Al término de seis sesiones, el juicio contra 11 vecinos musulmanes del barcelonés barrio de El Raval, acusados de preparar un supuesto atentado en el metro de la capital catalana, ha quedado visto para sentencia. También ha quedado visto que los resultados de la Operación Cantata, que en enero de 2008 tuvo durante días en […]
Al término de seis sesiones, el juicio contra 11 vecinos musulmanes del barcelonés barrio de El Raval, acusados de preparar un supuesto atentado en el metro de la capital catalana, ha quedado visto para sentencia. También ha quedado visto que los resultados de la Operación Cantata, que en enero de 2008 tuvo durante días en vilo a Barcelona ante la amenaza de un gran atentado islamista, se han ido deshilachando. La exigencia de los abogados defensores de que sea investigado y juzgado el testigo protegido F1 era previsible. En palabras de Benet Salellas, abogado defensor junto a Jacobo Tejeilo, si alguien ha confesado abiertamente haber participado desde 2005 en la financiación de grupos terroristas y pertenecer a la mismísima red de Al Qaeda «no puede marcharse así después de haber hecho una confesión tan grave al tribunal». Las defensas reprocharon así, en sus alegatos finales, el 23 de noviembre, el estatus con niveles de protección e impunidad realmente excepcionales que ha dado la Guardia Civil a F1, «testigo protegido colaborador», sobre cuyas únicas declaraciones se basa todo el proceso.
Y cuyo testimonio no siempre coincidió con el de los agentes. Durante su alegato final, y en puntos clave de la reconstrucción de los hechos, el fiscal, Vicente González Mota, asumió el relato de uno de los agentes del CNI pese a que esto desacreditaba lo sostenido por F1.
Denuncias
En días previos, las comparecencias de expertos policiales habían confirmado que con el material encontrado en los numerosos registros era imposible fabricar un explosivo capaz de provocar daños: «A lo mejor si le pones metralla y perdigones y tienes la mala suerte de que te dé en un ojo, sí que te mata», declaró un miembro de los TEDAX. También el vídeo en el que un portavoz de los talibanes pakistaníes reivindicaba un supuesto atentado en Barcelona, quedó desacreditado después de que el periodista Claudio Franco reconociera que, aunque lo firmó, no lo filmó ni, en ningún momento, tuvo contacto con el entrevistado. Pese a todo, el fiscal Vicente González Mota no se arredró y durante su última intervención decidió aumentar las penas en ocho años para todos los acusados, al añadir el delito de «conspiración». Aunque la vista oral no ha aportado ningún dato nuevo respecto a su escrito de acusación inicial, González, que se ha caracterizado por una torpe falta de preparación, ha decidido esta huída hacía delante porque los acusados «habían comunicado la idea de un atentado y puesto en marcha una acción para buscar explosivos». Por su parte, los acusados se han declarado todos inocentes.
Un hecho significativo es que, a lo largo del juicio, aunque los medios de ámbito estatal se han mantenido fieles a la línea oficial, la mayoría de medios de comunicación catalanes se han vuelto sensiblemente más cautos. Con buena parte de la sociedad civil catalana pendiente del desenlace, la sentencia a los 11 del Raval será importante para la continuidad o no de las dinámicas de justicia preventiva (más información: rastrosdedixan.wordpress.com).