18 de Julio de 1936: la sublevación militar ya no es una simple amenaza. Cádiz, Granada, Córdoba y Sevilla se suman de inmediato al movimiento, Huelva se uniría poco después. Almería, Málaga y Jaén continúan fieles a la legalidad. Luis Dorado Luque, diputado electo por Málaga se encontraba en Madrid esos días. De regreso a […]
18 de Julio de 1936: la sublevación militar ya no es una simple amenaza. Cádiz, Granada, Córdoba y Sevilla se suman de inmediato al movimiento, Huelva se uniría poco después. Almería, Málaga y Jaén continúan fieles a la legalidad. Luis Dorado Luque, diputado electo por Málaga se encontraba en Madrid esos días. De regreso a su ciudad es detenido junto a otros tres diputados y un periodista llamado García Hidalgo en la estación cordobesa de Alcolea por fuerzas militares al mando del coronel Cascajo, responsable de la sublevación en Córdoba. Fue testigo de este hecho el cónsul británico en Málaga que viajaba en el mismo tren. Días después, la familia recibe una caja de zapatos sin remitente con sus pertenencias personales. Se sabe que estuvo detenido al menos hasta el día 28 de julio, fecha de la que se conserva una firma suya estampada en el acta de defunción de un periodista. Queipo de Llano desde su emisora de Sevilla también dio noticias de aquella detención. El día 30 de Agosto de 1936 encuentran en un lugar sin determinar el cadáver de un varón de unos 50 años que tras la autopsia es declarado muerto por arma de fuego y enterrado en el cementerio de Córdoba. Toda la documentación que portaba el difunto correspondia a Luis Dorado Luque, diputado socialista por Málaga, pero los responsables de dar fe de su fallecimiento deciden declarar que se trata de un «desconocido» que porta la documentación de un tal «Luis Dorado Luque», sin dar más explicaciones.
En 1993, tras doce años de gestiones, la familia consigue que se le reconozca como fallecido, y al haber tantos indicios de ilegalidad inicia tramites legales para que el Estado actual se responsabilice de aquella muerte. En este articulo, obra de su nieto, se señalan una serie de detalles sobre la guerra y la represión que se han tratado siempre de ocultar a la opinión pública.
Exilio interior
La primera vez que en mi memoria se grabó como un estigma la palabra rojos fue en 1958 durante mi infancia cuando nos llamaban los hijos de la roja. Mi abuela materna, de pronto, se hizo presente entre nosotros. Venía de Australia; yo tenía seis años y ese acontecimiento fue una revelación. Por fin conocía a mi otra familia, su desgracia y sufrimientos: ella nos contó que su marido, Luis Dorado Luque, era diputado socialista y fue asesinado el 30 de julio de 1936 en Córdoba por esos militares que gobernaban España, a los que se unieron tropas regulares del norte de Marruecos, Portugal, Italia, Alemania. Para matar la República.
Tuvo que huir con tres hijas a Francia y de allí a Bélgica, donde consiguió que fueran acogidas por familias socialistas belgas; estuvieron en ese país hasta el inició de la II Guerra Mundial. Su padre, que era carabinero y estaba destinado en el puerto de Málaga, convenció al capitán de un mercante alemán que embarcara a su hija y sus tres nietas en el puerto de Amberes en su ruta de vuelta a Málaga. El capitán cumplió con el trato y clandestinamente y con mucho miedo volvieron a Málaga. Mi madre contrajo el tifus y esa enfermedad le dejó secuelas sin posibilidades de tratamiento en esos momentos, pero las dificultades no pararon ahí. Recién terminada la guerra mundial y desvanecida toda posibilidad de restituir la legalidad republicana, un hermano suyo, integrante de las milicias socialistas, junto con la menor de sus hijas decide trasladarse a Bélgica con algunos grupos de resistentes socialistas. En esos momentos sus vidas corrían peligro pues su hija mayor contrajo matrimonio con un capitán del ejército popular que se encontraba en busca y captura. Estas circunstancias obligaron a Josefa, así se llamaba mi abuela, a reemprender el camino de la huida para salvar su vida y la de los suyos.
Una vez que estuvieron su hermano e hija en Bélgica contrajo matrimonio mi madre. La familia de mi padre constituía un aval de seguridad, eran comerciantes y había un hermano héroe de la División Azul. Entre todos planearon la manera de poner a salvo a mi abuela, a su hija mayor que estaba embarazada y tenía dos niños pequeños y a su marido. Se organizó un viaje a Barcelona en tren para el matrimonio y los niños, les acompañó un hermano de mi padre que hacia el servicio militar en Barcelona, se instalaron en un poblado chabolista y de cuevas hasta que mi abuela logró entrar en Francia y organizar el paso por Andorra del matrimonio y sus nietos.
