Actualmente casi un millón ochocientos mil españoles han tenido que emigrar buscando en otros países lo que el suyo les niega: unas aceptables condiciones de vida. Prefieren huir de aquí porque saben que no tienen porvenir, que los partidos que han gobernado desde que comenzó la crisis (PP y PSOE, subalternos del poder económico europeo), […]
Actualmente casi un millón ochocientos mil españoles han tenido que emigrar buscando en otros países lo que el suyo les niega: unas aceptables condiciones de vida. Prefieren huir de aquí porque saben que no tienen porvenir, que los partidos que han gobernado desde que comenzó la crisis (PP y PSOE, subalternos del poder económico europeo), han hundido en la miseria y la desesperación a una sociedad que han dejado sin esperanza y sin futuro. Una gran mayoría son jóvenes muy preparados con estudios superiores (doctorados y másteres incluidos), que se aventuran a exiliarse sin saber que les espera en el exterior, pero con el deseo de desarrollarse como personas y profesionales. Algunos consiguen trabajo relacionado con su formación (aportando sus conocimientos a una sociedad que no ha invertido nada en su preparación), pero otros tienen que ocupar puestos miserables en unas difíciles condiciones laborales.
Al drama de tener que dejar a sus familias, sus amigos, su tierra y su cultura para buscar unas condiciones de vida que su país no les ofrece, se une que a los exiliados laborales españoles se les obstaculiza el derecho constitucional para decidir el futuro político de su país. En 2011 el PP, PSOE y CiU reformaron la Ley Electoral (Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero), para que los expatriados tuvieran que «rogar» el voto para ejercer su derecho a participar en elecciones. El «voto rogado» está teniendo, en todas las elecciones pasadas desde 2011, unos efectos devastadores (menos de un 5 % de votantes) sobre los españoles en el extranjero, pues está concebido para que los emigrantes no puedan decidir sobre el futuro político de su país. Para ejercer el derecho a participar son tantas las trabas burocrático-administrativas, escasos los tiempos y la falta de atención e información institucional que, o bien les impide votar o desanima a los electores: tienen que gastar su dinero y dejar el trabajo para desplazarse a consulados y ni así se les garantiza su derecho, pues en la mayoría de las ocasiones ni los documentos ni las papeletas de votación llegan. Como en pasadas elecciones, en estas del 20D, ejercerán su derecho a votar en torno a un 5 %, por lo que más de un millón setecientos mil españoles serán privados de este derecho constitucional que sólo ellos tienen la facultad de ejercer o no.
Tanto la Asociación Pro Derechos Humanos de España como la Marea Granate (colectivo formado por emigrantes españoles) han exigido que se derogue esta Ley Electoral y que se busquen fórmulas que promuevan la participación electoral de todos los emigrantes: votar es un derecho fundamental que no debe entender de países. Una de las fórmulas podría ser, según la Asociación de DDHH, la implantación del voto electrónico. Pero, como ha ocurrido con otras leyes que perjudican a las minorías (la actual ley electoral), no se derogará hasta que una mayoría sociopolítica tengan la suficiente fuerza y sensibilidad para acabar con tanta injusticia democrática.
Cuando aprobaron esta reforma de la Ley Electoral, el bipartidismo sabía que si se posibilitaba el voto a los emigrantes (esos casi dos millones) podían volcar el resultado, podían perder esas mayorías (con privilegios y corruptelas asociados) que han propiciado el hundimiento político, económico y laboral de nuestra nación.
Pero ¿de qué huyen estos emigrantes laborales? Se marchan para no formar parte de esos cinco millones de parados (más del 50 % con su edad) y de los más de trece millones de personas excluidas socialmente. Se van porque no tienen posibilidad de desarrollarse como personas y profesionalmente, en una sociedad cada vez con trabajos más precarios y menos derechos laborales y sociales. Se exilian para buscar un futuro que, como ellos saben, no van a tener en nuestro país, porque está en bancarrota, embargado, con una deuda pública astronómica (un billón de euros), imposible de pagar, unos impuestos regresivos y un alto fraude fiscal. Muchos emigran para intentar mejorar la dura situación de sus familias (desahucios, hambre, paro…) y para no contemplar la desesperación por salarios de miseria. Salen de nuestro país asqueados de tanta corrupción, tanto esclavismo, tanta desigualdad social. En esta situación, el facilitar que estos expatriados voten es un alto riesgo para los partidos del Régimen.
Pero los que estamos aquí y podemos votar debemos hacerlo pensando que queremos que vuelva esta generación exiliada, perdida, que queremos recuperar un nivel aceptable y generalizado de bienestar social, que deseamos acabar con la pobreza y con la desigualdad social, que pretendemos garantizar unos servicios públicos para todos y que aspiramos a una sociedad más justa e igualitaria, sin discriminaciones, una sociedad de pleno empleo. Tenemos que votar y hacerlo creyendo en la necesidad de romper con este injusto Sistema, desbancando del poder político a los partidos del Régimen del 78 (PP y PSOE). Hay que votar para regenerar la vida pública, mediante una ruptura democrática con un Proceso Constituyente que posibilite la independencia nuestro país y la recuperación de nuestra soberanía política, social y económica.
Juan García Ballesteros. Presidente del Colectivo Prometeo y miembro del FCSM
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