Fascismo y censura en Canarias

Un destacado miembro de la dirección de Izquierda Unida, ante el apagón informativo que sufría su organización en tiempos de Felipe González, comentó: «Como no invite a bailar al Papa no nos sacan ni en el teletexto». Años después la situación ha cambiado, pero a peor. Los recortes a la libertad de expresión son directamente proporcionales a la concentración de poder de los grupos mediáticos, sus designios son los límites permitidos, el amparo legal, constitucional y universal del derecho a la información queda constreñido entre los intereses de los anunciantes y las órdenes del comisario político-empresarial de turno.

En Canarias, junto a esos monstruos mediáticos -Prisa, Vocento, Recoletos, Prensa Ibérica, etc.-, se han acomodado una serie de empresas autóctonas, consorcios empresariales de ámbito autonómico o insular vinculados, como en Murcia, a los constructores y promotores urbanísticos y que controlan en estrecha colaboración la industria editorial, las televisiones, los jurados de los premios artísticos o literarios y hasta organizan macrobotellones en parajes protegidos. Periódicos, emisoras de radio y TV que acaparan las multimillonarias campañas institucionales o aquellas otras, también con dinero público, que nos cantan las virtudes de nefastas e innecesarias infraestructuras -seis millones de euros cuesta camelarnos con el tranvía de Ricardo Melchior-. En clara sintonía con las oligarquías gobernantes deciden qué deben conocer los ciudadanos, qué jardines se deben acondicionar, contra quién debe actuar la justicia y, sobre todo, a quién se debe votar… Fueron tantas las campañas orquestadas desde el Foro Empresarial para el Progreso de Tenerife, alentadas por las Cámaras de Comercio y el Tripartito Canario y amplificadas por unos medios sumisos y concupiscentes, que cualquier persona, asociación de vecinos, grupo ecologista que no tragara con sus descomunales proyectos -Pto. de Granadilla, anillo insular, tranvía, vía cornisa, etc.- eran considerados, sin ningún género de duda, enemigos de Tenerife y, por lo tanto, apremiaba combatirlos como fuera. Abrieron la veda, salieron de caza y dispararon contra todo lo que se movía al margen de sus intereses.

Hace algún tiempo un periodista de La Opinión de Tenerife, con la intención de ridiculizar a aquellos que veían una clara connivencia entre los medios de comunicación y el aparataje de Coalición Canaria y sus compinches, escribió un artículo titulado «Código uno» donde describía a modo de sainete cómo el presidente Adán Martín citaba a los «creadores de opinión isleños» en una tétrica cueva a la que se accedía a través de una alcantarilla en desuso con la intención de aleccionarles acerca de lo que se debía publicar, de cómo se debía tratar a supuestos enemigos políticos o cómo había que silenciar a manifestantes molestos, y todo bajo la amenaza de despido si no se cumplían sus órdenes. Lejos de ser la parodia que el autor pretendiera crear para escarnio de las «mentes emancipadoras» su farsa ha resultado ser tan real como las represalias que Ramón Pérez Almodóvar y José M. Castellano han sufrido en carne propia por algo tan natural como ejercer un derecho tan reconocido, al menos en teoría, como el derecho a la libertad de expresión.

No hace falta decir que ni en El Día, bastión del fundamentalismo chicharrerista, ni el Diario de Avisos, ni La Gaceta, han permitido que apareciera ni una sola línea sobre este vandálico atropello democrático, sólo La Opinión de Tenerife publicó una mísera nota descontextualizada y un artículo de opinión, además de censurar el artículo «Guerra preventiva de Coalición Canaria a la libertad de expresión» (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=34870) que pensaban publicar el viernes 29 de julio al no permitirles que suprimieran el párrafo donde se citaba a los responsables políticos -Adán Martín, Melchior, Zerolo, Paulino Rivero o Manuel Hermoso- artífices del barriobajero despido de Ramón Pérez Almodóvar de la ACN.

«Los que trabajan tiene miedo de perder el trabajo. Los que no trabajan tiene miedo a no encontrar nunca trabajo…» Eduardo Galeano.

Ni la precariedad laboral, ni la escasa remuneración, ni el intrusismo laboral deben servir a la mayoría de los profesionales de la información como excusa de una alarmante indolencia, cuando no de un descarado colaboracionismo en el mantenimiento de una sistemática política de desinformación. Hace poco algunos de estos se movilizaron contra el cierre del centro de RTVE considerándolo como un atentado a la libertad de expresión, y aún fueron más allá, lo denunciaron como un ultraje a toda la «canariedad», por eso no se entiende la tranquilidad con la que se han tomado estos trágicos episodios de censura fascista. José Manuel Pitti ya no grita desde la pequeña pantalla de la tele pública ¡Viva la lucha canaria! y nos convoca a plantarle cara a los déspotas que atropellan impunemente a unos compañeros, ni se cuelan anuncios detrás de los Telecanarias convocando a concentraciones en defensa de la libertad de expresión y del derecho inalienable de estar informado. Ni siquiera la Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC), el sindicato de periodistas creado con el esfuerzo y la imaginación de Pérez Almodóvar, ha sido capaz de inventar alguna formula de apoyo, de buscar un resquicio por donde reivindicar su derecho a informar, ni una nota de rechazo, nada …Sólo los medios alternativos se han percatado de la delgada línea que separa las bondades de esta democracia y el fascismo que atenaza a la ciudadanía sin necesidad de los tradicionales excesos de la policía o el ejército, ahora les basta con sus medios de (in) comunicación.

«…Después vinieron por mí, y para ese momento ya no quedaba nadie que pudiera hablar por mí» Bertolt Brecht o Martin Niemoeller. Elijan ustedes, a los dos le han adjudicado su autoría.