En mi corta labor asociativa he tenido el placer de conocer a grandes luchadores, pero sus historias son tristes y deberían conmocionar a nuestros «compañeros» del Cuerpo Jurídico, pero no es así, casualmente el Cuerpo Jurídico Militar no se pone del lado del débil, si no del lado del corporativismo, y en apoyo siempre al […]
En mi corta labor asociativa he tenido el placer de conocer a grandes luchadores, pero sus historias son tristes y deberían conmocionar a nuestros «compañeros» del Cuerpo Jurídico, pero no es así, casualmente el Cuerpo Jurídico Militar no se pone del lado del débil, si no del lado del corporativismo, y en apoyo siempre al «ilustre apellido» o al Ministerio de Defensa aun siendo estos participes y por tanto culpables de las injusticias en muchos casos.
Son cientos de casos los que existen, pero les hablare brevemente de los que conozco, procurando ser siempre fiel a las pruebas vistas por mí mismo y no solo a las versiones escuchadas.
Comenzando por el cabo Marcos Soto, firmante de un manifiesto antifranquista en el que expresa su sentimiento y deseo de mantener viva la democracia y la Constitución Española, expedientado varias veces con falta grave por expresar unos ideales como cualquier español de a pie puede hacer partiendo de la libertad de expresión y sin ofender en ningún momento a las Fuerzas Armadas, mientras Oficiales y Oficiales Generales firman manifiestos exaltando la figura del dictador Francisco Franco no han recibido señal alguna de sanción, llegando incluso algunos a ser «fichados» por partidos políticos.
Cambiando de tercio y dirigiéndonos al de la Armada Española, nos encontramos al teniente José Manuel Candón Ballestero, quien 8 años después de la tragedia donde perdió a cinco compañeros suyos y el quedó con graves secuelas, sigue sin obtener resultado alguno de sus peticiones aun presentando pruebas e informes de peritos de la Guardia Civil, E T. y particulares de prestigio contrastado donde se demuestra que las minas contra-carro que aquel día explosionaron se encontraban en «Estado 40», es decir, clasificados inútiles y con expediente abierto para desmilitarizar , todos estos explosivos entregados bajo la firma de un general y con el beneplácito del Polvorín de El Viso, dicho sea de paso.
No nos dejemos al capitán Pedro Palazuelos, quien contaba en ETB como después de 30 años de servicio a las Fuerzas Armadas todo se vuelve contra él tras denunciar casos de corrupción en el acuartelamiento de Soietxe, donde las empresas privadas campan a sus anchas y los que firman esos contratos y presuntamente engordan facturas salen impunes una vez más, estas «irregularidades» iban desde los procedimientos de contratación, a los consumos de combustible, pasando por la contrata del bar de mandos, servicios en el acuartelamiento, llegando incluso al sabotaje de instalaciones por parte de personal de mantenimiento, irregularidades que podrían haber salpicado al Jefe de Unidad. El resultado de todo esto es un capitán expulsado del ejército por «inadaptación a la unidad» y corruptos condecorados o ascendidos en la mayoría de los casos.
El teniente Luis Gonzalo Segura, que se limitó a denunciar la corrupción dentro de las Fuerzas Armadas, teniente que tenían que condecorar por sus denuncias y que por el contrario fue expulsado del ejército para no ensuciar los «apellidos ilustres» de los que no han recibido castigo alguno, hoy tiene que buscarse la vida como puede sin cesar en su empeño de continuar denunciando las tropelías que muchos de nosotros no hemos tenido el valor de denunciar en su momento, pero que poco a poco van saliendo a luz.
Que decir de nuestro paracaidista Alejandro Clemente, nuestro luchador se encuentra en una cama ortopédica y alimentado por un tubo de plástico directo al estómago desde el año 2007 y todavía no ha recibido la atención que le corresponde por parte del Ministerio de Defensa, extrayendo información del blog de «La toga castrense» podemos leer que el pasado 4 de julio del año en curso, la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo dictó sentencia desestimando el recurso de casación interpuesto por la acusación particular, contra la sentencia absolutoria del Tribunal Militar Territorial I de Madrid, de fecha 28 de noviembre de 2016, en causa seguida por delito «contra la eficacia del servicio» (imprudencia) con resultados de lesiones muy graves producidas a un soldado paracaidista en acto de servicio. Tras muchos informes el encargado de hacer los cálculos del salto paracaidista ese día fue absuelto de todo y el Ministerio de Defensa, responsable civil subsidiario, sin condena.
Sebastián Ruiz, el padre de uno de los fallecidos en el siniestro de un «Super Puma» del Servicio Aéreo de Rescate (SAR) en 2014 denunciaba en medios de prensa las condiciones de seguridad en las que trabajan los pilotos y las trabas que la comisión del Ministerio de Defensa pone en las investigaciones, con el objetivo de «impedir que la responsabilidad llegue a los de arriba. No cesa en su empeño de «limpiar la memoria» de su hijo en los tribunales. El ejército mantiene que el siniestro en el que perdió la vida el teniente Ruiz fue responsabilidad de los pilotos (él era copiloto aquel 19 de marzo).
