Reunión de CGT con la Seguridad Social para sacar a la luz pública los graves daños a la salud de cientos de miles de personas causados por el uso de amianto.
Cien mil personas mueren cada año como consecuencia de su exposición en el trabajo al amianto, un compuesto de minerales al que están expuestos 125 millones de personas en todo el planeta, principalmente en actividades relacionadas con la construcción, la industria química, el sector ferroviario y la automoción entre otros. Esta mañana, la Confederación General del Trabajo ha presentado un escrito ante el Ministerio de Trabajo para exigir el reconocimiento de los coeficientes reductores a la hora de la jubilación para todas aquellas personas afectadas en cualquiera de los procesos productivos en los cuales se hayan relacionado con el amianto, comercializado en España como Uralita. De este modo, CGT ha querido denunciar la «conspiración de silencio» en torno al uso de este material, que es la primera sustancia industrial relacionada con el cáncer de pulmón. Un «genocidio silencioso», en palabras del secretario de salud laboral de este sindicato, Desiderio Martín, quien, en declaraciones a Diagonal, explica que la presentación del informe ha estado acompañada de una reunión con la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, a la que seguirá otra reunión con la Secretaría de Empleo. El objetivo: que por parte del poder legislativo se lleve al Parlamento una iniciativa para que un Real Decreto reconozca a los afectados por el amianto y sus familiares el acceso al derecho a coeficientes reductores en la jubilación, reconocimiento de la enfermedad profesional que dé derecho a pensiones de viudedad y se diriman las responsabilidades de las empresas que han empleado amianto en sus procesos productivos.
Las enfermedades derivadas de la exposición al amianto tienen un tiempo de latencia de hasta 40 años, con lo cual, los trabajadores que han estado expuestos a este agente cancerígeno han visto dificultado su derecho al reconocimiento del origen laboral de las enfermedades asociadas a este agente. Por este motivo, CGT denuncia «la mayor tragedia laboral e industrial» de todo el siglo XX por número de muertes, enfermedades y sufrimientos causados. Como explica Martín, la problemática ha sido reconocida por diversos Estados. Hace pocas semanas Japón recibía una sentencia condenatoria por el uso del amianto en los años 50. También en Italia se produjo una histórica sentencia en 2013 contra la empresa Eternit a la que los tribunales encontraron responsable de 3.000 muertes.
En 2011, Diagonal entrevistó a Paco Puche, un militante ecologista especializado en los efectos de la Uralita, quien ya alertó de que por el uso extendido de este material «va a haber en torno a 50.000 víctimas en los próximos 20-30 años» y subrayó que uno de los problemas latentes es la falta de información a los trabajadores que inhalan este grupo de materiales, ya que la Seguridad Social se muestra «reticente» a declarar enfermedades profesionales y las mutuas «también se resisten», según Puche, a reconocer su responsabilidad subsidiaria. Martín también resalta el derecho de viudas y viudos a reclamar indemnizaciones y responsabilidades penales por el origen de esta enfermedad, que no está relacionada con la exposición ya que, como ha quedado demostrado en varias sentencias, una sola microfibra puede desencadenar el proceso de enfermedad. El secretario de Salud Laboral de CGT valora como positivo el hecho de que en los últimos años hayan surgido distintas asociaciones de afectados.
CGT ha anunciado que «va a poner en la calle, en la sociedad, en los sectores de producción y distribución, una campaña primero explicativa, segundo creando cooperación entre los trabajadores y trabajadoras para ser capaces de prevenir la salud de los cientos de miles y miles de personas afectadas, y exigir responsabilidades jurídicas en cualquier ámbito a empresarios, empresas y a las Administraciones Públicas». En este sentido, la campaña presentada hoy ante el Ministerio de Trabajo se ha extendido también a Catalunya. Allí, donde se ha convocado una rueda de prensa coincidiendo con el lanzamiento de la campaña, 201 personas presentaron el 20 de octubre firmas para exigir el cumplimiento de la legalidad en cuanto a la retirada de este material en las obras del Palacio de la Justicia que se están llevando a cabo en Barcelona.