Una vez en Bélgica se acogieron al estatus de refugiados de la República, su hija menor se casó con un belga y el resto emigró a Australia. Ahora que España ingresaba en la ONU su vida ya no corría peligro, tenía un pasaporte español y por fin yo la conocía. No obstante su marginación fue tal que al poco tiempo tuvo que marchar como emigrante para trabajar en Bélgica, hasta que en 1962 retornó ante el agravamiento de la enfermedad de mi madre y renunció a su libertad para estar junto a nosotros, sabiendo que no sería bien recibida y tendría que cargar con la ignominia. Nada de esto le importó, hasta conseguir un tratamiento efectivo para mi madre y, una vez conseguido, celosa de sus ideales y valores, mantuvo su independencia con su trabajo de costura y la ayuda que recibía de sus hijas en el exilio.
Pero sus sufrimientos se incrementaron con la noticia de la muerte de su hija en Australia y mi ingreso en prisión en 1972 en Barcelona en aplicación de la ley de peligrosidad social, por la que estuve quince meses privado de libertad, hasta que el juez declaró la absolución.
En 1974-5 me incorporé al naciente activismo gay y animado por mi abuela entré en contacto con militantes del PSOE renovado, liderado por Isidoro, a la sazón Felipe González.
En 1976 me integré como militante y miembro del comité provincial de las Juventudes Socialistas y delegado en el comité nacional hasta 1978, momento en el que dimití de mis cargos y abandoné esta organización, disconforme con los Pactos de la Moncloa y el fondo de la ley de amnistía, que no sólo excluía a los homosexuales sino que actuaba de facto como legitimador de la dictadura militar coronada.
Pronto pude comprobar el alcance de la traición de unos líderes que, llevados por el positivismo, decidieron, con el régimen, continuar con la mentira, desarrollar medidas tacañas de compensación y cubrir con el silencio todo atisbo de memoria y justicia para los vencidos, una vez impuesto el perdón y la impunidad.
Cómo a la fuerza ahorcan mi abuela delegó en mí la tarea de solicitar su pensión de viuda. En 1978 unos compañeros de Córdoba localizaron el lugar del enterramiento de mi abuelo, en el cementerio de Nuestra Señora de la Salud, en la capital, y solicitamos al registro civil una partida de defunción. Nos dieron una nota que registra un cadáver que aparenta 50 años y en cuyos bolsillos se encuentran la cédula de identidad a nombre de Luis Dorado Luque, natural de Málaga, junto con otros documentos.
Según la autopsia, murió el 30 de julio de 1936 por armas de fuego: dos impactos de bala en el hígado y otro en la cabeza; la nota, en su epígrafe, lo inscribe con la signatura varón desconocido. Con este documento y en virtud de la ley que desarrollaba la amnistía solicité la pensión de viudedad y el Gobierno Civil, encargado de la tramitación, me la rechazó por no ser literal la nota de fallecimiento. Nuestro estupor no hizo nada más que empezar. La otra vía posible consistía en una declaración jurada en el Ayuntamiento de residencia. Así lo hicimos. Venciendo el miedo, los que actuaron como testigos juraron que el 17 de Julio de 1936 Josefa Ortiz Lara, esposa del diputado socialista por Málaga, despidió a su marido en la estación de Atocha, que junto al diputado Antonio Acuña fueron enviados a Málaga y Melilla, con órdenes de la dirección socialista, para calibrar el alzamiento militar producido en el protectorado del norte de África, pero el tren fue detenido en Alcolea hasta que unos camiones con falangistas sublevados subieron al tren. A ellos se unieron unos militares y guardia civiles que viajaban en el tren y procedieron a detener a los dos diputados y a un extranjero, que resultó ser el cónsul británico en Málaga. En su momento estos hechos, como su asesinato, fueron portada de los periódicos de la época, entre el 18 y el 30 de julio de l936 en la ciudad de Córdoba.
Ante la telaraña burocrática con la que me topaba recurrí a los servicios de un habilitado de clases pasivas y él se encargo de tramitar y abrir el expediente de viudedad, pero de nuevo el Ministerio de Hacienda rechazó nuestra solicitud por el mismo motivo: no da por válida la partida de defunción ni reconoce la declaración jurada. Una vez que comprobamos la inutilidad de la prometida reconciliación no tuvimos más remedio que emprender una declaración voluntaria de fallecimiento. En 1981 instamos en el juzgado de instrucción esta causa, que no se resolvió hasta 1993, y en nuestras alegaciones al expediente abierto en clases pasivas señalamos nuestra impotencia y la tardanza del juzgado en tramitar la declaración de fallecimiento, pero el Tribunal Económico Administrativo del Ministerio de Economía y Hacienda resolvió una antigüedad del expediente de tres meses a contar desde el momento que se produce el auto judicial aduciendo que «intencionadamente habíamos provocado dilatar el proceso y hacer pasar un varón desconocido por deudo de Josefa Ortiz».
