La asamblea extraordinaria de la Asociación para la Investigación de los Medios de Comunicación (AIMC), responsable del Estudio General de Medios (EGM), aprobó el miércoles la expulsión de la cadena COPE, propiedad de la Conferencia Episcopal. La COPE reconoció haber infiltrado falsos encuestadores en el organismo, una trama para «manipular los resultados», según la AIMC. […]
La asamblea extraordinaria de la Asociación para la Investigación de los Medios de Comunicación (AIMC), responsable del Estudio General de Medios (EGM), aprobó el miércoles la expulsión de la cadena COPE, propiedad de la Conferencia Episcopal. La COPE reconoció haber infiltrado falsos encuestadores en el organismo, una trama para «manipular los resultados», según la AIMC.
La AIMC denunció entonces «falsificaciones» dirigidas a «alterar fraudulentamente» los datos de audiencia y, el pasado 10 de marzo, la asociación decidió por unanimidad incoar expediente de sanción a la cadena episcopal con propuesta de expulsión por faltas muy graves atendiendo a lo indicado en los estatutos de la asociación, para lo que abrió un plazo para que la cadena presentara alegaciones.
La COPE reconoció haber infiltrado falsos encuestadores en el organismo, una trama para «manipular los resultados», según la AIMC.
La asamblea general extraordinaria de la Asociación, convocada para informar del expediente incoado contra la COPE se saldó con 82 votos (de los 111 asistentes) a favor de la expulsión de la cadena de la Conferencia Episcopal. José Antonio Abellán, director de deportes de la cadena, que intervino en la asamblea, intentó justificar la manipulación señalando que su objetivo fue constatar el funcionamiento del sistema.
Abellán aseguró que había infiltrado a encuestadores para demostrar que el EGM «es un fraude», y pidió una auditoría independiente sobre el sistema de medición de audiencias. La «investigación» de la COPE arrancó en septiembre y estaba liderada por el propio Abellán. Según su versión de los hechos las encuestas no se cumplimentaban con datos reales, los formularios se rellenaban parcialmente y sólo se supervisaba el 4% de las encuestas.
Sin embargo, el presidente de la AIMC, Carlos Lozano, aseguró que la manipulación en sentido amplio ha estado protagonizada por la COPE. Los entrevistadores infiltrados por la cadena «han modificado las respuestas», han hecho entrevistas a quien no debían y en muchas ocasiones ni siquiera han realizado las entrevistas», lo que constituye un «ataque frontal» al sistema diseñado por el mercado para medir la audiencia.
El estamento 1, de anunciantes, agencias de medios y de publicidad, apoyó abrumadoramente la exclusión con un 86 por ciento (19 de los 22 asistentes), mientras que en el estamento 2 de medios de comunicación, se pronunciaron a favor 63 de los 89 socios que acudieron.
Tras la expulsión de la COPE, la AIMC anunció que los datos de audiencia de esa cadena no se publicarán en las próximas oleadas del EGM, un instrumento fundamental para los anunciantes y las centrales de medios.
Con sus informes de audiencia planifican las campañas en las distintas cadenas de radio y son una referencia a la hora de aplicar las tarifas.
Los directivos de la AIMC informaron de las irregularidades detectadas como consecuencia de la operación de sabotaje montada por el jefe de Deportes de la COPE. El organismo demoscópico constató la presencia de al menos ocho entrevistadores infiltrados por el equipo liderado por ese periodista para alterar los datos del estudio a través de respuestas falsas, que fueron incluidas en los cuestionarios, o de encuestas directamente inventadas.
La mayor parte de las irregularidades observadas se han localizado en Madrid, donde invalidaron el 50 por ciento de las muestras.
Precisamente la emisora de la COPE fue la que lanzó una «broma» contra el entonces presidente electo de Bolivia Evo Morales relacionada con una supuesta llamada del jefe del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero.
Es además, la emisora que ha servido de respaldo a las campañas del Partido Popular contra el Gobierno, en especial para las movilizaciones callejeras contra la nueva ley de educación, y el Estatuto de Cataluña.