Juan Carlos González, infante de Marina con una minusvalía reconocida por la Junta de Andalucía de un 42% y por parte del Ministerio de Defensa un 5%, a día de hoy se encuentra sin ayuda de ningún tipo por parte de los que él consideraba ser «los nuestros», teniendo incluso que recurrir a la venta de pañuelos desechables en los semáforos para poder subsistir hasta que la Seguridad Social se hizo cargo de él después de varios años.
La artillera ValdeArcos, que injustamente se archiva su caso relacionado con una baja médica y sufriendo acosos laborales de un superior, sin aceptarla a trámite sus pruebas donde se demuestra su inocencia y por tanto la culpabilidad y responsabilidad de una teniente coronel que «casualmente» comparte apellido con infinidad de oficiales y oficiales generales, llegando incluso a ni siquiera citar a la teniente coronel en el proceso judicial a pesar de ser acusada.
Nos sorprende ver como se archiva el caso de el «Juan Sebastián Elcano» en el que se encuentran hasta 217 Kg. de cocaína después de «supuestamente» intentar culpar solo a dos marinos, parece ser que al ser esto imposible no interesa seguir investigando no sea que se abra la caja de los truenos y caigan más a parte de los integrantes de la ninguneada escala de tropa y marinería.
Llega también a mis oídos el caso de un cabo del ejército de tierra, su nombre por miedo a represalias en su contra no lo doy, su calvario empezó hace cuestión de 3 años cambiando dos veces de destino para intentar parar el acoso psíquico y psicológico de los oficiales con los que trata a diario. Como ya no podía más ha tenido que recurrir a la ayuda psicológica e incluso interponer tres partes a dichos oficiales, los cuales no han servido de nada. Su último recurso ha sido denunciar en el togado de Madrid, pero me cuenta que no cree que sirva de mucho ya que tanto la fiscal como la abogada del Estado desde un principio le han prejuzgado a él sin ni siquiera tener conocimiento de los hechos. Así que una vez más creo que quedaré decepcionado de la jurisdicción militar.
El caso de este que suscribe, que sin más pruebas que recortes de periódico y videos en redes sociales y aludiendo «probabilidad» en los hechos acontecidos por parte del Ministerio de Defensa en mi posible falta, he sido sancionado con 12 días de sueldo y falta grave por «romper la neutralidad política», mientras otros llegan incluso a aparecer en listas electorales estando en activo y no ocurre nada al respecto.
Y por último y no por eso menos importante, llegando incluso a ser el más sangrante de todos los casos conocidos, encontrándome de misión internacional en Bosnia Herzegovina el 26 de mayo de 2003 el vuelo 4230 de UM Airlines se estrelló en Turquía, mas conocido como YAK-42, en el monte Pilav, cerca del aeropuerto de Trebisonda con 75 personas a bordo, el Ministerio de Defensa actualmente no dispone de forenses pero por allí desfiló una cúpula militar, lo que no entiendo es la labor que desempeñaron cuando 15 años después se descubre que en España sus familias enterraron no sabemos qué, al ver publicado en distintos medios de prensa la noticia que faltan miembros de sus familiares y que se han encontrado en Turquía, como entenderán ustedes el perdón pedido por parte del Ministerio de Defensa a las víctimas por parte de María Dolores de Cospedal no es suficiente cuando algunos de los responsables de la tragedia fueron condecorados y ascendidos y el entonces Ministro de Defensa Federico Trillo recompensado con un puesto en una embajada.
Como pueden ver no se trata de casos aislados, sino de un «modus operandi» utilizado por el Ministerio de Defensa en el que el más débil es ninguneado, donde se alargan y se alargan los casos mediante recursos en los que los acusadores ni pagan costas ni aun acabando siendo culpables son sancionados de ningún tipo, donde la salud y la economía del más débil hace que muchas veces se rindan acabando el fuerte una vez más intocable.
Jamás entenderé qué pinta la justicia militar en tiempos de paz y más cuando actúa de una manera tan imparcial y por tanto muy lejos de lo que su propio nombre indica, justicia militar que como leí recientemente en un artículo publicado por el oficial de la Armada retirado Arturo Maira queda constatado que solo se utiliza de arriba abajo y nunca por supuesto haciendo referencia a la palabra «justicia».
Gracias a las redes sociales y al empeño de unos valientes ahora podemos decir que todos estos casos salen a la luz y que unos cuantos luchadores cada día estamos más unidos y contamos con el apoyo unos de otros, que coincidimos en que tarde o temprano #CaeranLosDesleales y que ese día al fin podremos hablar de que es justa la justicia militar.
¿A dónde quiero llegar sin ahondar en estos casos?
Es sencillo, y de la misma manera que comencé el artículo lo termino.
¿Existe realmente justicia dentro de la justicia militar?
Jenner López Escudero, Presidente de 45 sin despidos, un cabo temporal.
Fuerza y honor.
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