha seguido subvencionando a los centros que las cobraban.
Mediante estas cuotas ilegales los centros, mayoritariamente de la Iglesia católica, recaudan unos 1 000 millones al año, al tiempo que excluyen de su alumnado a quienes no pueden pagarlas. Discriminar al alumnado es otra práctica expresamente prohibida, cuya observancia tampoco se ha controlado durante los 40 años que lleva el sistema en vigor. El resultado es que el alumnado más necesitado de ayuda de cualquier orden recalan en la enseñanza pública exclusivamente.
La obligación del Estado es proporcionar educación de calidad a sus ciudadanos. Traspasar la educación a organizaciones particulares no es el mejor modo de cumplirla, mucho menos cuando esas organizaciones inculcan en la infancia y la juventud creencias particulares, que nada tienen que ver con el conocimiento científico. Por ello, aumentar el dinero que el Estado entrega a los centros concertados es un despropósito tamaño, un movimiento en la dirección opuesta al necesario: dotar de más recursos a la enseñanza pública.
Europa Laica, una vez más, une su voz a quienes reclaman del Gobierno apoyo y protección para la enseñanza gratuita y laica para todos, en lugar de fomentar la enseñanza discriminatoria y partidista.