Instituciones, partidos políticos y distintos agentes sociales han denunciado el carácter político del macroproceso 18/98, y han criticado, a su vez, las penas impuestas a los encausados. Tras hacerse pública ayer la sentencia del sumario 18/98, diversos agentes de la sociedad vasca no han tardado en mostrar su desacuerdo con la misma y reiterar que […]
Instituciones, partidos políticos y distintos agentes sociales han denunciado el carácter político del macroproceso 18/98, y han criticado, a su vez, las penas impuestas a los encausados. Tras hacerse pública ayer la sentencia del sumario 18/98, diversos agentes de la sociedad vasca no han tardado en mostrar su desacuerdo con la misma y reiterar que se trata de «un juicio político».
Condenas brutales (Partido Comunista de los Pueblos de España)
El Comité Ejecutivo del PCPE emitió una declaración en la que consideraba que las sentencias dictadas «constituyen una brutal agresión, en primer lugar contra las personas condenadas, pero también contra el pueblo vasco y contra toda persona que tenga las más mínimas convicciones democráticas. Estas condenas constituyen una auténtica venganza contra la izquierda abertzale que lucha en Euskal Herría por los derechos nacionales del pueblo vasco».
Recordaba que «hombres y mujeres, que no han podido ser acusados de ninguna acción violenta, son condenados a fortísimas penas de cárcel por escribir, asociarse, reunirse y, en última instancia, por pensar de una determinada manera en relación a la cuestión del estado español y la posición de Euskal Herría con respecto al mismo». Al tiempo, «el manejo realizado durante la tramitación del sumario 18/98 ha demostrado de manera evidente la subordinación del mismo a los intereses políticos del gobierno. Demostrando, una vez más, la sumisión de las instituciones judiciales al gobierno de turno».
Igualmente, ha quedado clara «la falta de garantías en el desarrollo del proceso, así como las denuncias de torturas realizadas por varias de las personas inculpadas, convierten a este juicio en una auténtica farsa judicial. La Audiencia Nacional se iguala así con el antiguo Tribunal de Orden Público. Una y otro son expresión de las necesidades represivas de la dictadura del capital en cada momento histórico». «La actuación del gobierno, y de sus poderes, en este asunto no hace más que aumentar las dificultades para una resolución pacífica del conflicto de Euskal Herría, conduciendo el conflicto político existente a un callejón sin salida, y aumentando el sufrimiento del pueblo vasco de manera brutal. Esas son las premisas para promover la continuación de la violencia de todo tipo, no para su erradicación. El gobierno adquiere -en esta ocasión de una manera especial- una grave responsabilidad en la continuación de la violencia».
Por último el Comité Ejecutivo del PCPE expresa su solidaridad a las personas condenadas en esta causa, y llama a toda persona y/o organización social y política a movilizarse por la anulación de esta sentencia y por la puesta en libertad de las personas condenadas.
Askatasuna
Según Askatasuna, «una vez más, el Gobierno español ha llevado hasta el extremo su apuesta para terminar con la lucha por la independencia». Tras denunciar la «escalada represiva» de los estados español y francés, ha asegurado que «la represión no hará callar a este pueblo».
Eguzki
Para el colectivo ecologista Eguzki, el objetivo de la sentencia del 18/98 es «claro»: «criminalizar y encarcelar a los disidentes vascos, incluidos los ecologistas».
Tras tildar de «violenta» la actuación del Estado español ante estos hechos, considera que a los encausados y miembros de Eguzki Sabino Ormazabal y Alberto Frías, al igual que al resto de los procesados, se les han impuesto severas condenas de cárcel «por impulsar un debate en torno a la desobediencia civil. Es decir, se les imputa un delito que cualquiera de nosotros podría haber cometido».
En opinión de este colectivo, «criminalizar la disidencia hasta el punto de condenar a prisión a esas personas por el mero hecho de suscitar un debate es el termómetro de la democracia española, que con esta sentencia ya marca varios grados bajo cero».
Aralar
El vicecoordinador de Aralar, Jon Abril, ha calificado de «barbaridad judicial» las penas impuestas a los procesados y ha denunciado la «motivación política» de este macroproceso. Asimismo, ha considerado que la sentencia demuestra «la nula separación entre el poder judicial y el poder ejecutivo en el Estado español».
PNV
El PNV ha denunciado la «politización y el descrédito» de una parte de la Justicia, que parece «no tener vuelta atrás».
«Este juicio, iniciado durante el mandato de José María Aznar, es un claro ejemplo de procesos judiciales inspirados en motivaciones políticas y que se amparan en leyes, tales como la Ley de Partidos, norma puesta en tela de juicio hasta por los tribunales internacionales», ha apuntado.
EAE-ANV
A EAE-ANV la lectura de la sentencia le ha recordado al proceso de Burgos y que «en Euskal Herria vivimos un Estado de excepción encubierto».
La formación ekintzale cree que el objetivo de la sentencia del sumario 18/98 busca «detener la lucha en favor de la independencia de Euskal Herria» y que «quieren encarcelar a Euskal Herria».
A pesar de ello, ha subrayado que el movimiento independentista «sigue vivo» y que hay «miles y miles de ciudadanos dispuestos a seguir trabajando y recoger el testigo», ya que «a ciudadanos sí, pero a las ideas e ideologías no se las puede ilegalizar ni encarcelar».
EHAK
EHAK ha registrado una iniciativa en el Parlamento de Gasteiz con el objetivo de que la Cámara exprese su «firme rechazo» al macroproceso 18/98, que responde «a la estrategia del Estado español y del PSOE para golpear a los cimientos de la construcción nacional».
Nafarroa Bai
El portavoz de Nafarroa Bai, Maiorga Rarmírez, ha opinado que la sentencia es «una aberración jurídica impulsada con objetivos e intereses puramente políticos» y que el fallo «se asemeja más a una novela literaria y se basa únicamente en tesis policiales no sustentadas en hechos concretos, llegando a conclusiones motivadas a priori por criterios políticos y no jurídicos».
EB
El portavoz parlamentario de EB, Oskar Matute, ha asegurado ver «con preocupación» la sentencia «porque ahonda en la línea emprendida por el Gabinete Aznar» y ha lamentado que el PSOE «se haya plegado a los intereses, dictados y visión del PP en torno a la situación en Euskadi, por temor a la inminencia de las elecciones generales».