l Comité de Peticiones del Parlamento Europeo habla español. El órgano, constituido para recibir quejas de los ciudadanos de la UE, se ha convertido en el paño de lágrimas al que acuden los españoles y los residentes en España víctimas de abusos urbanísticos y escarmentados con la justicia y los políticos. El eurodiputado español del […]
l Comité de Peticiones del Parlamento Europeo habla español. El órgano, constituido para recibir quejas de los ciudadanos de la UE, se ha convertido en el paño de lágrimas al que acuden los españoles y los residentes en España víctimas de abusos urbanísticos y escarmentados con la justicia y los políticos. El eurodiputado español del comité David Hammerstein, de Los Verdes, presentó ayer los datos sobre la actividad del grupo: 15 de los 24 denuncias por urbanismo que actualmente tramita el comité proceden de España.
«Los españoles no es que sean especialmente reivindicativos, pero acuden a Bruselas porque el sistema judicial y político español no les da garantías frente a los abusos urbanísticos», explicó ayer Hammerstein en Madrid. Éste, eurodiputado gracias a un acuerdo de Los Verdes con el PSOE, aglutina las denuncias de centenares de asociaciones. Unas 50 de ellas se reunieron ayer en Madrid para analizar el problema de los abusos y constituirse en una federación nacional.
En el acto, la abogada Inmaculada Rosas Ledesme, experta en temas de urbanismo, destacó que «los alcaldes están con los constructores, no con los ciudadanos», y justificó que las quejas vayan a Bruselas: «Cuando hay una urbanización ilegal y pedimos la paralización de las obras tardamos un año en el que el juez lea la petición, y como mínimo otro año hasta que resuelva. Al final tenemos una magnífica sentencia que no se puede ejecutar porque se intentan minimizar las demoliciones». Y añadió: «Como las obras se hacen con licencia municipal no se puede aplicar el Código Penal hasta que la vía administrativa declara el acto nulo».
El resultado es que las obras ilegales rara vez son demolidas. Rosas, jurista de la asociación de Málaga Ayre, puso como ejemplo Marbella, donde la Junta de Andalucía, del PSOE, ha anunciado que legalizará 25.000 de las 30.000 viviendas construidas conforme al Plan de Ordenación Urbana que la Junta considera ilegal.
Desde julio de 2004 hasta el momento el Comité de Peticiones ha analizado 24 quejas por proyectos urbanísticos: tres de Italia, dos de Francia, una de Alemania, una de Portugal, una de Hungría y 15 de España. A estas quejas hay que sumar las que recibe la Comisión Europea. Según el último informe de cumplimiento de las directivas ambientales, España es el país de la UE que más infringe las normativas de la UE. La mayoría de las denuncias por abusos en España parten de extranjeros que residen en el litoral. Éstas son las quejas admitidas. Otras, como las de la carretera de los pantanos de Madrid o el hotel del Cabo de Gata aún no han sido admitidas, pero es probable que engrosen la lista.
– Obras de la M-30. Ecologistas, vecinos, políticos del PSOE e IU explicaron la semana pasada en Bruselas sus críticas a la obra. Argumentan que el Ayuntamiento de Madrid, del PP, ha emprendido el soterramiento sin realizar declaración de impacto ambiental por considerar que es una vía urbana, una calle, y no una carretera. Los críticos sostienen que ha empeorado la calidad del aire y que no se ha evaluado el impacto del aumento del tráfico en la ciudad. La protesta ante el Parlamento Europeo permite a los ciudadanos afectados ir a Bruselas a exponer su queja en público, mientras que la queja ante la Comisión Europea es más administrativa.
– Urbanismo en Valencia. Una de las quejas estrella en Bruselas ha sido la ya derogada Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) de Valencia. Miles de firmas agrupadas en seis quejas criticaron que muchos dueños de terrenos tuvieron «que ceder terreno a cambio de infraestructuras que no deseaban» y tuvieron que ceder «sus propiedades a cambio de una compensación mínima», según el resumen de actividad del comité de peticiones.
El comité concluyó en diciembre el informe sobre las quejas, que pide una moratoria para la recalificación de terrenos rústicos en la Comunidad Valenciana hasta la promulgación de la nueva ley. El Gobierno de la Comunidad Valenciana aprobó una nueva norma en enero.
El presidente de la asociación Abusos-No, el canadiense Charles Svovoba, explica que la decisión de ir al Parlamento no fue casualidad: «Hablamos con diputados del Congreso y autonómicos y ellos nos recomendaron que fuésemos a Bruselas. Nos dijeron: ‘Si quieren perder el tiempo traigannos las quejas, pero lo mejor es que vayan a Bruselas». La organización Abusos-No afirma que ha enviado 15.000 firmas contra la ley. Svovoda añade: «No sé por qué, pero el defensor del pueblo no nos hubiera ayudado tanto como el Parlamento Europeo».
Además, el Parlamento estudia «el proyecto de ampliación del puerto de Altea (Alicante) y la urbanización sobre el río Algar» porque destruiría una planta marina protegida; la queja de dos alemanes residentes en Jávea, que pregunta «adónde han ido a parar los créditos de la UE para la canalización y otros proyectos en el municipio». Un británico ha denunciado una urbanización en Jávea en una zona no urbanizable y una asociación que se queja por el proyecto de construir 2.200 viviendas «cerca de las salinas de Calpe», porque «amenazaría aún más a la población de flamencos», que está protegida.
– Construcción en Cantabria. Una asociación de vecinos de San Vicente de la Barquera (Cantabria) denunció la construcción de 80 parcelas por «el impacto muy grave sobre el medio ambiente». Un italiano que vive en Canarias presentó el caso del «derribo de más de 50.000 viviendas construidas sin autorización» del que, afirma, se libraron «propietarios acaudalados». Otro británico denunció a una inmobiliaria de Canarias.
Una de las primeras denuncias partió de 32 asociaciones de Sevilla que denunciaron el proyecto del ayuntamiento para construir un gran aparcamiento en el centro de Sevilla. El ayuntamiento acabó cambiando el proyecto y el presidente de los vecinos, José Luis Cano, lo achaca más a la denuncia que al trabajo de Bruselas.