La declaración unilateral de independencia de Kosovo con el apoyo abierto de Estados Unidos y la Unión Europea -con la excepción de España, la oposición de Rusia y el rechazo muy comprensible de Serbia- muestra el doble rasero de las grades potencias del imperialismo mundial con respecto al derecho de autodeterminación de pueblos y naciones, […]
La declaración unilateral de independencia de Kosovo con el apoyo abierto de Estados Unidos y la Unión Europea -con la excepción de España, la oposición de Rusia y el rechazo muy comprensible de Serbia- muestra el doble rasero de las grades potencias del imperialismo mundial con respecto al derecho de autodeterminación de pueblos y naciones, especialmente cuando éste se ejerce por medio del establecimiento de un Estado propio. Fueron estas potencias y fuerzas políticas -que con frecuencia vociferan sobre los peligros de la balcanización cuando de autonomías indígenas se trata- las que propiciaron la destrucción de Yugoslavia como Estado multinacional unificado, que culmina ahora con la separación de Kosovo. Así, para los imperialistas existen independencias «políticamente correctas» y otras que se consideran poco pertinentes para la estabilidad de su espacio político europeo y sus vocaciones hegemónicas. Esta situación, como afirmó el editorial de nuestro diario, «no obedece a un compromiso con la autodeterminación de los pueblos, sino a designios geoestratégicos para controlar la zona de los Balcanes y la orilla oriental del Adriático» (La Jornada, 18/2/08).
Pero incluso las reticencias de España a reconocer esta secesión -protegida por las tropas de la OTAN- no están basadas realmente en la defensa de los principios jurídicos internacionales de integridad territorial y no intervención proclamados por la ONU (aunque sin cumplir actualmente por la subordinación de este organismo a Estados Unidos), sino en sus intereses que como Estado mantiene respecto a nacionalidades y naciones que en su interior buscan por muy diversas vías expresar sus reivindicaciones y ejercer sus derechos nacionales que confrontan el rancio y exacerbado nacionalismo españolista que desde el régimen franquista mantienen los distintos gobiernos de Madrid, sean éstos de la ultraderecha del Partido Popular o de la izquierda institucionalizada del Partido Socialista Obrero Español.
Una y otra vez en los debates de la reforma del estatuto autonómico de Cataluña -por ejemplo- se reiteró la peregrina idea de que «España» es la única nación permisible y realmente existente, negando esta condición a otras entidades que histórica, económica, territorial, cultural y sociológicamente cuentan con todas las características y connotaciones que este concepto tiene en el mundo contemporáneo, y que le dan precisamente al Estado español su carácter multinacional. La negativa tajante a aceptar este carácter por parte de los grupos y clases gobernantes españolistas es el sustrato ideológico que explica -en parte- la imposibilidad de encontrar una salida dialogada y negociada al conflicto más candente de la «cuestión nacional» del Estado español: el País Vasco.
Por ello, al igual que en la dictadura de Franco se pretende mantener la sacrosanta unidad de España -ahora exaltada con el apoyo adocenado a una monarquía que nace con el pecado original de su subordinación a la Falange y al generalísimo- a partir de las razzias, la represión generalizada, la tortura, la violación y negación de los más elementales derechos de reunión, asociación, manifestación y organización política del pueblo vasco.
El actual gobierno español ha declarado un virtual estado de excepción en Euskal Herria al vetar y reprimir concentraciones, protestas y manifestaciones públicas; detener, procesar, incomunicar y condenar a penas descomunales a centenares de militantes y simpatizantes de las diversas organizaciones de la izquierda abertzale; prohibir prácticamente todos los periódicos y las revistas que muestran alguna inclinación de este signo; colocar fuera de la ley no sólo a Batasuna, sino también a los partidos políticos Acción Nacionalista y Partido Comunista de las Tierras Vascas, impidiendo su concurrencia a comicios municipales y cerrando con ello la vía electoral y la representación ciudadana, de las que tanto se vanaglorian los ideólogos de la democracia burguesa. ¿No es una invitación a la violencia por parte del Estado español cancelar las vías políticas de participación?
Tampoco se requiere mucho conocimiento de la historia del nacionalismo en el ámbito mundial para comprender la veracidad de la tesis de que a mayor supresión de derechos nacionales y de sus manifestaciones políticas, económicas y culturales, mayor será el fortalecimiento de los sentimientos nacionalistas del grupo o nación de que se trate.
Asimismo, es imposible que la búsqueda de solución a un innegable conflicto armado pase por la criminalización generalizada y la supresión de todos los interlocutores posibles. Gerry Adams nos comentó a los integrantes de la Comisión de Concordia y Pacificación que aún en los momentos más tensos y difíciles del conflicto con el Ejercito Republicano Irlandés (ERI), cuando explotaban las bombas en Londres, las autoridades británicas mantuvieron contacto con los representantes del Sinn Féin, su ala política, lo que explica parcialmente la conclusión pacífica, política y negociada del conflicto en Irlanda del norte.
También es evidente que el movimiento independentista vasco es algo más que ETA. Sólo 10 por ciento de los detenidos en estos meses son miembros comprobados de esta organización, aunque las autoridades y los inquisidores mediáticos aplican indiscriminadamente la etiqueta de «terroristas» a todos los prisioneros. Es un hecho que una franja muy amplia y representativa del independentismo no comulga con sus métodos, la reanudación de los cuales -por cierto- ha servido como anillo al dedo para justificar ante su opinión pública las escaladas represivas y para encubrir la total negativa de la clase dominante a siquiera discutir la posibilidad de la puesta en práctica del derecho a la autodeterminación en el País Vasco y el cambio cualitativo de la política acorde con la naturaleza multinacional del Estado español.