Mi abuela murió en 1996, a la edad de 97 años. Una sobrina suya me entregó una carta que ella había escrito para mí con la orden de que se me diera a su muerte. Me exhortaba a que fuera a la plaza de la Merced, en Málaga capital, y leyera de nuevo, como cuando niño, la lapida del lateral derecho del obelisco a Torrijos y sus compañeros: «El mártir que trasmite su memoria no muere, sube al templo de la gloria». Cumplí su deseo y al leer esta lápida entendí lo que me pedía: lealtad a los principios y valores de la República, dignidad y justicia para los mártires.
Han pasado 30 años del inicio de la transición y no hay memoria ni justicia para nuestros muertos, lo más que nos espera es el lapidario «que los muertos entierren a sus muertos». A esto nos enfrentamos los familiares y las asociaciones que se han constituido para reivindicar la memoria histórica.
Este movimiento cívico, junto a los investigadores, historiadores honestos y los familiares de las víctimas constituyen el reverso al pacto de silencio y vergüenza. Yo quisiera señalar que, cuando se pide la revisión de sentencias de muerte, la responsabilidad de los militares por los asesinatos contra los representantes de las instituciones del Estado en los días posteriores al 18 de julio, se están estableciendo las bases para romper la impunidad y no para meter el dedo en la herida.
En estos momentos la sociedad española no gira enredada por la madeja de la transición, sino que anda envuelta en el Estado de Derecho, es decir, homologada como un Estado en el que hay leyes porque existe justicia y no justicia porque haya leyes. Este principio es el que encara la llamada «generación de los nietos», no reivindican el pasado como sus padres con miedo y zozobra, perdonando sin remedio para mantener la fiesta en paz, aceptando impotente la asimilación del ideario, símbolos, monumentos, lugares de culto y rotulación de calles, plazas, edificios públicos y militares del franquismo.
Esos condicionantes no están hoy presentes en la sociedad española. Las encuestas señalan que el 60 por ciento de los españoles está a favor de establecer la verdad, la dignidad, justicia y reparación a las victimas y familiares del golpe militar del 18 de julio y la posterior dictadura de Franco.
Limpiar al Estado de sus delitos y crímenes es nuestra tarea, al menos es nuestro derecho en un Estado de Derecho. La declaración sobre estos hechos del Consejo de Europa y la ley que prepara el Gobierno son un primer golpe al muro de la impunidad que pesa sobre las víctimas del fascismo español, impulsado por la voluntad y perseverancia de los que buscan la verdad, la memoria. Gracias al trabajo de muchos investigadores hemos podido conocer las circunstancias de sus muertes y lugares de enterramientos, gracias a la apertura de archivos y fundaciones conocemos las irregularidades y tropelías judiciales con las que se asesinaron a miles de personas. Ahora es el momento de cerrar las heridas realizando lo que antes no se hizo, depurar las responsabilidades y abjurar de los crímenes de la dictadura.
En nuestro caso, fieles a las promesas, tenemos la documentación que incrimina al cuartel de artillería número uno de Córdoba y a las autoridades militares de esa zona en la detención y asesinato de mi abuelo, junto a la declaración autobiográfica de un militar que viajaba en el tren y participó en la identificación y detención de mi abuelo, su compañero y un extranjero.
También gracias a colaboraciones hemos podido obtener copia autentificada del libro de enterramiento del cementerio. Allí está registrado el enterramiento de mi abuelo con fecha 30 de julio, lo que confirma nuestras sospechas de manipulación en la inscripción del Registro Civil y la voluntad de impunidad.
En la transición nos obligaron a recurrir a los tribunales de justicia, ahora esos tribunales tendrán que hacernos justicia señalando las responsabilidades y las indemnizaciones a que haya lugar por la gravedad de los hechos y la persistente negación de los mismos, contraviniendo el propio ordenamiento constitucional y las obligaciones que el derecho internacional le impone sobre víctimas de conflictos civiles y dictaduras.
La verdad, la memoria histórica y la reparación no pueden existir sin la verdad jurídica y la reconciliación. El perdón como queda dicho fue obra de nuestros abuelos y padres. Ahora son momentos de justicia y salud democrática porque a la justicia no hemos renunciado los directamente afectados y ningún filibusterismo político y jurídico puede suplantar nuestra demanda de justicia.
Es decir, que se cumplan las leyes que sancionan la violación de los derechos humanos, la tortura, los asesinatos, el encubrimiento y la colaboración en crímenes contra la humanidad. Porque donde no hay justicia no hay Estado.
* Antonio Gutiérrez Dorado. Portavoz de la familia de Luis Dorado Luque, diputado socialista de Málaga asesinado en Alcolea (Córdoba) el 30 de julio de 1936 por las tropas franquistas.