De manera conjunta y con la colaboración de Alternativa antimilitarista, el Centre Delàs d’Estudis per la Pau, la Fundació Finances Ètiques, Alternativa Antimilitarista, Ecologistas en Acción, Desarma Madrid, War Resisters Internacional, Baladre y la campaña Regularización ya, intervinieron ayer, 25 de junio, en la junta de accionistas de Indra, en una acción de Accionariado Crítico. Esta vez de manera online, para poner en evidencia las malas prácticas de la empresa en relación a la creación de material para armamento que es utilizado en guerras como la de Yemen, y para la militarización de fronteras, basada en criminalizar a las personas que huyen de la guerra y de la desigualdad.
Indra ha sido una de las empresas más protegidas del Estado español, con una tasa de crecimiento en ventas del 455% entre el 1996 a 2015. Disfrutando de una presencia muy significativa en todas las ramificaciones de la industria militar.
La empresa copa el 19,4% de las ventas de defensa en el sector de vehículos terrestres, domina las ventas de defensa del sector espacial y acumula un 38,6% de las ventas de defensa del sector misiles –que le reportaron unos 66 millones de euros en 2016–, además de estar presente a los sectores naval, aeronáutico, y, obviamente, también en el electrónico-informático, donde acapara cerca de la mitad del total de las ventas de defensa y la mayor parte del mantenimiento y modernización de la electrónica de múltiples programas de armamento. El Ministerio de Defensa español es uno de sus clientes principales, de mayo del 2017 a mayo del 2018, fueron adjudicados a Indra un total de 152 contratos del Ministerio, por un valor de más de 65 millones de euros.
Indra, armas para la guerra
Los miembros de las entidades que han participado en la acción han denunciado “la implicación de Indra en la fabricación y mantenimiento de los sistemas de combate Leopard de Santa Bárbara Sistemas – General Dynamics, y los radares de los Eurofighters de BAE Systems que después son adquiridos por Arabia Saudí, un país en guerra abierta con Yemen y que lidera la coalición que está provocando una de las mayores catástrofes humanitarias de enormes dimensiones”. El 12 de abril de 2018, el gobierno de España firmó un acuerdo para la venta a Arabia Saudí de cinco corbetas, construidas por Navantia (otra empresa española a la que Indra provee de componentes), que podrían emplearse en la guerra de Yemen y en el bloqueo. Según han constatado numerosas organizaciones internacionales, Arabia Saudí comete con impunidad vulneraciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
Indra, militarizar las fronteras y criminalizar los flujos migratorios
Indra participa en la militarización de las fronteras en diferentes dimensiones. En España, la principal industria que se lucra mediante contratación pública de la militarización de las fronteras es Indra, sobre todo en actividades de construcción de vallado y mantenimiento de instalaciones. Eso sin contar otros contratos que se han adjudicado a Indra en uniones temporales con otras empresas. “Mientras miles de personas mueren en el mar tratando de huir de guerras, hambre y desigualdad, el negocio de las fronteras es cada vez más lucrativo”, han denunciado hoy ante los directivos y accionistas de Indra.
Por ejemplo, el programa Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) ha tenido un coste de 236,8 millones de euros entre 2002-2018, de los cuales, casi la mitad han sido millones embolsados por Indra para el desarrollo y mantenimiento del sistema.
Por otro lado, Indra es una de las principales responsables de construir y mantener las vallas de Ceuta y Melilla, y ha sido responsable de la construcción de una tercera valla en la frontera española en Melilla. En 2005 se decidió aumentar la altura de la valla doble a 6 metros, así como instalar una tercera valla tridimensional, donde Indra tuvo un papel relevante.
La intervención registrada en la Junta General de Accionistas celebrada hoy, se ha retransmitido simultáneamente en vivo. En el acto se ha señalado que “frente a la presente situación de crisis que se ha dado por la Covid-19 a nivel mundial, cuando las verdaderas amenazas han demostrado ser la precariedad, la falta de investigación civil y las carencias de un sistema sanitario deficiente, las empresas de armas demuestran tener menos sentido ahora que nunca”.
«Pedimos la retirada de Indra del sector armamentista y de control de fronteras, reorientando sus actividades empresariales a áreas responsables con el cuidado y la sostenibilidad de la vida y del planeta. Poniendo la justicia social y medioambental en el centro», concluye la comunicación fruto de la acción de accionariado crítico.
La intervención registrada en la junta ha quedado recogida en este vídeo.