Las democracias burguesas han llegado a unos límites en la aplicación de los servicios públicos que no satisfacen ni mucho menos las exigencias de la población trabajadora.
La clase burguesa disminuye notablemente el excedente productivo que antes empleaba para mantener en un cierto nivel al Estado de Bienestar a sostener e intentar recuperar la caída de la tasa de ganancia de sus capitales.
Una buena parte de los medios económicos que se están poniendo en juego en nuestra región como los Fondos europeos, los que provienen del Estado, o los miles de millones para combatir la crisis de la pandemia (Fondos Next Generation), etc. están dirigidos a la modernización productiva de las grandes empresas; basta echar un vistazo a las diferentes informaciones procedentes de los medios de comunicación y a las declaraciones de dirigentes políticos para observar que los objetivos prioritarios son las mejoras en la digitalización, tecnologías de la información y la comunicación, y automatización. En muy pocas ocasiones se hace mención a que cierta cantidad de esos fondos se destinarán a mejorar la sanidad pública, la educación o la dependencia, son dineros que en buena proporción van destinados a mejorar la productividad del capital y los beneficios patronales.
En este orden de cosas, hemos conocido como los presidentes de Telefónica, Iberdrola y Naturgy y otras grandes multinacionales, en representación de lo más selecto del Ibex 35, subrayaron en Davos su entusiasmo por el recién aprobado PERTE de microelectrónica. Las grandes multinacionales del sector de la microelectrónica y el gobierno han creado el consorcio empresarial internacional Alliance of Ceo Climate Leaders del Worldeconomic Forum para manejar los fondos de recuperación económica europea en modo PERTE que suponen una inversión pública de unos 12.250 millones de euros. Estos fondos irán directamente a las manos de los patronos de las grandes empresas, mientras que dichos préstamos se pagarán como deuda pública, para que sea pagada por todos. Ya sabemos quién va recibir los fondos de la llamada “transición energética y la apuesta por la economía verde”, y quién va a pagar dichas inversiones multimillonarias.
No obstante, a pesar de los esfuerzos que el Estado realiza apoyando al sector privado no se supera la crisis crónica del sistema capitalista. Las miserias del desempleo, la precariedad laboral, las ridículas ayudas sociales, la dificultad que algunas capas sociales tienen para acceder a los suministros básicos de luz, agua y gas, etc. se incrementan sin cesar. La pandemia complicó las cosas, y el horizonte que se aproxima es aún más negro provocado por las medidas económicas y militares que acuerda el imperialismo norteamericano y la OTAN contra Rusia.
Los estados capitalistas reducen lo poco que queda del Estado de Bienestar Social castigando más aún de lo que ya estaban a los sectores sociales más pobres de sus respectivas sociedades. En nuestra región la elevada inflación acelera la continua reducción de los presupuestos regionales lo que afecta muy negativamente a las prestaciones de los servicios públicos; este empeoramiento generalizado se nota muy especialmente en la atención sanitaria donde comienzan a escucharse algunos gritos que muestran la insatisfacción social.
El Ministerio de Sanidad ofreció recientemente datos de las listas de espera al 31 de diciembre de 2021. En las misma, se refleja que nuestra región tiene en esa fecha unas 24.250 personas esperando una intervención quirúrgica, con un tiempo medio de espera de unos 145 días, siendo la cuarta región del estado español en la que hay que esperar más tiempo para operarse, sobre todo en las especialidades de Traumatología, Oftalmología y Cirugía General y de Digestivo. En las listas de espera para consulta de especialistas hay un número de 37.180 personas.
El propio Defensor del Paciente indica en su informe anual que en estos últimos años los estamentos políticos se han guiado por unas políticas sanitarias que han sido bastante desacertadas lo que ha llevado a que el sistema sanitario haya sido incapaz de dar una respuesta adecuada a los problemas de salud de la población, que se han querido resolver con un aumento de los convenios con la sanidad privada tal y como la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS) viene denunciando.
Así mismo, el Defensor del Paciente aconseja la necesidad de superar todo lo que entorpece la falta de interés de los profesionales por la sanidad pública: contratos precarios, contratos temporales, falta de personal de enfermería y celadores, bajas sin cubrir, fuga de médicos, etc”.
Sin duda, sólo con otra política sanitaria que tenga como eje central el incremento de los recursos humanos y técnicos se podrá mejorar el funcionamiento y la calidad del sistema sanitario público muy influenciado negativamente por los problemas de la pandemia.
Poco a poco, ante esta injusticia social el silencio de las clases oprimidas comienza a desaparecer y sube el volumen de voz que denuncia los retrasos y la falta de personal especializado en los centros de salud y en los hospitales.
Hace pocas semanas algunos medios de comunicación regionales se hacían eco del estado de la sanidad pública en Extremadura y señalaban que somos una de las comunidades del estado español con menos médicos y enfermeros de atención especializada.
En los centros de salud y en los hospitales extremeños hay una masificación importante lo que viene a ser un indicativo de que la asistencia pública sanitaria no es la adecuada. La Ley de Tiempos de respuesta (1/2005) que entró en vigor en Octubre de 2005 difícilmente se cumple como ponen de manifiesto los informes de la Defensora de los Usuarios del Servicio Extremeño de Salud creado en 2003. En el artículo 4 de la mencionada ley se establecen los días naturales que conforman los plazos máximos de respuesta en la atención sanitaria:
“Los pacientes que requieran atención sanitaria especializada, de carácter programado y no urgente, en el ámbito del Sistema Sanitario Público de Extremadura, serán atendidos dentro de los plazos que se expresan a continuación: 180 días naturales en el caso de intervenciones quirúrgicas. 60 días naturales para acceso a primeras consultas externas. 30 días naturales para la realización de pruebas diagnósticas/terapéuticas”.
Las listas de esperas tienen a miles de extremeños y extremeñas, un número que va creciendo de modo simultáneo al número de días que hay que esperar para ser atendido, de tal manera que hay especialidades en que las atenciones a pacientes tardan meses y meses, e incluso años, aspectos que en muchos casos influyen en la duración y en la calidad de vida de las personas. En este sentido, muchos técnicos sanitarios y sus organizaciones señalan que no hay un número adecuado de profesionales para una atención primaria adecuada. Por parte de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública se exigen más recursos humanos y técnicos para acabar con las listas de espera.
Desde Extremadura Digna y el Partido Socialista Libre Federación (PSLF) exigimos un plan de choque de la Consejería de Sanidad y del gobierno de España para reducir las listas de espera quirúrgica, consultas de especialistas y pruebas diagnósticas aumentando los recursos humanos y materiales de los centros sanitarios, los quirófanos y los equipos de pruebas diagnósticas en hospitales públicos.
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